Con el hallazgo del cuerpo de una mujer en Ingeniero Budge, y la confirmación de que se trata de Nancy Videla, la joven de 31 años desaparecida el viernes pasado, ya suman 230 los femicidios en todo el país con uno cada 30 horas solo en el mes de noviembre.
Los datos actualizados se desprenden del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”, respecto al periodo de tiempo transcurrido entre el 1° de enero de 2021 , que hasta el el 20 de noviembre, había registrado 229 femicidios y 7 transfemicidios/travesticidios. Es decir, un femicidio cada 34 horas, en promedio.
Las cifras son escalofriantes:
1 femicidio cada 34 horas en 2021.
1 femicidio cada 30 horas en noviembre.
168 intentos de femicidio en 2021.
7 Transfemicidios/travesticidios.
El 65,5% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas.
El 60,6% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima.
Femicidas: 19 policías, 4 militares y 1 gendarme.
36 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 22 tenían medidas de protección.
Al menos 168 niños y niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en 2021.
También se han producido 168 intentos de femicidios, “aquellos hechos que no llegan a la muerte, pero que deben ser visibilizados para entender el alcance real de la violencia machista y la forma progresiva en que se da”, según el Observatorio. Más del 90% de estos intentos fueron perpetrados por parejas o ex parejas.
Círculo de violencia
En el 87,7% de los casos, el femicida pertenecía al círculo íntimo de las víctimas, siendo la mayoría de los casos (65,5%) perpetrados por parejas o ex parejas de las víctimas.
Más de la mitad de los hechos, un 60,6%, ocurrieron en la vivienda de la víctima, hogar que en muchos de los casos comparte con su agresor.
“Resaltamos estos datos para romper con el imaginario que sostiene que para las mujeres el peligro se encuentra en la calle, solas y frente a un desconocido. Entender este contexto de violencia es fundamental para pensar políticas públicas dirigidas a prevenir las violencias y asistir a las víctimas”, se explica en el documento.
Y agrega que “en este sentido, necesitamos más medidas que posibiliten y fortalezcan la autonomía económica de las mujeres, que incluya el acceso a trabajo formal y a la vivienda, sin la cual se dificulta la salida de las situaciones de violencia”.
En torno al lugar físico donde fueron cometidos los femicidios, el 33,2% fue en la vivienda de la víctima, el 28,4% fue en vivienda compartida con el agresor, el 22,3% fue en la vía pública y sólo el 2,6% fue en la vivienda del agresor. El 13,5% restante pertenece al campo “sin datos”.
Y, en cuanto a la conducta adoptada por los femicidas, se destaca que 52 se fugaron; 39 se suicidaron y 17 intentaron suicidarse; 20 se entregaron o confesaron y 10 solicitaron ayuda. Hay 48 casos que pertenecen al campo “sin datos” y 11 a “otros”.
Relación con la Justicia
Con respecto al accionar de la Justicia y las fuerzas de seguridad/armadas: el 16% de las víctimas habían realizado al menos una denuncia previa y sólo sobre el 10% se habían implementado medidas de protección.
“De esto se desprenden dos cuestiones que preocupan: la falta de respuesta adecuada para aquellas que denuncian y las pocas denuncias que se realizan”, marca el informe, señalando que “a pesar de haber pedido ayuda estas víctimas fueron asesinadas, desprotegidas por una Justicia patriarcal, que continúa reacia a capacitarse en perspectiva de género porque se cree omnisciente, desconociendo cómo abordar a las víctimas de violencia, revictimizándolas a ellas y sus familias, tomando decisiones sin una mirada integral e interseccional sobre el tema”.
“Nosotras, desde el movimiento de mujeres, seguimos exigiendo la implementación de la Ley Micaela en el Poder Judicial y continuaremos visibilizando cada decisión tomada por jueces y fiscales que ponga en peligro la vida de las mujeres y que naturalice la violencia machista”, indicaron las autoras de este informe.
Fuerzas de seguridad
No sólo hay que destacar que algunas víctimas que han podido denunciar y obtener una medida de protección tampoco fueron protegidas de forma integral, ya que igualmente fueron asesinadas, sino que también las fuerzas de seguridad han tenido un rol protagónico en el ejercicio de violencia contra mujeres.
Las fuerzas de seguridad son “quienes deben controlar que estas restricciones se cumplan, no sólo no lo hacen”, sino que “tampoco garantizan derechos y los avasallan, como es el caso del cabo Rubén Martínez, quien debía custodiar la casa de una mujer que había denunciado violencia de género y lejos de protegerla, la abusó”.
El documento expresa también el caso de los policías de San Luis, que asesinaron a Florencia Magalí Morales en una comisaría.
“Estos hechos no sorprenden”, expresan, al tiempo que detallan que 19 femicidas pertenecían a la Policía, 4 a las Fuerzas Armadas y 1 a Gendarmería, todas personas quetienen a su disposición su arma reglamentaria y contactos en estas instituciones que profundizan la vulnerabilidad y el riesgo de las mujeres y posibilitan su impunidad.
“En este escenario en el que sobran los casos de violencia institucional y policial, necesitamos que los agentes se formen en perspectiva de género y derechos humanos. No podemos naturalizar las prácticas machistas, homoodiantes, racistas y xenófobas en las fuerzas de seguridad y armadas, así como tampoco se puede aceptar la complicidad machista en estas instituciones”, finalizan.
Ingeniero Budge: Hallaron el cuerpo de una mujer envuelto en una bolsa e intentan identificarlo
