La víctima de abuso sexual ultrajante con acceso carnal le apuntó a la cúpula de la Iglesia Católica por encubrir los delitos de abuso sexual. Resaltó la actuación de la justicia pampeana que halló culpable a Hugo Pernini, cura de la Iglesia Nuestra Señora de Luján de Santa Rosa en el momento del ataque sexual a un menor de edad.
El 16 de diciembre la justicia pampeana fijará la pena de prisión entre 8 y 20 años al cura católico Hugo Pernini. “La fiscalía va a pedir 15 años”, adelantó Agustín, la víctima del sacerdote.
“Estamos muy contentos, muy agradecidos por esta decisión. Es reparador para mí y es una noticia esperanzadora para muchos otros que han atravesado por lo mismo y que por distintas cuestiones no han podido acceder a la justicia”, destacó.
“Este caso es para destacar cómo se manejaron los fiscales, la querella, la abogada Paula Arrigone, el equipo de atención al testigo. También fue muy acertada la prisión domiciliaria para evitar que se fugue, ya que tiene medios económicos para hacerlo”, dijo al periodista Daniel Lucchelli.
“Cómo víctima espero una condena que va en esa escala de entre los 8 y los 20 años de prisión. Fiscalía va a pedir 15 años”, informó.
El martes pasado el juez de audiencia de Santa Rosa, Gastón Boulenaz, declaró a Hugo Edgardo Pernini autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple, gravemente ultrajante y con acceso carnal; agravado por ser ministro de un culto religioso reconocido; mediando abuso coactivo o intimidatorio de una relación de autoridad y poder, todo como delito continuado. La víctima fue un joven que, al momento de los hechos, tenía 17 años.
La audiencia para la imposición de la pena fue fijada para el jueves 16, a las 8, teniendo las partes cinco días para ofrecer las pruebas que consideren necesarias. Ello es así porque la defensa, ejercida por la abogada particular Vanessa Ranocchia Ongaro, había requerido que el proceso se desarrollara como un juicio de cesura; es decir que el debate sea dividido en dos partes. Ese procedimiento es posible cuando, en teoría, la pena máxima supera los seis años de prisión.
Además, Boulenaz dispuso el arresto domiciliario del acusado hasta la finalización del presente proceso, con control electrónico de vigilancia. En caso de que ello no sea factible, deberá practicarse un control policial consistente “en la concurrencia a su vivienda en forma espontánea y diaria –al menos en dos oportunidades-; teniendo que informarse de esos controles a la Oficina Judicial” de Santa Rosa.
Asimismo mantuvo las prohibiciones de contacto –por cualquier medio– con respecto a la víctima y a los testigos, en los términos en que lo había resuelto, oportunamente, el juez de control, Carlos Chapalcaz.
Abusos
Agustín recordó que los abusos “empezaron en mayo de 2007, julio y más continuado hasta 2008. Por eso se lo consideró un delito continuado entre esos dos años, cuando yo era menor de edad. La denuncia la hice en 2019 cuando fui mayor de edad”.
“Previamente, hice las denuncias ante Mario Poli, que no hizo nada, básicamente es encubridor de lo que me pasó a mí. Lo mismo que el actual obispo Raúl Martín, los dos sabían lo que hacía esta persona y siempre lo encubrieron”, señaló.
“Martín lo que hizo fue trasladarlo de Luján a San Nicolás, más en la periferia. Es el modus operandi que tiene la Iglesia Católica en todo el país, la de trasladar a los acusados de abuso sexual”, aseveró.
