Este jueves finalizaron los testimonios de víctimas y testigos de la represión ilegal en territorio pampeano durante la dictadura. La audiencia se desarrolló de forma virtual. El juicio se reanudará en febrero del año que viene, con la indagatoria a dos de los tres imputados que quedan en el banquillo, puesto que algunos fallecieron antes del proceso, otros durante, y en algún caso zafaron de ser enjuiciados en este tercer tramo por razones de salud.
La etapa de testimoniales concluyó este jueves con la declaración del pastor valdense Gerardo Juan Hugo Nansen, de 84 años, quien daba clases en la Escuela José Ingenieros de Jacinto Arauz, y fue secuestrado y torturado junto al grupo de docentes y directivos del mismo establecimiento en uno de los episodios más violentos que se conocen en nuestra provincia.
Nansen había declarado en el juicio anterior también por videollamada, ya que se encuentra radicado en Uruguay. Fue una de las víctimas del copamiento de Jacinto Aráuz, donde las fuerzas policiales y militares, realizaron un operativo violento de persecución, detención y tortura a docentes y directivos del Colegio Secundario José Ingenieros, bajo la supuesta idea de que eran parte de la subversión y tenían armas. Sufrió picana en las partes bajas y lo golpearon.
Aquel nivel de violencia había sido posible por la complicidad de un grupo de familias, integrantes de lo que después se conoció como la «comunidad informativa», quienes veían con desprecio el proyecto educativo del Colegio y establecieron conexiones con la base de la Marina en el puerto de Bahía Blanca, muy cercana a Jacinto Arauz.
El Tribunal Oral Federal volverá a sesionar otra vez en febrero del 2022, con la indagatoria al exmilitar y responsable de Logística del Ejército de Toay, Jorge Omar De Bártolo, quien está sentado en el banquillo por primera vez, acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una de las víctimas pampeanas, y el expolicía Carlos Reinhart, integrante del grupo de tareas de la Seccional Primera de Santa Rosa, ya condenado en los dos juicios anteriores. De todos modos, De Bártolo se ausentó a la gran mayoría de las audiencias por razones de salud.
El grupo de imputados eran seis. Pero previo a ser enjuiciado murió el exmilitar Gerardo José Jauregui, por eso la carátula de una de las causas lleva su nombre, el expolicía Humberto Riffaldi, quien murió este año sin ser juzgado, y el exmilitar y exsecretario de la gobernación, Omar Greppi, fallecido a principios de mes.
Otro de los imputados que zafó del juicio es el excomisario Roberto Fiorucci, también por motivos de salud. Ya había quedado afuera del juicio de 2017 por el mismo impedimento. La decisión del Tribunal fue rechazada por las organizaciones de derechos humanos.
Además quedó pendiente una recorrida e inspección ocular por la Comisaría de Catriló, donde se produjeron detenciones y torturas a detenidos de manera ilegal. La misma había sido suspendida y se reprogramó. Ahora quedó para febrero del 2022, cuando se reanude el juicio.
El juicio demoró su inicio por la falta de un espacio físico y recursos por parte de la justicia federal para afrontar el debate en condiciones de pandemia como transcurrió buena parte del mismo.
Mayormente se desarrolló bajo la modalidad semipresencial. Dos de los tres jueces y equipo del TOF, algunos de los integrantes de la Fiscalía, las querellas, las defensas, y algunos testigos que participaron de manera presencial. Los imputados, con prisión domiciliaria, cuando participaron lo hicieron desde su hogar.
Se esperaba una concurrencia de gente como en los juicios anteriores y el espacio que se puso a disposición fue el Aula Magna de la UNLPam que, paradójicamente, estuvo mayormente vacía y sin asistencia de público, más allá de alguna visita escolar que forma parte del Programa de la Secretaría de Derechos Humanos, pese a haberse flexibilizado el protocolo y permitir la presencialidad.
