Así lo denunció el diputado radical Marcos Cuelle. Es por el escalonamiento de patentes, con hasta un 50 % de aumento según el valor del vehículo
En un posteo que lleva por título “El presupuesto frente a las imposiciones de las mayorías”, el diputado provincial radical, Marcos Cuelle, señaló que “el tratamiento de un presupuesto puede tomar varios caminos, el más fácil, es aquel por el que siempre optan los oficialismos; el de convertir el parlamento en una escribanía del ejecutivo, utilizando simplemente la mayoría para imponer una mirada de gobierno sesgada dentro del presupuesto. Esta alternativa es válida (quizás no la mejor), siempre que la voluntad popular haya otorgado mayorías determinantes a los oficialismos”.
“Claramente, cuando estos condimentos no se dan, se presenta un abanico de alternativas o variantes que obligan a replantear la acción política en aras de procurar ciertos consensos que favorezcan una mirada conjunta de gobierno, es decir, la mayoría parlamentaria la tiene la oposición al oficialismo. Si el que impone es la oposición debería darse paso al dialogo necesario, en el que a partir de las responsabilidades de gobierno de cada espacio político se obtiene la ley de leyes”, añadió.
“No sobran los ejemplos, pero son válidos traerlos a colación, para acallar aquellas voces críticas que solo están acostumbradas a la imposición. En la localidad de Quemú Quemú, durante el período actual de gobierno, el Intendente (PJ) nunca se ha quedado sin presupuesto, y esto se debe a la voluntad política de consensuar con la mayoría parlamentaria (JxC) los correspondientes presupuestos municipales. No es el único ejemplo en la provincia, pero uno o dos botones son suficiente muestra para comprender que los consensos se construyen con diálogo”, dijo.
Asegura que “en el orden provincial la mayoría impone las decisiones, y este año no fue la excepción, a tal punto que en soledad decidió la presencia de solo cinco ministros de un total de nueve, para que vengan a explicar sus presupuestos, acallando entre otros al Poder Judicial de quien no se pudo escuchar sus requerimientos para el próximo año, al igual que la FIA, el Tribunal de Cuentas e incluso la defensoría de los derechos de niñas, niños y adolescentes dependiente del legislativo”.
Y aseveró: “impuso una ley impositiva, que equipara a una persona que posee un Sandero 2020, con quien posee (por ejemplo) un Audi A7 del mismo año, debiendo tributar ambos un aumento del 50%, sin que existan peldaños intermedios que diferencien la carga impositiva entre un vehículo de alta gama y otros que puede adquirir con mucho esfuerzo la clase media, de esta forma: el que menos tiene más paga. Además, impuso un incremento a los inmuebles rurales (bienes patrimoniales) que desnaturaliza la génesis de esta clase de tributos, utilizando mediciones antojadizas vinculadas al valor de la producción y no a la mayor o menor valuación de la tierra. Sin desconocer que el Estado debe extraer recursos de los contribuyentes para sostener las funciones que debe llevar adelante, muchas personas entenderán cuando reciban este año las cargas tributarias, la irracionalidad de la presión impuesta para el presente período, pudiendo también juzgar la actitud del oficialismo”.
“Máximo cuando el Estado Provincial en los últimos años, ha venido subejecutando las inversiones, lo que se traduce en un efecto tenaza, en el cual extrae más de lo que necesita, y la población recibe menos de lo que debería. A las subejecuciones se le suman las subestimaciones de recursos, principalmente de carácter nacional, lo que va a demandar ampliación de presupuesto, lo que aumenta la discrecionalidad. En resumidas cuentas, resultó difícil coincidir con los argumentos, y la metodología que se utilizó para determinar por un lado el impacto impositivo y por el otro la asignación de fondos a algunas carteras”, añadió.
“Se podrá no coincidir en las formas, pero es al menos una imprudencia, manifestar que desde el radicalismo se resta importancia al rol del Estado y por ello vota en contra. Tanto nos importa que, ante el fracaso del presupuesto nacional, rápidamente hubiéramos restado discrecionalidad a la Secretaría de Asuntos Municipales para que los fondos del FODECO por 1.255 millones (distribuidos arbitrariamente), se hubieran distribuido con criterios más objetivos a todas las municipalidades para compensar los 366 millones que hipotéticamente afectarían las arcas comunales. Pero para el oficialismo es más fácil cargar la culpa sobre los demás, que proponer soluciones acordes a las circunstancias”, finalizó Marcos Cuelle.
