Ayer por la difundieron un texto y un video que se daba cuenta de un nuevo ataque en el territorio recuperado.
En el texto y las imágenes se describe un auto y denuncian que pasó el retén policial, llegó a la tranquera del capo y desde ahí, efectuó disparos al aire.
La amenaza se produjo el mismo día en que integrantes de la Lof mantuvieron una reunión con el Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, Duilio Minieri.
El texto difundido, dice:
«urgente! lof quemquemtrew- cuesta del ternero.
hoy 26/01/2022 a las 17:50 un auto renault 9 gris con vidrios polarizados paso por el reten policial que pusieron antes de la lof quemquemtrew, hablo con la policia y lo dejaron pasar.
Este mismo auto se aposto contra la tranquera del territorio, tiro unos tiros al aire y se fue
Este hecho ocurre un rato despues de que miembros de la lof tengan unas reuniones con miembros del gobierno provincial.
se pide difusion y acompañamiento en el acampe humanitario frente al reten urgente!»
Foto: Germán Romeo Pena (ANRed).
Homicidio
El 21 de noviembre de 2021 dos hombres de civil armados mataron a Elías Garay. El crimen de Elíasy las graves lesiones de Gonzalo Cabrera en la comunidad mapuche de Quenquentrew se produjeron en medio de un conflicto que hoy llevaba más de cinco meses en esa zona de Río Negro.
Luego de que los territorios de Cuesta del Ternero fueran recuperados, algunos miembros de la Lof quedaron detenidos, hubo desalojos parciales y un grupo táctico de la Policía provincial sitió el lugar aislándolo sin la posibilidad de que los que allí quedaron recibieran alimentos.
En ese contexto -y con fuertes tensiones con el empresario que tiene la concesión y explota esas tierras- el domingo 21 de noviembre pasado dos personas armadas entraron a ese espacio custodiado por fuerzas de seguridad y dispararon contra los dos miembros de la comunidad.
El 18 de septiembre, los integrantes de la Lof Quemquemtrew plantearon la acción como parte de un regreso a tierras deshabitadas desde hace décadas y “a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hídricos” que contaminan la zona. Allí llevan adelante trabajos la empresa de la familia Rocco, que tiene una cuestionada concesión para forestar pinos.
De inmediato, su titular, Rolando Rocco exigió el desalojo y a los seis días -a pesar de que había un acuerdo con un fiscal de no utilizar la fuerza- la fiscala Betiana Cendón ordenó un operativo en el que se detuvieron a cuatro personas. Los integrantes de la comunidad denunciaron que ese día les dispararon con balas de goma y de plomo, que le robaron pertenencias y que agredieron a un menor de edad. Desde entonces, la policía provincial cercó los accesos y puso retenes en la ruta.
Luego del crimen el fiscal no hizo las primeras diligencias, como la inspección del lugar y los levantamientos de pruebas. Tras haber acordado entrar al territorio decidió no hacerlo y sostuvo que no estaba garantizada su integridad, a pesar de que organismos y representantes le dijeron que nadie impediría su trabajo. Por lo tanto el cuerpo tuvo que ser bajado con un chofer y no lo registró en el lugar el equipo forense, con lo grave que eso puede ser para una investigación.
Parte de los conflictos con las comunidades mapuche en la Patagonia está vinculada al incumplimiento por parte de la provincia de Río Negro de la ley de emergencia territorial indígena (26.160). Esa norma, que ya tiene 15 años, exige realizar un relevamiento de todos los territorios reclamados por los pueblos originarios pero en Río Negro solo fueron relevadas 55 de 106 comunidades, lo que provoca una situación de indefención jurídica para todes les que no están en ningún registro. A esta frágil situación se agrega que esta ley de carácter excepcional, que vencía esta semana, debió ser prorrogada por el Poder Ejecutivo ya que no llegó a ser tratada en Diputados antes de que se cayera.
Por otro lado, Río Negro también tiene una ley provincial de reconocimiento de la propiedad indígena (2.287), que también está incumpliendo. La aplicación de la norma facilitaría la regulación de esas tierras y podría aliviar varios conflictos.
La falta de voluntad del Estado para garantizar los derechos ya reconocidos y ampliar políticas de restitución también provoca el conflicto y las protestas.
