En Argentina, más del 60 por ciento de los alimentos provienen del trabajo de las familias productoras que alquilan el lugar donde siembran.
El presidente Alberto Fernández convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación con malas noticias para familias productoras ya que la Ley de de Acceso a la Tierra no fue incluida y perderá estado parlamentario el 1° de marzo. Es decir, ya no podrán ser tratados en el período siguiente.
Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) manifestaron su disconformidad. Lucas Tedesco, vocero de la UTT advirtió que «el campo concentrado tiene cada vez más herramientas. Está totalmente fuera de la realidad que en una sesión extraordinaria se favorezca a estos sectores. Le seguimos dando poder a los que tienen más poder».
El proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, presentada en 2020 con el apoyo del entonces ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Luis Basterra y del entonces titular de Desarrollo Social Daniel Arroyo, junto a la vicepresidenta del bloque Diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, perderá estado parlamentario el próximo 1° de marzo. Es la tercera vez que pequeñas y pequeños productores presentan la iniciativa y no logran que llegue al recinto.
El proyecto propone la creación de un fondo fiduciario en en Banco Nación para que las familias agriculturas, que no cuentan con tierra propia, puedan acceder a un crédito hipotecario para comprar una parcela. Antes lo habían hecho en 2016 y 2018. Desde entonces no dejaron de reclamar su sanción, en la calle y con acciones concretas: verdurazos y feriazos, entre otras, para demostrar que otra forma de producir es posible en Argentina.
La tenencia de la tierra es clave para pensar en un modelo agrícola saludable con el medioambiente y con las personas. Por ejemplo, hoy quienes alquilan para producir en el cordón hortícola de La Plata deben pagar entre 20 y 25 mil pesos por mes la hectárea, sin contar el abono de servicios como gas, electricidad y la compra de semillas e insumos -cuyos costos están dolarizados. Para cultivar frutas y verduras se necesitan entre tres y cinco hectáreas.
Pero además, las familias no pueden construir allí una vivienda digna, viven en casillas de madera y nylon. Los contratos son tan precarios que —de un día para el otro— el dueño puede pedirles que desalojen el predio. En esas condiciones, pensar en un proceso agroecológico, que requiere cuidados de la tierra y planificaciones de manejo a largo plazo, se vuelve prácticamente imposible. El proyecto de Ley de Acceso a la Tierra contaba con dictamen desde noviembre pasado y el presidente Alberto Fernández se había comprometido a impulsar su tratamiento en febrero pasado. Sin embargo, no fue incluida en el temario de las extraordinarias.
Tedesco analiza que «más allá de analizar todo el contexto de la deuda y las presiones mediáticas, de todas maneras no entendemos por qué no se aprueba esta ley». Y considera: «Estamos pidiendo un crédito, a ese crédito lo vamos a pagar y encima vamos a generar trabajo y beneficios: va a bajar el costo de los alimentos, de las frutas y las verduras, obviamente con un proceso acompañado por políticas públicas de fomento a la agroecología y a las cooperativas».
A la presentación del proyecto con el aval de los entonces ministros Basterra y Arroyo, le siguió la reunión con el propio Alberto Fernández y, en octubre pasado, la Mesa Agroalimentaria Argentina fue recibida por el flamante ministro de Agricultura, Julián Domínguez. En esa ocasión el funcionario se comprometió a impulsar la ley en el Congreso desde la cartera que conduce. Todos gestos que se llevó el viento.
Para Tedesco, «a la hora de cerrar los acuerdos, los ministros están más preocupados por mostrar que Argentina va a tener divisas y solvencia en dólares para salir a pagar la deuda y por eso las prioridades son estas: la ley de fomento agroindustrial o las megagranjas porcinas». En ese sentido, añade: «No importa si contaminamos el agua o si generamos una epidemia por un modelo de producción de carne que ya ha demostrado en todo el mundo que trae enfermedades. Por todas esas cosas seguimos siendo el patio trasero, o nunca lo dejamos de ser, de un modelo que ve la necesidad de que Argentina siga proveyendo de materias primas». Para la UTT, la Ley de Acceso a la Tierra es «un primer paso para dar la discusión».
En Argentina, más del 60 por ciento de los alimentos provienen del trabajo de las familias productoras que alquilan el lugar donde siembran. «Somos los que alquilamos la tierra y en Argentina nunca hubo una política en función de esta problemática tan seria. Desde los años 90 para acá hemos visto el avance del agronegocio y al mismo tiempo el avance de la pobreza y del hambre», compara Lucas Tedesco.
«Este modelo de monocultivo y de concentración de la tierra supuestamente nos iba a sacar de la pobreza y en realidad es un círculo vicioso donde los gobiernos neoliberales nos endeudan y los gobiernos progresistas pagan la deuda con los dólares de este modelo. Ese círculo siempre termina beneficiando a quienes no están pensando en los intereses de todos los argentinos y las argentinas», sentencia el referente. (Fuente: Agencia de Noticias Tierra Viva).
