El abogado Ricardo Cheli compartió en Plan B su opinión en la previa de la marcha que se llevará a cabo hoy a las 19 horas en Plaza San Martín, para exigir la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y contra las causas judiciales armadas con fines políticos.
Cheli consideró que los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, violan la constitución y las leyes, y convocó a marchar esta tarde por la democratización de la justicia argentina.
Opinión
«El 19 y 20 de diciembre de 2001 representa un acontecimiento político cuyo significado es todavía motivo de reflexión y esa consiga popular producto del estallido de una crisis de representación no se limitaba al Poder Ejecutivo y Legislativo, como se cree, sino que también comprendía a la Corte Suprema de Justicia de aquél entonces que avaló el despojo de los ahorros de argentinos depositados en bancos.
Hoy nuevamente la Justicia aparece duramente cuestionada y esa consigna aglutinadora del descontento social aparece en boca de grandes sectores sociales. ¿Es injusta, reduccionista o destructiva porque hay muchos jueces que cumplen con el mandato constitucional?. Eso es evidente, pero está claro que la movilización popular, no se trata de un manifiesto de la antipolítica o de la eliminación de uno de los Poderes del Estado, por el contrario, la frase intenta expresar la exigencia de la apertura del juego democrático en una Institución que en su origen, composición y actuar de cada día, demuestra que está ajena al sistema republicano (del latín “res”: cosa pública o de interés del pueblo) donde debe predominar el interés del pueblo de la Nación por sobre el de los sectores económicos financieros. Por eso es un tema de prioridad, porque la Justicia es uno de los poderes del Estado que también construyen y dan un perfil a la sociedad.
Hace 167 años que la Organización del Poder Judicial, con una cabeza autócrata (Corte Suprema de Justicia) con rasgos aristocráticos, propia de hace 3 Siglos atrás, sigue intacta y ningún gobierno y distintas reformas constitucionales, lograron cambiarla. Hoy el hastío popular ante tanta ignominia y deterioro moral e intelectual, sale a la calle, consciente que los cambios no pueden darse dentro de las instituciones en el espacio-tiempo de una cotidianeidad de su funcionamiento y que esa rutina debe ser rasgada, hendida, para abrir el camino a una democratización de ese Poder del Estado.
Está claro entonces, que el objetivo de la movilización no es partidario, ni sedicioso como alegan algunos sectores retardatarios, que quieren consolidar el status quo de una Corte que por acción u omisión avaló la persecución política y judicial y mediática teniendo como víctimas propiciatorias a dirigentes partidarios, líderes sociales, periodistas, sindicalistas, jueces, empresarios y ex funcionarios públicos. Una Corte que cuando le interesó, rápidamente, utilizó el “per saltum” para proteger a represores (Carlos Blaquier) o a magistrados indignos de ser jueces como Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y que por el contrario, con su inacción, avaló el armado de causas penales, con arrestos preventivos y difamaciones periodísticas y la utilización de espías del servicio de inteligencia del Estado.
Ese perverso modus operandi hoy ha quedado develado y a la vista, donde se descubre el armado de causas judiciales ficticias con el único objetivo de beneficiar al poder económico concentrado, aliado incondicional del Gobierno de Cambiemos. Pero si, las mencionadas razones, aún no fueran suficientes, sin agotar la lista, caben agregar algunas más, a las que el Poder Judicial no ha dado respuesta, como el asesinato de Rafael Nahuel, la muerte de Santiago Maldonado y de los 44 tripulantes del ARA San Juan, o la propia causa Nisman, la denominada causa de los cuadernos, la detención de Milagro Sala y diversas causas por delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, etc. Estos son algunos de los procesos no resueltos que escandalizan a la sociedad que está esperando transparencia y que los Jueces de la Corte no se dan por enterados, porque han dejado de ser jueces de la Constitución para transformase en jueces del poder.
Por el contrario el Pueblo, en ejercicio de su legítimo derecho constitucional, entendió que esta era la hora de peticionar la renuncia de las autoridades de uno de los Poderes del Estado deslegitimado ante la mayoría de pueblo, por estar sospechados de corrupción.
Por eso llama la atención que algunas instituciones que representan a abogados y magistrados judiciales, hagan caso omiso a estas graves acciones del más alto estamento judicial y de parte de la justicia federal, que violentan y atropellan a la democracia y destruyen la República, y en lugar de ofrecerse para mejorar el paquidérmico servicio de justicia y su transparencia, buscan acallar las voces que visibilizan la realidad. Esa conducta corporativa es la que en verdad pone en riesgo el estado de derecho, la democracia y la soberanía nacional.
Creemos que es una inquietud general de nuestra sociedad, la necesidad de una Reforma judicial estructural que democratice el servicio de Justicia. En un país donde su Máximo Tribunal, viola la Constitución y las leyes, el problema deja de ser personal o de nombres y se constituye en un tema institucional. De allí que la movilización convocada para hoy en la Plaza San Martín a las 19 hs. es un hito importante del camino que la sociedad tiene que transitar en unidad, para seguir construyendo conciencia social sobre la importancia que tiene el Sistema Judicial para la efectivización de los derechos, en tiempo y forma, apegada a la Constitución y ajena a los intereses económicos y políticos de los sectores dominantes, donde el acceso a la Justicia sea igual para todos».
