Por orden de la vicepresidente, Cristina Kirchner, echó a 40 empleados de planta temporaria del Senado que figuraban como asesores del bloque UCR.
María Luz Alonso, secretaria administrativa del Senador, cesanteó a 40 empleados de planta temporaria que no desempeñaban tareas presenciales ni virtuales. Lo hizo a través de una resolución con fecha del 3 de enero de este año.
Alonso había mantenido una reunión con los jefes de bloque en 2019 en la que les explicó había una planta desproporcionada de asesores y tenían que deshacerse de varios o buscarles tarea para justificar el sueldo.
Pero unos 40 no hicieron ni una cosa ni la otra y aún en tiempos de pandemia, no aparecieron en ninguna reunión virtual prestando servicio. Recién este miércoles la UCR filtró la noticia en los medios y la catalogó como una «venganza» por no haber avalado la ley de bienes personales el 29 de diciembre, que se sancionó igual.
De acuerdo a al sitio La Política Online, en el Frente de Todos no le perdonan a los jefes opositores que hayan especulado con frustrar la sesión cuando supieron que el oficialista Guillermo Andrada tenía Covid. Finalmente pudieron aprobar la ley con la colaboración de la riojana Clara Vega, aliada de Juntos por el Cambio hasta unos días antes.
Fuentes de la conducción del Senado niegan que se trate de un pase de facturas y recuerdan que los radicales ya habían sido advertidos que no podían tener personal nombrado sin aparecer por ninguna oficina, ni siquiera las virtuales.
«Ninguno de los 40 se quejó y no cobraron el sueldo en febrero. Claramente el pase de facturas fue entre los padrinos de varios de ellos y recién ahora lo quisieron hacer público», interpretan desde el oficialismo.
En la conducción radical explicaron a LPO que puede haber habido algunos empleados que no consiguieron refugio en algún despacho en 2019 y con la pandemia no se preocuparon en buscarlo.
«Un administrativo de despacho no es tan fácil que consiga otro senador», admitieron, pero creen que no son los únicos casos y les apuntaron por el mal clima que hay después de la última sesión.
El recinto no abrirá hasta el 24 de febrero y sólo para el acto protocolar de elegir autoridades. No hay consenso para tratar leyes hasta nuevo aviso.
