La mujer envió una carta desde su lugar de detención a Plan B Noticias. El 28 de diciembre pasado Rodrigo Valquinta fue brutalmente golpeado en la vereda de la casa de su padre Héctor Mario. La justicia detuvo al “Sapo”, a Jésica Rosignolo y a su hijo Gonzalo, cómo supuestos responsables de “intento de homicidio”.
A 48 días de su detención, Jésica Rosignolo asegura que está detenida “solo por ser la mujer del Sapo Valquinta, ese es mi único delito”.
Aquel 28 de diciembre de 2021 Rodrigo fue brutalmente golpeado en la cabeza hasta quedar inconsciente. Estuvo un mes en terapia intensiva y el 8 de febrero fue dado de alta para que continúe con la recuperación en su vivienda. Tiene que hacer rehabilitación física y mental.
Después de cuatro audiencias “me siguen negando mi libertad y domiciliaria, porque según la señora Fiscal quiere hacer ver de mi persona algo que no soy”, afirma Rosignolo.
En la carta enviada a Plan B Noticias agrega que la fiscalía la considera “una persona peligrosa, sin conocerme, sin haberme designado a un psicólogo o profesional que me evalúe, sin tener yo antecedente, ¿con qué derecho puede hacerlo? Como también juzgando a mi familia como un clan. Algo ilógico y de fantasía”, asegura.
Reitera el argumento de la defensa de su familia, que también esgrimió Héctor Mario (quien se hizo cargo de la brutal agresión a Rodrigo), “viviendo yo en mi domicilio donde se nos atacó a mi esposo, su hijo y yo, por obviedad me encontraba en el lugar, ante la amenaza de peligro es imposible que me quedara al margen y cerrar los ojos. Solo estaba ahí como cualquier esposa, como cualquier familia, no un clan”.
Manifiesta su queja por el “exceso de preventiva”, ya que la justicia decidió mantenerlos a los tres detenidos hasta la realización del juicio.
Se pregunta por un “cuchillo cabo blanco que la doctora Antonella Marchisio nombró y preguntó de quién era” a lo que, según Rosignolo, “contestaron que era del agresor” y ahora denuncia que “de repente desapareció de la causa”.
“Sobre los DDHH puedo decir, que mande a mi familia hablar con Juan Pablo Facse el subsecretario de derechos humanos para pedirle ayuda” y recuerda que el funcionario recorrió el barrio junto a su esposo luego de los incidentes en la canchita del barrio Matadero.
“Hoy que me encuentro detenida le pedí ayuda a través de mi familia porque violaron todos mis derechos y mi principio de inocencia, a lo que contesta que no podía hacer nada con la justicia y no podía ayudarme, fueron sus palabras textuales”, destaca.
Por último hace mención a las cámaras de televigilancia que tiene en su domicilio: “el día 18 de febrero tenemos fecha para que vean los videos de mis DVR que yo misma presente el día 28 de diciembre del año 2021”.
“Cómo puede ser que tarden 52 días para poder ver mis DVR donde demuestra que fuimos violentados en nuestra propiedad. Somos víctimas, pero para la justicia somos culpables”, agrega.
Por último indica que “la justicia no existe, los casos como el nuestro son de público conocimiento,
prejuzgando sin pruebas suficientes, utilizando testigos que nunca estuvieron presentes. ¡Considero que nuestro caso le ha servido a las autoridades para tapar quien sabe qué!”, cierra la carta enviada desde el lugar de detención.
