También solicita otra batería de medidas a modificar en el articulado de la Ley 26.509 del Sistema Nacional Para la Prvención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, tendientes a beneficiar a los productores agrarios del país.
El diputado pampeano presentó un proyecto que propone la modificación del articulado de la Ley 26.509, entre ellos aumentar el monto mínimo que se destina a Fondo de Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), alivios fiscales, y extender el tiempo de «venta forzosa» que deben realizar los afectados por incendios, inundaciones, etc.
Berhongaray argumentó que los cambios solicitados tienden a «simplificar los requisitos para acceder a los beneficios impositivos previstos en la ley, corrigiendo una dinámica que resulta sumamente engorrosa y que termina en muchos casos en discrecionalidades».
El documento que cuenta con el acompañamiento de diputados de la UCR y también del PRO, pide también «redefinir el alcance de ciertos beneficios (por ejemplo, “prórrogas por pago de impuestos nacionales, eximición del impuesto sobre los bienes personales, suspensión de los juicios de ejecución fiscal”, entre otros) dado lo impreciso -en términos productivos- de muchas de las expresiones empleadas por la actual redacción;
Solicita a su vez la implementación de un «Certificado de Crédito Fiscal a cuenta de impuestos nacionales por las adquisiciones o transacciones que el productor agropecuario declarado en situación de emergencia o desastre realice sobre bienes de uso destinados a restituir, recomponer o reparar infraestructura dañada total o parcialmente como consecuencia directa de los factores determinantes del estado de emergencia o desastre agropecuario».
Además pide «actualizar y elevar a $ 8.500 millones el monto mínimo que el Presupuesto Nacional asigna anualmente al Fondo de Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA)», que surgiría de «considerar como parámetro de ajuste al monto vigente desde la sanción de la Ley (agosto 2009) hasta la fecha, la variación que registra el Coeficiente de Estabilización de Referencia (“CER”). Los $ 500 millones previstos al momento de la sanción de la Ley (20 de agosto de 2009), tanto sea por los costos incrementales de recomposición de bienes de capital productivo e infraestructura afectados, como por el progresivo aumento en cantidad e intensidad de los efectos devastadores de las situaciones de emergencias y catástrofes agropecuarias que se vienen sucediendo como consecuencia de la creciente variabilidad y cambio climático; no permiten la atención integral de las crisis agropecuarias y obligan a reconocer una adecuación de los recursos presupuestarios genuinos a prever anualmente por el Sistema».
«Solo basta comparar el mínimo presupuestario anual del FONEDA, con los necesarios recursos económicos y financieros que demanda la recomposición productiva de los bienes y actividad primaria forestal/agropecuaria de Corrientes, devastada por los extraordinarios incendios que se vienen registrando desde diciembre 2021, o con los tremendos incendios forestales ocurridos en La Pampa a fines de 2017 y comienzos de 2018 que arrasaron con una enorme superficie de bosques de caldén, pastizales y campos productivos, y provocaron asimismo la muerte de miles de animales», sostuvo el diputado.
Por último, solicita «extender en el tiempo el alcance del concepto de las ventas forzosas que deben realizar muchos de los productores afectados por la emergencia o desastre agropecuario, e incluir en la exención de los impuestos nacionales a las operaciones forzosas de arrendamiento de predio rural o de pastoreo de ganado que el contribuyente realice durante el estado de emergencia o desastre agropecuario y hasta 6 meses después de su finalización».
Para Berhongaray estas modificaciones se basan en «la experiencia recogida a través del relevamiento de las distintas emergencias agropecuarias declaradas desde el inicio de la implementación de la aludida Ley y su decreto reglamentario N° 1712 del 10/11/2009 (sequías, inundaciones, incendios, heladas, granizo, erupción de volcán, etc.), demuestra que los beneficios y herramientas de políticas públicas previstos por el actual marco legal, no alcanzan para dar efectiva respuesta a varias situaciones que padecen los productores primarios afectados por eventos adversos en sus unidades productivas, que deben reconstituir su producción o capacidad productiva a raíz de las situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario (art. 20 de la Ley)».
Los sistemas de contención y alivio fiscal previstos como también las ayudas directas llevadas a cabo a través del Fondo Nacional de Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), no brindan adecuada asistencia financiera frente a los ingentes costos y las operaciones comerciales extraordinarios que -como consecuencia directa de los factores determinantes del estado de emergencia o desastre agropecuario-, los productores agropecuarios se ven forzados a enfrentar, ya sea para reducir las pérdidas o para mantener la capacidad productiva de los sistemas de producción durante la emergencia y/o el desastre agropecuario.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de las siguientes diputadas y diputados: Lidia Inés Ascarate; Marcela Antola; Alberto Emilio Asseff; Karina Ethel Bachey; Gabriela Virginia Brouwer de Koning; Alejandro Cacace; Ana Carla Carrizo; Mario Pablo Cervi; Marcela Inés Coli; Rodrigo Alfredo De Loredo; Germana María Figueroa Casas; Ximena García; Gabriela Mabel Lena; Gerardo Fabián Milman; Victoria Morales Gorleri; José Carlos Núñez; Juan Carlos Polini; Ana Clara Romero; Roberto Antonio Sánchez; Alfredo Oscar Schiavoni; María Ángel Sotolano; Danya Verónica Tavela; María Victoria Tejeda; Martín Alberto Tetaz; Aníbal Antonio Tortoriello; María Eugenia Vidal.
