El abogado Ricardo Cheli envió a Plan B una nota de opinión sobre el reciente acuerdo con el FMI y llamó a involucrar al pueblo, “que hoy aparece nuevamente como convidado de piedra” en la negociación.
Luego de hacer un repaso sobre el origen de esta deuda externa, tomada por la gestión de Mauricio Macri como presidente, sostuvo que “para ello debe comunicar las iniquidades cometidas por quien tomó la deuda y por quien la prestó a manos llenas y dejar establecido que, ni el Estado, ni el pueblo argentino deberán pagar las consecuencias del saqueo llevado a cabo por el Frente Cambiemos”.
“Despojo, que se exterioriza en dos facetas de una misma moneda, por una parte, el negociado del capital financiero internacional y el engorde descomunal de las cuentas off shore de una gavilla de argentinos amigos y familiares de Macri y, por el otro, en la profunda crisis económica y social en que nos encontramos inmersos y se agravará con la convalidación del Acuerdo con el F.M.I”, expresó.
La nota completa, es la siguiente:
El gobierno argentino ha cerrado un acuerdo con el F.M.I. para el pago del crédito “stand by” otorgado a la Argentina, por 44.490 millones de dólares, deuda, contraída por Macri en junio de 2018 y que ahora está a consideración del Poder Legislativo para su aprobación o rechazo. Ante este gravísimo panorama la gran pregunta que se hace la sociedad argentina es ¿hay que pagar o no? Y en su caso ¿quién debe pagar?. La respuesta a la primera pregunta conduce a la disyuntiva de reestructurar la deuda o defaultear, la segunda, a la alternativa de que la pague el Estado (es decir el pueblo) o la minoría que contrajo la deuda y desvió esos recursos por la vía de la fuga junto a los sectores que más se beneficiaron con la misma, como los Bancos, junto a los que desplazaron los capitales obtenidos por la exportación de commodities, en especial cereales, hacia estados con nulos controles e insignificante tributación.
El ciclo histórico de endeudamiento externo, desde los albores de nuestro país, siempre funcionó como un dique al crecimiento y como un grillete al ejercicio soberano de los derechos del pueblo. El crédito público que debiera haber servido para reforzar reservas o potenciar el comercio exterior como una palanca para el desarrollo productivo, en nuestro país, invariablemente, fue generador de miseria y dependencia. Lo observable es que tal derrotero de los préstamos y sus fatales resultados siempre contó con la complicidad de los prestamistas, de quienes tomaron la deuda -siempre gobiernos de derecha autoritarios o democráticos- y de los que la legitimaron con acuerdos ruinosos para la mayoría del pueblo, en especial los sectores más vulnerables económica y socialmente y de gran parte de la clase media.
El kirchnerismo, con gran acierto, dejó saneadas las cuentas externas y sin deuda exigible como lo reconoció públicamente el propio Ministro de Economía del Gobierno de Cambiemos, Nicolás Dujovne, más allá que la oposición ahora pretenda negarlo. Sin embargo y sin explicación alguna Macri, inmediatamente ascendido al poder, aceleró el endeudamiento al emitir un torrente de bonos en dólares, algunos a cien años, y cuando eso fue insuficiente y se produjo la reversión de los flujos externos, corrió ahogado al FMI, -aclarando recientemente que lo hizo para pagarle a los Bancos que habían adquirido Letras de tesorería (LEBACS Y LELICS)- abriéndole la canilla para la fuga de dólares. Ello hizo que la deuda -entre bonos y con el F.M.I.- ascendiera a 130.000 millones de dólares que condicionó al Gobierno del Frente de Todos, hipotecando el futuro de varias generaciones de argentinos y poniendo en jaque a la democracia. Un fabuloso endeudamiento irresponsable, fraudulento, inútil e incongruente desde lo productivo, ya que no sirvió para hacer ni una obra pública mayor y ni siquiera uno de los 3 mil jardines de infantes que -desde nuestra Provincia en un acto junto a Verna- prometió construir en todo el país.
Resulta por ende imprescindible analizar la deuda para luego concluir respondiendo las preguntas del inicio.
La componenda -FMI y Macri- fue celebrado por ambas partes en abierta violación a sus propios regímenes jurídicos. En el caso del FMI, se pasó por alto la prohibición del artículo 6 de su Convenio Constitutivo, además de contradecir criterios técnicos y hasta los propios objetivos del organismo. Por su lado la estrategia del Macrismo fue (y sigue siendo) de ocultar la verdad de la ruinosa deuda que tomó sin el aval de informes técnicos que lo analizaran, omitiendo tener el dictamen previo y obligatorio del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos (artículo 61 de la Ley 24.156, de Administración Financiera), pasando por alto la ineludible obligación constitucional y legal de darle intervención al Congreso Nacional (art.75, inc. 4, 7 y 22 de la C.Nac.). Ni hablar de la violación a toda la estructura legal de procedimiento administrativo que le imponían la Ley 19.549 y el Decreto N°1023/01.
Todas estas gravísimas omisiones -que avalan una sanción criminal por parte de la Justicia-, se conjugaron en un plan sistemático y coordinado con el Gobierno de EE.UU., los medios locales de prensa hegemónicos mediante fake news y con la Justicia federal valiéndose del lawfare, que -para acallarlos- perseguían y extorsionaban a dirigentes opositores y funcionarios judiciales que no respondían a los intereses cipayos del Gobierno macrista.
Lo pactado por Macri en la toma de la deuda, groseramente irregular, inmoral y antipatriótica, como el acuerdo ahora del gobierno argentino con el FMI para pagarla, deviene jurídicamente impugnable y es inoponible al Estado y al Pueblo argentino base sustentadora del mismo. “Las operaciones de crédito público –dice el artículo 66 de la ley 24.156– realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realicen…”. De modo que, ajustados al derecho argentino, la toma del empréstito con el Fondo Monetario es inconstitucional, y como acto administrativo de contratación, es nulo de nulidad absoluta e insanable, por lo que un Acuerdo de pago -que ahora se propone al Congreso-, se torna ilegítimo en tanto sobresee la nulidad y valida la operación ejecutada por el macrismo a espaldas del pueblo y de las instituciones políticas y jurídicas argentinas.
Por eso entendemos desde nuestra humilde opinión que el Acuerdo de pago debe ser rechazado y los legisladores en su totalidad y en especial los que representan al Frente gobernante, entre ellos los Pampeanos, deben abstenerse de aprobarlo y manifestar su expresa y categórica oposición al mismo porque una ilegalidad jamás puede sanearse con otro acto igualmente ilegítimo. El actual Cód. Civil y Comercial señala con toda precisión en el art. 386 que “son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral y las buenas costumbres” y en el caso del préstamo del FMI se reúnen todas esas condiciones. Por eso hay que avanzar sin pérdida de tiempo en la tarea investigativa que determine las responsabilidades criminales y patrimoniales de los funcionarios públicos que contrataron el fraudulento empréstito, así como la de los que legitimen sus consecuencias y en la Justicia internacional la que corresponde al F.M.I.
Ahora bien, la refutación a la validez de sendos actos (tomar la deuda y pagarla), no sólo cabe sostenerla en el relevante criterio legal mencionado, sino también en las gravosas consecuencias que se generarán al pueblo argentino, porque el Fondo exige y exigirá ajustes permanentes en el sistema salarial, jubilatorio, en el mercado laboral, en los servicios públicos y en las cuentas del Estado, el que deberá someterse al Plan de sangría económica requerido por el FMI para que se le pague hasta el último dólar. O sea un verdadero co-gobierno que habrá que soportar por más de dos décadas en un marco de capitulación de la calidad de vida en su sentido más amplio (alimentación, educación, salud, cultura, investigación científica, etc.) y de nuestra soberanía, que impactará en la espoliación las riquezas naturales que habrá que entregar en bandeja de plata con contratos leoninos en favor de empresas extranjeras y del capital financiero internacional que el propio FMI patrocina en todos los países donde ha puesto sus garras.
En síntesis, parafraseando la letra del tango Gardeliano, para que “no haya más penas, ni olvido” se debe involucrar al pueblo, que hoy aparece nuevamente como convidado de piedra. Sólo así el Gobierno podría fortalecer su poder de autodeterminación frente al FMI; pero para ello debe comunicar las iniquidades cometidas por quien tomó la deuda y por quien la prestó a manos llenas y dejar establecido que, ni el Estado, ni el pueblo argentino deberán pagar las consecuencias del saqueo llevado a cabo por el Frente Cambiemos. Despojo, que se exterioriza en dos facetas de una misma moneda, por una parte, el negociado del capital financiero internacional y el engorde descomunal de las cuentas off shore de una gavilla de argentinos amigos y familiares de Macri y, por el otro, en la profunda crisis económica y social en que nos encontramos inmersos y se agravará con la convalidación del Acuerdo con el F.M.I.
*Ricardo Víctor CHELI
