El Ministerio Público Fiscal hizo el pedido de pena a los represores pampeanos que están siendo juzgados en el tercer juicio de la Subzona 14. La querella no pudo alegar. Resta que la defensa exponga su alegato y luego el Tribunal deberá leer la sentencia.
La fiscala Iara Silvestre solicitó hoy al Tribunal Oral Federal que condene a Baraldini, De Bartolo a 25 años de prisión y a Reinhart a 22 años de prisión, y que los delitos sean calificados como genocidio. Además que se señale que los delitos sexuales constituyen violencia de género.
La fiscalía realizó este lunes el pedido de penas para los represores que llegaron a la instancia final del tercer juicio de la causa Subzona 14.
Pidió 25 años de prisión para el exjefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, y el exmilitar Jorge De Bartolo, llevado a juicio por primera vez. Además solicitó que Reinhart sea condenado a 22 años de prisión.
También exigió que se le revoque el beneficio de la prisión domiciliaria de la que gozan Baraldini y Reinhart, y que De Bartolo sea detenido por entender que existe propensión a la fuga.
Silvestre hizo una especial diferenciación de los delitos de índole sexual, que por primera vez están siendo juzgados ante un Tribunal Oral Federal en nuestra provincia, y pidió que sean señalados como violencia de género.
“La vulneración de la integridad sexual era una variable que los represores utilizaban a su antojo”, dijo la fiscala.
“Las violaciones, abusos, manoseos, comportan una clase de conducta de crímenes de lesa humanidad que debe ser diferenciada, porque necesitan especialmente visibilizados y valorados separados de la categoría genérica de tormentos. Son una clase especial de tortura que va a acompañar a las víctimas durante toda la vida y solo pudieron ser llevados a cabo por la impunidad que manejaban”, sostuvo.
Durante la exposición que hizo junto a Federico Iparraguirre, también representante de la fiscalía, Silvestre afirmó que con el juzgamiento de estos delitos “se trata de poner fin a la indefensión de las víctimas y la perpetuación de la impunidad”, y citó versos fallos, pactos y convenciones, que se expresan en este sentido sobre los delitos de lesa humanidad.
“No se cumple con esos deberes solo sancionando”, aclaró y solicitó que “a la gravedad inusitada de estos delitos, corresponde aplicar penas severas”.
“No existen crímenes más graves que los que hemos visto y comprobado en este juicio”, expresó y destacó que las penas más graves se aplican a los crímenes más graves como los de “un Estado criminal”.
De este modo, Silvestre planteó que las penas y su cumplimiento deben ser “justas y proporcionales al desvalor de la gravedad de las acciones juzgadas” y pidió el cumplimiento de cárcel común para los represores.
“Este juicio es una reivindicación del Estado de derecho de La Pampa. No castigar estos delitos durante cuatro décadas fue cada momento revictimizar a sobrevivientes y familiares. Esto es una forma de decirles que los hechos no nos son indiferentes”, expresó.
Cabe destacar que al tramo final del proceso judicial solo llegaron 3 de los 6 imputados originalmente. También estaban enjuiciados el exsecretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi, fallecido en diciembre de 2021, el exmilitar Gerardo José Jauregui, murió antes de empezar el juicio, por eso la carátula de una de las causas lleva su nombre, y el expolicía Humberto Riffaldi, quien murió también el año pasado sin ser juzgado.
Otro de los imputados que zafó del juicio es el excomisario Roberto Fiorucci, también por motivos de salud. Ya había quedado afuera del juicio de 2017 por el mismo impedimento. La decisión del Tribunal fue rechazada por las organizaciones de derechos humanos.
Baraldini
El caso de Baraldini es uno de los más relevantes. Prófugo durante el primer juicio, en 2017 se lo llevó ante el Tribunal y fue condenado a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por delitos de asociación ilícita, secuestro, torturas, contra 214 víctimas. El exmilitar revestía como Oficial de Inteligencia del Estado Mayor General del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 y, tras el golpe del 24 de marzo de 1976, fue puesto a cargo de la Policía de La Pampa. En este tercer juicio enfrenta las mismas acusaciones y además se lo imputa como coautor mediato de abuso sexual con acceso carnal. Su prontuario en las fuerzas armadas incluye una participación en la insurrección carapintada y en el intento de Golpe de Estado al expresidente de Bolivia, Evo Morales, en el año 2009.
De Bartolo
Durante el terrorismo de Estado, Jorge Omar De Bartolo se desempeñó como Oficial de Logística del Regimiento de Toay e integrante de la Plana Mayor de la Subzona 1.4. Está sentado en el banquillo de los acusados por primera vez. Se le imputan, entre otros delitos, el de abuso sexual con acceso carnal contra una de sus víctimas.
Ahora De Bártolo está internado en el Santorio Otamendi en Buenos Aires con coma inducido por un cuadro grave de salud. Las partes acusadoras solicitaron el correspondiente informe médico.
Reinhart
Por último, Carlos Reinhart, exoficial de la Policía de La Pampa en la Seccional Primera y la Brigada de Investigaciones, ambas al servicio del Grupo de Trabajo de la Subzona 1.4. Ya fue condenado en los dos juicios anteriores, también está imputado por abuso sexual de una de las víctimas.
Querella
La querella no pudo alegar por un error durante la etapa de instrucción. “Nosotros presentamos un escrito pidiendo alegar pero nos dijeron que no. Previendo esta posibilidad, antes de iniciar el juicio, iniciamos un contacto con la Procuración, tuvimos una reunión y lo que hicimos fue coordinar con la Fiscalía el alegato”, dijo el abogado Franco Catalani a Plan B Noticias.
«Si bien no lo pudimos hacer técnicamente pero lo elaboramos entre las dos partes”, destacó el querellante por el Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, el Partido Comunista, y la UNLPam, Graciela Bertón, Rafel Guardia, Juan Carlos Pumilla, y la ya fallecida, Elida Rodriguez Jara de Perna.
Catalani reconoció que “qudaron afuera algunas situaciones políticas, de contexto histórico, que tienen más desarrollo, y con cuestiones de la relación política de la actualidad», pero que de todas formas serán expuestas en la semana del 24 de marzo.
“Para nosotros es importante relatar la lucha del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, que se conformó para denunciar aquellos delitos tras la vuelta a la democracia y, tras varios años de lucha se obtuvo sentencia en dos juicios y este tercero que está en curso y creemos será de la misma manera. El trabajo que hizo el Movimiento Pampeano de Derechos Humanos es más que importante y eso es lo que queremos decir”, destacó.
