Un grupo de abogados y abogadas penalistas planteó de manera pública las dudas sobre las formas en que se llegan a sentencias condenatorias por delitos de violencia de género y contra la integridad sexual. Aclaran que “toda forma de violencia contra las mujeres es un problema global” y destacan que “al amparo de los movimientos feministas fueron tomando visibilidad los reclamos por las desigualdades, discriminaciones e injusticias padecidas por las mujeres en sociedades con estructuras patriarcales y a estas alturas nadie cuestiona que a raíz de estos cambios culturales haya mejorado el acceso a la justicia de determinadas víctimas”.
Entre quienes hacen el planteo público aparecen Vanesa Ranocchia, Marcos Paz, Juan de la Vega, José Mario Aguerrido, entre otras personas de la matrícula.
Dicen que “el tema adquiere otra dimensión cuando ingresamos al análisis del abordaje judicial sobre los delitos vinculados a las diferentes formas de violencia contra la mujer. Allí la tan pregonada ‘igualdad ante la ley’ suele verse interferida por miradas netamente punitivas que confunden los niveles de reproches”
“Esas conductas son percibidas como tan reprochables para la mayoría de las personas que no queda espacio para su defensa. El problema pasa por determinar cuándo el ejercicio de determinadas formas de violencia está realmente acreditado. Pareciera que cuanto más reprochable a nivel social resulta, en términos abstractos, la conducta investigada y cuando más difusión pública haya tenido el tema, menos se necesitará de un análisis serio de las evidencias del caso”, señala Vanesa Ranocchia.
“Esto es lo que sucede actualmente de manera diaria en Tribunales, donde quienes ejercemos la profesión de abogados como defensores estamos en franca desventaja. Así, si la denunciante es mujer y el imputado varón, bastara el relato de la denunciante para arribar a una condena y ello será leído como que se ha incorporado ‘perspectiva de género’ en el juzgamiento. En caso de ‘duda razonable’, indican la decisión se incline en favor de su inocencia”, añade.
El grupo de abogados y abogadas penalistas que hizo el planteo público entiende que “la justicia ha perdido toda neutralidad” y “los jueces no están garantizando un debido servicio de justicia”.
Sospechan que “se llega a las condenas en función del clima de reproche social que generan determinadas conductas, pero no por las pruebas reunidas en el caso concreto. Uno siente que fiscales y Jueces son demasiado vulnerables a un sector de la opinión pública, que no siempre refleja la opinión de la mayoría, pero que es el que más se hace notar. Y si desde ahí, se da veredicto de culpable (visibilidad pública en medios o redes, escraches, etc.) la justicia se limita a homologar esa decisión y habilita la sanción con menores exigencias probatorias”
Opinión pública
Consideran que la difusión de una denuncia se condiciona al Ministerio Público Fiscal y a jueces. “Alcanzará con el relato, verás o no, de una mujer que se identifique como víctima para arribar a la condena” ya que “la justicia no estará dispuesta a pagar el costo social de declarar inocente a alguien sospechado de ejercer este tipo de violencias, simplemente por falta de pruebas. Así, ante la duda se inclinan por la condena, más por presión social que por justicia del caso, y aun cuando ello implique alterar las pautas de juzgamiento plasmadas en la ley o en la Constitución”.
“La mayoría de los fiscales no respetan su deber de objetividad y asumen solo un rol de partes donde aunque no crean totalmente el relato de la denunciante les resulta más sencillo avanzar y llevar a juicio cualquier pretensión, que investigar de modo serio” y se agrega que “ellos también actúan por temor a la represalia de alguna denunciante que pudiera atribuirles falta de perspectiva de género, reaccionan contra el posible escrache, y así avanzan hacia el juicio con cualquier pretensión femenina aunque sea desatinada”, advierten.
Cifras
Según el relevamiento realizado por el grupo de abogados y abogadas “en el 90% de las causas se cuenta solo con el relato de la víctima, pero ello pretende ser corregido, para dar sensación de que ‘hay algo más de prueba’ con las intervenciones de los psicólogos forenses y con la participación victimológica de la Oficina de Atención a la Víctima y Testigo.
Afirman que esos peritos “son organismos auxiliares de la fiscalía que en el proceso aparecen pregonando una neutralidad que no tienen” Mencionan la cercanía de la OAVVyT de la fiscalía, donde “sus profesionales solo comparten información y acuerdan las entrevistas con los fiscales y sin ninguna participación de la defensa. Lo grave es que los valoran los aportes como si fuera imparcial, como si fuera un recurso técnico neutral y no de parte, como realmente es”.
Mencionan como otro problema que “parten de ubicar como víctima a una persona que en el proceso penal aun no reviste esa calidad. Y lo mismo ocurre con la intervención de los psicólogos forenses que no se ubican en una posición neutral ni como verdaderos peritos. Solo conocen la posición de la fiscalía y se parcializan en función de ella, porque van a la cámara gesell a ver cómo confirman esa posición. No ven las dos posiciones”.
“Además, se ubican como terapeutas, que parten de la verdad subjetiva que ofrece la denunciante y/o potencial víctima y no cuestionan su relato. No ponen en crisis lo que cuenta esa persona, no lo analizan de modo objetivo sino que asumen de antemano que lo que les relata esa persona es verdad (solo porque denunció o partiendo del prejuicio de que no se denuncia falsamente este tipo de delitos) y lo convalidan”, agregan.
Nada sería “tan grave si los jueces de juicio asumieran su rol”, pero “les resulta más sencillo convalidar las pretensiones de la fiscalía aún sin pruebas claras” y a lo sumo “cuentan con el aval de algún psicólogo forense que les dará una apariencia de legalidad a su decisión” para “no enfrentar el costo de arribar a una absolución por falta de pruebas”.
“En última instancia, la condena de algunos inocentes será tomada como parte del precio que se acepta pagar para instalar el mensaje de erradicar la violencia contra las mujeres y para lograr una sociedad más justa donde los derechos de las personas se respeten con independencia de su género”, alertan.
