El propio Ricardo Bussi confirmó que avanza en un acuerdo con Javier Milei y ambos se mostrarán juntos en un acto en julio.
Bussi busca tener el apoyo del líder de los liberales para el año que viene. El legislador tucumano es una amenaza para el peronismo de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo ya que viene sacando más de 10 puntos en las últimas elecciones y ese caudal podría ser clave para la oposición.
“Él fue asesor de mi padre cuando fue diputado de la Nación”, dijo el hijo del ex represor Antonio Bussi a La Gaceta TV. Con estas declaraciones confirma los vínculos de Milei con represores de la última dictadura militar y que cobró un sueldo del estado de lo que él llama “la casta”.
“Va a venir para el mes de julio, vamos a organizar un acto”, dijo Bussi, que indicó que el evento sería “en principio el 23 de julio”.
“Hemos ganado mucha confianza”, indicó Bussi, quien busca un acuerdo con el intendente de San Miguel, Germán Alfaro, que pertenece a Juntos por el Cambio.
Antonio Domingo Bussi, el represor condenado a cadena perpetua con el que trabajó Javier Milei, fue interventor de la gobernación de, Tucumán durante la última dictadura militar en la que cometió delitos de lesa humanidad y por los que fue condenado a cadena perpetua.
El informe de la Comisión Bicameral Investigadorea de las violaciones de los derechos humanos en la provincia de Tucumán (1974-1983) calificó la gestión de Bussi como “un vasto aparato represivo, que orienta su verdadero accionar a arrasar con las dirigencias sindicales, políticas y estudiantiles, que eran totalmente ajenas al pernicioso accionar de la guerrilla”, recordando que, si bien Bussi afirmó en 1975, al asumir la gobernación, que “la guerrilla estaba derrotada”, el número de víctimas se incrementó sensiblemente a partir de su asunción.
Adscripta directamente la policía al ejército comandado por Bussi, se emplearon explosivos para atacar la Universidad Nacional de Tucumán, la Legislatura provincial, las sedes de la Unión Cívica Radical, del Partido Comunista, del Partido Socialista y del colegio de abogados. Varios abogados fueron asesinados, y muchos otros intimidados para evitar la defensa de los presos políticos, incluyendo en los procedimientos la voladura de sus estudios y el allanamiento de morada. Médicos, sindicalistas y políticos fueron también objeto de secuestro, prisión ilegal, vejaciones y tortura.
