El senador nacional, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, es cuestionado en su provincia por permitir la explotación hidrocarburífera por fractura hidráulica (fracking). La ley no se aplicó por las masivas movilizaciones populares en 2019. Hoy, nuevos proyectos amenazan la calidad y cantidad de agua.
A pesar de las movilizaciones masivas en rechazo a la megaminería y en protección del agua de diciembre de 2019, el gobierno de Mendoza intenta avanzar con proyectos mineros metalíferos dentro de la Ley Provincial 7722, que prohibió el uso de sustancias tóxicas en minería.
Esa ley quiso ser modificada en 2019 para facilitar el avance de la minería metalífera en Mendoza, y sufrió un rechazo social tan contundente que, una semana después de haberla modificado, el Gobierno mendocino tuvo que dar marcha atrás.
Hoy, a 3 años de esa gesta popular, nuevos proyectos ponen en jaque el ambiente de la provincia vecina.
Esta ley fue gestada en 2007, en el marco de intensas movilizaciones coordinadas a escala provincial para rechazar la megaminería. Doce años después, modificarla activó no sólo esa memoria colectiva de resistencia, sino también la memoria larga ligada al agua como elemento vital para Mendoza.
Las protestas de diciembre de 2019 abren interrogantes y posibilidades de problematizar cómo y quiénes definen la matriz productiva de un territorio y, además, evidencian el poder real de la población en movimiento demandando participación en estos debates.
Cornejo
En el marco de las campañas de sensibilización social, recordaron en las últimas horas que la puerta a la megaminería se la abrió el entonces gobernador, hoy senador, Alfredo Cornejo.
“Este Señor se llama Alfredo Cornejo pero le decimos El gran dictador Jorge Rafael Cornejo”, se lee en los grupos de debate político mendocinos que buscan frenar el nuevo embate de las mineras.
“El nefasto personaje que trajo el fracking a Mendoza, la UCR lo premio como presidente dos veces”, resaltaron.
“Toda la UCR es cómplice y partícipe necesario de las acciones de este personaje y el actual gobernador. Tendremos nuestra propia década infame en Mendoza”, aseguran.
Además, denunciaron que cómo legislador estuvo ausente en el 63 % de las sesiones legislativas. Sobre 566, estuvo ausente en 366, indican.
Y la comparación no termina ahí: Cornejo creó el ítem aula para las y los docentes de Mendoza, que consiste en un adicional del 10 % de la asignación de la clase, estado docente, zona y antigüedad, remunerativo y no bonificable, con alcance también para el docente que se encuentra con licencia ordinaria, licencia por maternidad, licencia por accidente y enfermedad profesional (Ley Nº 24.557)”.
Si Cornejo se aplicara su propia legislación, no cumpliría con las exigencias que estableció para las y los docentes por presentismo.
Proyectos
El 17 de mayo empresas nucleadas en ASINMET, CAMEM, CAC y UIM, más trabajadores integrados en AOMA, UOM, UOCRA y ASIMRA se unieron porque creen que Mendoza está en condiciones para dar impulso a ciertas actividades, sin lesionar la ley 7.722 que sigue vigente, luego de que en 2019 se cayera por presión social un intento de modificarla.
«Piden que se pueda hacer minería dentro de la 7.722», dijo con simpleza la diputada Josefina Canale explicando el objetivo del petitotio. Ella, Gustavo Cairo (PRO) y María José Sanz (UCR) recibieron el escrito y lo presentaron en conjunto por mesa de entrada de la Legislatura.
«Piden que se desarrolle infraestructura para obras conexas, que se aprueben proyectos que están a punto de salir, exigen políticas de promoción de inversiones y que se avance con la promoción de proyectos de segunda y tercera categoría», resumió la legisladora del PD Progresista.
Para llevarlos a cabo, empresarios solicitaron a Mendoza:
Desarrollar obras de infraestructura productiva, vinculadas al desarrollo logístico provincial que incluyan los pasos fronterizos, las rutas provinciales y nacionales y el desarrollo ferroviario.
Permitir la rápida aprobación de proyectos mineros metalíferos en el marco de la legislación actual y evaluando las adecuaciones pertinentes en función de las nuevas tecnologías y los nuevos criterios de protección ambiental.
Avanzar con la promoción de proyectos mineros de segunda y tercera categoría continuando con la tarea que impulsa actualmente la Dirección General de Minería de organización del área dotándola de presupuestos acordes a su responsabilidad.
Promover políticas de atracción de inversiones productivas adecuando la política tributaria a tal fin, dando además impulso a los sectores exportadores y al desarrollo de parques industriales que favorezcan la radicación de nuevas empresas.
