La expresidenta del Club San Martín, Graciela Beatriz Loyola, será formalizada le próximo lunes luego de la denuncia que presentaron desde la actual conducción por la venta de casi 3 hectáreas a precio de un monoambiente.
El próximo lunes Loyola escuchará la acusación de parte del Ministerio Público Fiscal, que por denuncia de la actual conducción, investigará presunta “administración fraudulenta” en la venta de terrenos de la exQuinta de “Las Monjas” a precio vil.
El 16 de octubre de 2021 el actual presidente y el tesorero del Club General San Martín pidieron que se realce una investigación para determinar si se había cometido un delito.
Además, Gabriel Arias y Lucas Ovejero, se presentaron como querellantes para representar los intereses del Club San Martín en la presunta estafa con la venta de 2,8 hectáreas del predio Malvinas (exquinta de las Monjas) el 8 de agosto de 2018.
La dirigencia de la entidad de la Villa Santillán pidió que el Ministerio Público Fiscal que investigue una posible estafa por la venta de los terrenos “a precio vil” y al “valor de un monoambiente”.
Además, se describen acciones que alimentan más sospechas: las casi 3 hectáreas fueron vendidas el mismo día en que la Asociación María Auxiliadora transfirió esas tierras al Club San Martín, conducido por Gabriela Loyola y familiares.
“Las Monjas” tenían una deuda abultada con la municipalidad de Santa Rosa y para evitar el remate, lo vendieron al San Martín, y la comisión directiva hizo lo propio a Carlos José Elorza: las dos ventas se escrituraron el mismo día.
Se lee en la denuncia que “pocos días después, coincidentemente el mismo día que se escrituran los terrenos (9/8/18) por parte de la Asociación María Auxiliadora en favor del Club, obra el Acta de Comisión Directiva N° 112, en donde se expresa textualmente que ‘se decide vender al Sr. Carlos Jose Elorza la cantidad de 26.890 mts2 (se vendieron 28.044 mts2) conforme plano de subdivisión, en la suma de $ 3.971.000, de los cuales el comprador adelanto $ 471.000 y el saldo de $ 3.500.000 será abonado simultáneamente con la firma de la escritura traslativa de dominio…’”.
“Es decir, una semana después de realizada la Asamblea Extraordinaria aparece el comprador, el precio y la modalidad de pago, dejándose constancia que antes de esa fecha se había adelantado dinero”, enumeran los denunciantes.
Agregan que “dicha Escritura (N° 247/19) a la compradora Sr. Carlos Jose Elorza, finalmente fue otorgada con fecha 1° de noviembre de 2019 por ante la Escribanía Cavalli, y en la misma, pese a que en el Acta 112 se mencionaba que la suma de $ 3.500.000 de saldo, sería pagado contra escritura, se dice textualmente. ‘… CUARTO: bajo tales conceptos la venta se realiza por el precio total y convenido de $ 3.971.000, que la representante del vendedor declara que el mismo, ha percibido del comprador con anterioridad a este acto en dinero en efectivo y a su entera satisfacción…’”.
Cuando la Junta Normalizadora asume la intervención del Club no encontró dinero, actas, balances ni cuentas bancarias en los que se pudiera hacer la trazabilidad de los fondos recibidos por la venta de las tierras.
A poco de asumir la nueva comisión directiva, el 16 de octubre pasado, ordena realizar una denuncia penal porque consideran que hay “graves sospechas sobre un posible accionar delictivo por parte de las caras visibles” del club, y mencionan a “Graciela Beatriz Loyola, en su carácter de Presidente del Club, Pablo Martin Romero, en su carácter de Secretario y Ricardo Héctor Marcelo Sosa, en su carácter de Tesorero” que son también “quienes firman la escritura de venta”.
Le piden al fiscal que intervenga, que valore:
1.- Que la venta lo ha sido por un precio vil, ya que los $ 471.000 recibidos (no se sabe por quién, cómo y cuando) que da cuenta el Acta 112, a la fecha de la misma (9/8/2018) representaban la cantidad de u$d 16.405 (valor del dólar libre a ese día $ 28,71 por dólar), en tanto que el remanente de $ 3.500.000 que sería pagados contra escritura también conforme el Acta 112, representaban al día de suscribir la misma (1/11/2019) la cantidad de u$d 55.173,93 (se adjuntan las cotizaciones a ambas fechas). Es decir que la venta, más allá que no hay registro alguno de cómo se pagó, o a quien se le abonó, se realizó por la suma de u$d 71.578,98, cuando dichos inmuebles en plena zona residencial de Santa Rosa, han sido valuados (sin subdividir y tal como se vendieran) en la suma de u$s 844.200 por el Martillero Manuel Romero, en tanto que una vez subdivididos y vendidos por parcelas de 20 x 50 generarían según nos refiriera el mismo, una suma superior a los u$d 1.500.000. Es decir, la venta se realizó conforme la Escritura, a un precio 12 veces menor al valor tasado.
Obviamente, creemos que es innecesario resaltar al Sr. Fiscal que los inmuebles históricamente mantienen su valor en dólares, con lo cual los u$d 71.578,98 con que se vendieran las casi tres hectáreas en noviembre de 2019, seguramente representaban a ese tiempo, no más del valor de un Monoambiente en esta ciudad.
2.- No hay registro alguno en el Club de las fechas de pago por parte de Elorza o la modalidad como se realizó (si efectivo, si mediante cheque, si a través de transferencia y a que cuenta, etc). Tampoco hay constancias si se han emitido recibos de esos pagos, puesto que en la escritura se dice que la suma por la cual se vendiera, había sido recibida íntegramente y en efectivo, antes de suscribirse la citada Escritura. Las únicas constancias documentadas, de dudosa validez, son el Acta 112 de fecha 9/8/2018, donde se dice que el comprador Elorza ha adelantado la suma de $ 471.000 y la Escritura Traslativa de Dominio de fecha 1/11/2019 donde se lee “que la representante del vendedor declara que el mismo, ha percibido del comprador con anterioridad a este acto en dinero en efectivo y a su entera satisfacción”.
Evidentemente, Sr. Fiscal, es el Comprador del predio Sr. Carlos Jose Elorza, DNI N° 21.505.766, con domicilio en Quintana 505 de esta ciudad, quien en mejores condiciones esta de aclararle al Órgano Acusador, como se pagó, cuanto se pagó, a quien se le pagó y que recibos se emitieron de esos pagos.
3.- No existen registros contables que nos permitan mínimamente conocer el destino del dinero pagado (antes de la escritura como reza la misma), ya que no hay ningún balance aprobado para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020. No hay ninguna factura de pagos efectuados a terceros, no hay inversiones en el Club realizadas con posterioridad a los supuestos pagos, no hay cuentas bancarias abiertas a nombre de la Institución, no había dinero en Caja al ingresar a trabajar la Comisión Normalizadora en Abril de 2021 etc, etc. Es decir, un sinnúmero de irregularidades incompatibles con el manejo de una Institución, y mucho más a partir de la venta de una parte importante de su patrimonio.-
