Los jueces de Casación y el ex presidente fueron beneficiados en la causa judicial que investigaba las visitas a la Quinta de Olivos en simultáneo al avance de pesquisas judiciales contra la por entonces oposición.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al ex presidente Mauricio Macri y los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos en la causa que investiga la “Operación Olivos”, denominada así por El Destape, quien reveló en una investigación las más de 15 reuniones que mantuvo con los magistrados.
Lo justificó alegando que «no existe prueba alguna que indique la comisión de un hecho típico, antijurídico y culpable que pueda ser reprochado».
El fallo sostuvo que no existió delito en las reuniones que el ex jefe de Estado y los jueces sostuvieron en la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno afirma que hay «certeza negativa» para resolver de esa manera. Dichas reuniones coincidían con fechas cercanas en las cuales los magistrados tomaban decisiones en el marco de las causas contra ex funcionarios kirchneristas.
Macri, Hornos y Borinsky fueron denunciados por una serie de reuniones privadas consignadas en registros publicados por El Destape, en fechas coincidentes con fallos que perjudicaron judicial y políticamente a dirigentes opositores al Gobierno de Cambiemos. La denuncia judicial, formulada por diputados del Frente de Todos, hablaba de la «Mesa Judicial M» y la definía como una «organización criminal encargada de presionar sistemáticamente a funcionarios judiciales con el objetivo de afectar la independencia del Poder Judicial».
Pero sin profundizar en la investigación, el juez Martínez de Giorgi afirmó que las «reuniones cuestionadas» fueron «inexistentes en su mayoría». Para ello, se basó sobre registros incompletos de la Casa Militar en los que no aparecían consignadas las visitas que la denuncia mencionaba.
El juez concluyó que Borinsky visitó sólo en dos oportunidades a Macri, como presidente de la Comisión que tenía asignada la tarea de redactar un nuevo Código Penal. Sobre Hornos, el fallo explica que hubo tres visitas a la Casa Rosada sobre las cuales «no existe justificación alguna, ni actividad pública oficial que los explique».
Pero Martínez de Giorgi consideró que «tampoco se obtuvieron evidencias, constancias documentales ni registros acerca de su contenido, situación que impide atribuirles valor determinado, y menos aún darle una connotación ilícita».
Apelación y revisión del fallo
La Cámara Federal porteña revisará un fallo que sobreseyó a Mauricio Macri y a los jueces de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos por sus visitas al expresidente, ante una apelación de la fiscalía que reclamó revocar esa decisión por prematura.
«La decisión del señor juez de primera instancia (Marcelo Martínez De Giorgi) debe ser revocada, en virtud de que no se adecua ni a la normativa aplicable, ni a las constancias» de la causa, sostuvo la fiscal Alejandra Mángano, en el recurso de apelación al que tuvo acceso Télam.
La fiscalía consideró «prematura» la decisión del juzgado que en abril pasado sobreseyó al expresidente y a los dos jueces del máximo tribunal penal del país por entender que no se probó la comisión de ilícitos en visitas a la quinta presidencial y a Casa de Gobierno y que muchas de ellas no fueron acreditadas.
«El principal argumento del juzgado para dictar este temperamento definitivo sería la inexistencia o falta de registro de varios de los encuentros denunciados, aún cuando el soporte informático de los ingresos a Olivos y Casa Rosada no fueron recibidos en este expediente pero sí en otros», advirtió la fiscalía.
Mángano se refirió a otras causas, como la que investiga la firma del Memorándum con Irán que se cerró por inexistencia de delito en el Tribunal Oral Federal 8 y en las que se tuvo acceso a estos soportes informáticos que consignaron los ingresos a Olivos y Casa Rosada.
«La clausura del proceso mediante el temperamento exculpatorio adoptado luce cuanto menos prematuro, en tanto tal decisión exige una certeza que no encuentra sustento en las probanzas incorporadas a las actuaciones», sostuvo además la fiscalía.
La apelación está a estudio de la Sala II de la Cámara Federal con sede en Comodoro Py 2002 desde hace un mes, pero los tres integrantes Martín Iruzun, Eduardo Farah y Roberto Boico se excusaron de intervenir. El último en excusarse fue Irurzun, el 31 de mayo último, por lo cual ahora sus colegas de la sala I del Tribunal tendrán que definir en primer lugar si aceptan que se aparten el caso e integrar la sala II para resolver.
En la apelación se postuló que todavía «existen diversas medidas de prueba que podrían realizarse en pos de verificar la existencia de las reuniones aquí denunciadas, así como si en aquellas se produjo una influencia indebida sobre el trabajo de los magistrados»
El sobreseimiento resuelto por Martínez De Giorgi se sustenta «en una valoración parcial y aislada de los elementos de prueba incorporados y no alcanzan para descartar, con la certeza negativa requerida en esta etapa instructora, la relevancia jurídico penal de la plataforma fáctica investigada», advirtió la fiscalía.
«Los datos investigativos hasta aquí reunidos no permiten precisar la existencia de una fuente probatoria confiable respecto a los registros de visitas a las sedes presidenciales», detalló Mángano.
