El mandatario provincial resaltó el anuncio de Wado de Pedro para conformar una Mesa Nacional para manejar recursos hídricos, integrada por gobernadores y gobernadoras. Aseguró que faltan más Comités de Cuenca para analizar el manejo del agua y dijo que la Corte Suprema debe fallar en el caso del Atuel, recordando que tiene más de 30.000 causas acumuladas.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, dialogó con Plan B al término de la inauguración del VI Congreso Pampeano del Agua y destacó la decisión del gobierno nacional de crear una Mesa Nacional para analizar los recursos hídricos en todo el país.
En referencia al temor de que Mendoza avance con obras que afecten los derechos pampeanos, al recibir fondos nacionales por un juicio pendiente, Ziliotto estimó que no. “El Presidente ya tomó la decisión de proteger la soberanía de La Pampa, así lo entendemos nosotros. Hay un vínculo de la provincia con el Gobierno Nacional que está transfiriendo periódicamente el dinero que corresponde a un fallo de la Corte Suprema de Justicia y que tiene que ver con promoción industrial, es dinero de Mendoza. Lo que no puede hace Mendoza es obras inconsultas con los Comités de Cuenca. En Mendoza saben que La Pampa como provincia no aceptará ninguna obra que afecte a los recursos naturales”.
Consultado sobre el reciente anuncio de Wado de Pedro de crear un espacio de diálogo con gobernadores y gobernadoras de Argentina, Ziliotto dijo que “esto reivindica la política de diálogo de La Pampa, para poder defender sus recursos estratégicos. Como política nacional, estamos ante la presencia de un bien cada vez más escaso, vital y estratégico y en eso se necesita una administración eficiente. Si miramos desde un punto de vista totalizador y nacional, que vaya por encima de cualquier cuestión sectorial, nos va a dar una perspectiva más importante”.
“Los principales lugares en donde se debate la utilización de agua son los Comités de Cuenca. Faltan muchos comités, no solo los que afectan recursos hídricos de La Pampa, sino en todo el país, por eso creo que es muy buena esta mirada y en cierta manera, que se fijen políticas de Estado de utilización y administración de agua y que se apliquen a los Comités de Cuenca y a las gestiones provinciales, porque también está el manejo de los recursos propios y de aguas subterráneas”, dijo.
—¿Nación acompañaría la conformación de un Comité de Cuenca para el río Salado? El ministro de Pedro tomó nota…
—Nosotros, en el gobierno anterior, Carlos Verna le reclamó permanentemente a Macri para que el gobierno nacional arme una mesa de diálogo de las provincias que integran la cuenca del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó. En ese sentido, ante la falta de decisión del gobierno nacional tenemos una demanda ante la Corte Suprema.
Hace poco tiempo ampliamos esa demanda en virtud de que San Juan avanza con El Tambolar. Toda acción del gobierno nacional ordena y define ámbitos de diálogo, nosotros lo hemos logrado unilateralmente.
Hay otras provincias que se ponen de acuerdo en los Comités de Cuenca. Santa Fe y Córdoba se pusieron de acuerdo por recursos hídricos, para ver cómo llegan agua en un acueducto, para consumo humano y la producción. Lamentablemente, no tenemos ese ida y vuelta con Mendoza.
—¿Qué falta para que Mendoza cumpla el fallo del Atuel, que ya lleva varios años?
—En el último fallo, del 2020, la Corte ordenó a las provincias, junto al gobierno nacional, en ponerse de acuerdo en cómo se llega a los 3,2 metros cúbicos por segundo. El fallo decía acciones y obras. Nosotros pedimos acciones, en virtud de que Mendoza sea eficiente en el manejo del agua y ponga los 3,2 metros cúbicos por segundo en el ingreso a La Pampa. Mendoza pidió prioridad para hacer obras. No nos pusimos de acuerdo. Teníamos 120 días, nuevamente la decisión la tiene la Corte Suprema.
—¿La Corte es entonces rehén de lo que hace Mendoza?
—Creo que entre todas las cuestiones que hablamos del funcionamiento de la justicia, es también cómo dotamos a la Corte de un esquema que pueda resolver todos los recursos extraordinarios que le llegan, que amplíe el servicio de justicia a todos los ciudadanos, no solo a las provincias. Hay 30.000 causas que no están resueltas por la Corte Suprema de Justicia, entre ellas, la de la provincia de La Pampa,
