En los últimos años se profundizó el otorgamiento de estos beneficios y apenas un tercio de los investigados o condenados por crímenes de lesa humanidad se encuentran detenidos.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación manifestó su preocupación el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales dispuestas por la Justicia Federal en casos de personas procesadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.
«Los crímenes investigados en estas causas representan graves violaciones a los derechos humanos que el Estado argentino tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar, y cuyas penas deben ser cumplidas de manera efectiva y completa como parte de la reparación a las víctimas y a la sociedad», manifestaron desde el organismo nacional.
En los últimos años, según datos del Ministerio Público Fiscal, se profundizó el otorgamiento de estos beneficios y apenas un tercio de las más de 2.200 personas investigadas o condenadas por crímenes de lesa humanidad se encuentra detenida. En su gran mayoría, la forma de detención es la prisión domiciliaria (565) y tan sólo 185 cumplen la pena o la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario.
«El seguimiento y control de los pedidos de prisión domiciliaria, libertad condicional o salidas extraordinarias es uno de los objetivos centrales de esta Secretaría, como lo estableció en su Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad», señalaron en el comunicado oficial.
Destacaron que con ese propósito «se creó en agosto del año pasado un cuerpo de peritos que participa en las juntas médicas dispuestas ante pedidos de prisión domiciliaria por motivos de salud o planteos de incapacidad de afrontar el proceso penal».
El mismo se trata de un equipo de especialistas que interviene en todos los casos en que la Secretaría es querellante y se encuentra a disposición de las querellas en el resto de las causas. Desde su conformación, ya ha participado en 147 juntas médicas.
A partir de lo dispuesto por la Ley de Víctimas, en el transcurso del 2022, la Secretaría notificó a 628 víctimas o familiares para que se manifiesten sobre algún pedido de morigeración de pena. También ha impulsado en algunos casos, en articulación con otras querellas y el Ministerio Público Fiscal, la realización de audiencias públicas para que sean escuchadas las personas que sufrieron esos crímenes antes de que se resuelva lo pretendido por el imputado o condenado.
Asimismo la Secretaría realiza gestiones de manera periódica para garantizar que el Servicio Penitenciario Federal brinde condiciones adecuadas de detención y los servicios médicos y oportunos que estos condenados puedan necesitar.
Mediante estas acciones, la Secretaría busca que el Poder Judicial tome todos los recaudos posibles y que decida con la mayor rigurosidad antes de otorgar una prisión domiciliaria o una libertad condicional, beneficios que pueden exponer a las víctimas y que podrían comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino.
