En febrero de 2020 una mujer denunció a su pareja por violencia de género y desde entonces, renovaciones mediante, tiene restricción de acercamiento.
Hace casi un año y medio una mujer denunció a su expareja por violencia de género en la localidad de Toay y la justicia aplicó al hombre una restricción de acercamiento de 200 metros. Hace una semana el hombre habría estado a menos de esa distancia y la mujer dio cuenta a la policía. Sin embargo, desde la justicia se afirmó que no hubo violación porque la restricción se había renovado el mismo día y el denunciado todavía no había sido notificado.
El caso tiene en vilo a la mujer, que además de la situación vivida durante la relación, está sujeta al accionar económico de su ex y le puede costar gran parte de su ingreso mensual como trabajadora de la administración pública provincial.
El hombre, conocido en el ambiente artistico – cultural de la localidad de Taoy, vive en una casa alquilada de la que es garante su denunciante.
En diálogo con Plan B la mujer dijo que le salió de garante, e incluso lo ayudó a buscar la casa, para cortar la violencia de género.
Esa situación la mantiene atada a una relación que cortó en los hechos pero que le genera inconvenientes psicológicos porque “la separación nunca termina de ser total. Todos los meses pienso que me van a llamar de la inmobiliaria Pablo Emilio porque no pagó. Él vive de su actividad, de otros oficios, pero no siempre tiene trabajo”.
“Hacés la denuncia, se toman su tiempo, cuando pasás un momento crítico siempre hay algo que lo favorece, la policía llega tarde, cuando ya se alejó, no te creen, y encima, la violencia económica. Yo necesito poder cortar con esto, pero desde la inmobiliaria me rechazaron el pedido, aun cuando les llevé la denuncia y las actuaciones judiciales”, añade.
“A todo lo vivido por su problema de consumo de alcohol, por su violencia, se le suma esta situación que no me permite estar tranquila, ser libre, rehacer mi vida”, finalizó.
