Personal autoconvocado del Servicio Penitenciario Federal de La Pampa se manifestó esta mañana en la Plaza San Martín, en reclamo por descuentos de haberes que vienen sufriendo desde fines de la gestión de Mauricio Macri y que los perjudica en sus haberes mensuales, en sumas que oscilan entre los $50.000 y $70.000 mensuales.
“Somos un grupo de autoconvocados del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de La Pampa, que comprende las unidades 4, 13, 30 y 25 de General Pico”, dijo a Plan B, Carlos Bortiri, jubilado del SPF de Santa Rosa.
Bortiri recordó que vienen con este reclamo desde hace tiempo. “Desde hace tres años estamos reclamando el 2% por año de servicio, de antigüedad. Hasta el año 2019, veníamos cobrando ese 2%. La mayoría de los retirados tienen 25 años de servicio y esto sería un 50% del haber mensual”.
“Al haberse reducido al 0,5%, estamos cobrando un 12,5%, lo que hace un promedio que oscilan entre los 50.000, 60.000 y 70.000 pesos que perdemos mensualmente”, dijo Bortiri.
El jubilado del SPF dijo que la modificación a sus haberes se hizo en la gestión de Macri. “La modificación a esto se hizo en el 2019, en septiembre u octubre, antes que finalizara el gobierno de Macri. Igualmente, nosotros, cada vez que se hizo un blanqueo, fuimos perjudicados, incluso en el 2015, también hubo una pérdida de beneficio, si bien se incorporaron varias sumas fijas al haber mensual, se nos sacó beneficios”.
“Eso ha hecho que cada penitenciario retirado iniciara tres o cuatro juicios en curso, que, muy a la larga se cobran, pero se desvirtúa el monto de lo que se cobra, por lo que tarda la justicia, más lo que se tarda en pagar, cuando está la sentencia firme, dos o tres años después y se paga al valor que salió en la sentencia. Se ajusta por interés, lo que se hace que se pierda totalmente”, agregó.
Consultado sobre si han caído sus haberes, Bortiri dijo que “nosotros recibimos los aumentos que le dan a todos, pero sobre ese aumento, los demás, reciben el 2%, pero nosotros solo el 0,5% y esto ha hecho que nos hayamos distanciado de las demás fuerzas y empleados nacionales. Eso ha hecho que perdamos nuestro poder adquisitivo”.
“Antes, los guardiacárceles tenían muy buen sueldo, pero hoy ya no es un muy buen sueldo. En La Pampa, son alrededor de 1.000 personas las perjudicadas y en el país, son 13.000 personas”, afirmó.
Bortiri dijo que hubo encuentros con autoridades a nivel nacional a través de la plataforma Zoom. “Nosotros, de La Pampa, en marzo nos entrevistamos con la subdirectora nacional, que es la autoridad máxima penitenciaria del servicio. Ella comprende y entiende la situación, pero no nos pudo confirmar que se iba a revertir”.
“Sí se estaban haciendo tratativas, pero no es una atribución que dependa de ella, sino del Ministerio de Justicia, que dependemos nosotros. En este momento, la autoridad es Martín Soria”, recordó Bortiri. “Es una decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Esto afecta a todo el país, en las provincias donde hay unidades del Servicio Penitenciario Federal”, dijo.
“Esto también afecta a los activos. Porque el haber de retiro, se deduce de lo que cobra el de actividad, cualquier modificación que se haga, se la tiene que hacer actividad, para que nosotros la recibamos”, afirmó Bortiri.
Consultado sobre si hay alguna mesa de diálogo para solucionar el reclamo, Bortiri dijo que “somos autoconvocados, porque legalmente no nos podemos agremiar. Esta es la primera vez en la historia del Servicio que se hacen este tipo de movimientos”, cerró.
