Un hombre y su mujer que viven en una chacra atrás de la Laguna Don Tomás y que están en situación de desalojo, denunciaron que fueron amenazados con armas por dos policías de civiles para que se fueran de la casa.
Ricardo Baez (56) es jornalero, vive junto a su esposa Ines (55) en una chacra pegada a la Estancia La Malvina donde cría chanchos y tiene gallinas. Tienen un pedido el desalojo para el 25 de julio y sufrieron amenazas de muerte para que dejaran la vivienda.
Viven hace 12 años en ese lugar y le alquilaron a una persona que nunca les dijo que no era el dueño. Les cobraba entre 20 mil y 30 mil pesos, el último aumento, por una casa a la que se derrumbaron las paredes en dos oportunidades y que no tiene servicios.
Los dueños reales del inmueble se divorciaron y uno de ellos pidió el desalojo de la familia, que lleva a cabo la jueza de primera instancia sustituta en el Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 4 de Santa Rosa, Ana Lis Palacio.
El jueves pasado, cuando la oficial de justicia fue a constatar la situación de ocupación de la chacra, también fue la dueña con otras cuatro personas, de las cuales dos fueron señalados por Báez como policías que estaban de civiles, y amenazaron a la familia con sus armas.
“Quisieron manotear a mi hijo, de 30 años, y no se dejó tocar. La oficial de justicia les pidió que se retiren y no se retiraron, y sacaron las armas reglamentarias y nos amenazaron con que nos iban a cagar a tiros si no nos íbamos”, contó Ricardo a Plan B Noticias
Además de Ricardo e Inés, en la casa viven su hijo también llamado Ricardo y su compañera Betsabé. Hasta hace un tiempo también estaban sus nietitas de 5 y 3 años pero se fueron a vivir a la casa de su tía, en Toay, después de que por el frío sufrieran un cuadro de neumonía.
Los policías fueron identificados por Baez como Leandro Rodríguez y Leandro Ardohain. “Son amigos de Abona y del estudio de Pérez Funes, y andan apretando gente para sacarla”, denunció.
“No son de la Seccional Segunda, pertenecen a Logística, y dan clases de gimnasia en el Polígono (de tiro), y le pasaban información con fotos y todo a Abona”, aseveró el hombre.
Ricardo dijo que tiene miedo por la seguridad de su familia porque dice que «saben disparar con arma» y los responsabilizó por la salud de Ines, quien padecer cáncer y un trastorno de ansiedad generalizado que afecta su psicomotricidad.
“Ellos no estaban autorizados a estar acá adentro. Tampoco Gastón Romero, que nos dijo que nos fuéramos cuanto antes. Las únicas personas que estaban autorizadas por la jueza eran la dra. Toffoni y la dra. Díaz”, repasó.
-¿Quién es Abona?
–Oscar Abona es quien nos alquiló durante 10 años sin ser dueño ni tener autorización para alquilar. Nosotros no sabíamos. Los dueños son la familia Fany Anahí Ferrero y Luis Conti, de General Acha. Se divorciaron y quieren vender la chacra.
Nunca tuvimos un contrato ni un recibo. Hace dos años le estábamos pagando 30 mil pesos. No quisieron alquilarme más y por eso pidieron el desalojo. Pero nunca nos negamos a pagarles.
La casa que habitan Ricardo e Inés con su hijo y su nuera estuvo abandonada durante mucho tiempo y la estructura está severamente deteriorada y tiene certificado por peligro de derrumbe de la Municipalidad.
“La casa se cayó y tuvimos que levantarla, se cayó el galpón y tuvimos que levantarlo porque si no se caían todas las paredes, hicimos una contención de hormigón porque cedían las paredes, tuvimos que ocupar un perforador porque nos quedamos sin agua e hicimos una perforación de 50 metros con bomba sumergible. Y no nos quieren pagar nada”, se lamentó Ricardo.
“La jueza dijo que nosotros lo hicimos por que quisimos. Y a Abona se lo dijimos y dijo que no era problema de él. Nosotros entendemos la situación de los dueños, pero no pueden venir con estos dos policías a sacarnos con las armas, que si no nos vamos nos van a cagar a tiros. Nos amenazaron de muerte”, dijo con bronca.
Cocinan con garrafa y se calientan con una chimenea a leña que ofrece calor al comedor, a donde mudaron la cama para no pasar frío.
Solo tienen luz y no puede tomar agua de la perforación que hicieron porque no es apta para consumo humano. La Municipalidad les suministra agua potable.
Inés trabajaba junto a Ricardo en las tareas de la chacra hasta que su salud se deterioró. Después de la enfermedad comenzó a cobrar una pensión por discapacidad de 30 mil pesos, que no le alcanza ni para cubrir la medicación que tienen que tomar todos los días.
Para sus nietos y la madre, la Defensoría de Niñez y Familia les ofreció 10 mil pesos para pagar un alquiler. “¿Qué alquiler pagas con esa plata?”, se preguntó Ricardo.
“Están anotados hace 6 años para la casa de barrio en Toay pero siguen esperando. Ricardo tiene discapacidad visual, ve apenas de un ojo, casi no ve. IPAV se la tendría que haber dado pero se la dieron a otro”, contó el padre.
“El año pasado pidieron ayuda a la Municipalidad y les ofrecieron 7 mil pesos. En la Provincia pedí crédito para trabajo, pedí alimento para los animales y nos dijeron que no daban”, se lamentó.
La jueza ordenó el desalojo para el 25 de julio. La preocupación de Ricardo es a donde van a ir, pero mientras sigan ahí lo que más le preocupa es que policías de civiles, al servicio de un particular, no vuelvan a entrar y amenazar con arma en mano a su familia, y que quienes tienen responsabilidades institucionales escuchen su reclamo.