El relato que va a leer, ocurrió en Santa Rosa y puede volver a ocurrir. Una mujer vive en estado de alerta por la presencia de su agresor de género.
Una vez más, el policía Paez Albornoz violó la restricción de acercamiento de 200 metros o ingresó en zona de alerta (menos de 1.000 metros), respecto de su hijo y su expareja, Yanina Coronel.
Este miércoles entre las 17:40 y las 19:40, se activó el dispositivo de seguridad que tiene la mujer para saber si su ex, con tobillera electrónica, se acerca más allá de lo permitido.
Palabras más, palabras menos, cada vez que suena el dispositivo de seguridad, la víctima escucha: “Se han acercado ahí, no sé si usted tiene que estar mucho más tiempo en el centro”, consulta el oficial de la policía que trabaja en el centro de monitoreo.
“No sé si puedo ir para el lado (…), si, me tengo que retirar, me retiro”, dice la mujer mientras se dirige al lugar en el que trabaja de manera independiente para ganarse el sustento.
“Bueno, haga lo que tenga que hacer. Se están moviendo los dos”, le responden.
“¿Está muy cerca?”, pregunta la persona alertada por la policía y como respuesta recibe: “Tengamos en cuenta que está la persona acá también, están circulando los dos y los dos tienen derecho a circular”.
El incidente no pasó a mayores, pero se repitió una vez más desde que el policía Paez Albornoz tiene una tobillera electrónica para que la justicia, por medio de la policía, sepa si la vida de Yanina Coronel se encuentra en peligro.
El caso se dio a conocer, por información de fuentes policiales, como un intento de homicidio en el que la mujer fue acusada de envenenamiento. El policía estuvo internado y cuando avanzó la investigación, se conoció que la supuesta victimaria era víctima: y también lo era su hijo.
El policía dice que su pareja lo quiso envenenar, pero a él se le sumó una causa penal por violencia de género y otra en el fuero civil por la tenencia del hijo en común.
Denuncian al policía Paéz Albornoz por violar la restricción de acercamiento a su expareja y su hijo
Asfixia y perro
En ese expediente figura que una de las prácticas del policía sería provocar asfixia y someter a una posible mordedura de perro a su pequeño hijo, como una supuesta forma de “entrenamiento”.
Plan B pudo saber que el uniformado le habría tapado la nariz y la boca para que aguantar la respiración, casi hasta la asfixia, al hijo que tienen en común.
Otra acusación que se le hace es la de meter la cabeza del niño dentro de la boca de un perro de caza. Esta situación se conoció porque una vez el niño tuvo una mordedura en la oreja y fue allí que se lo contó a su madre.
Por el momento, la causa penal y civil se encuentran en plena etapa de investigación.
Violencia de género e institucional
Según las pericias psicológicas, Coronel sufrió violencia de género, pero a su vez, es imputable porque “comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones” y además “no presenta patología psiquiátrica”
También afirman que la mujer no presenta “predisposición a la agresividad y/o a actos impulsivos”.
“Se trataría de una situación de Violencia de Género, en el tipo Psicológico-Emocional-Verbal, Sexual, Físico, Económico-Patrimonial, Ambiental y Simbólico, en un contexto de Violencia Familiar, en el marco de un vínculo de pareja de 13 años, con el agravante de la no aceptación por parte del Sr. de la ruptura del vínculo. Surge además como víctima de esta situación el hijo de la pareja, niño de 5 años”, se lee en el informe pericial.
“A partir de lo evaluado, esta Unidad considera que la situación de Violencia de Género descripta se da además con una modalidad de violencia vicaria, entendida como aquella violencia que se ejerce hacia los hijos o hijas para dañar a la mujer”, añade.
Agregan que “el contexto de Violencia Institucional al que habría estado expuesta la entrevistada, teniendo en cuenta los múltiples pedidos de ayuda que la misma habría realizado en diversos organismos estatales, los cuales no habrían garantizado con su accionar la protección de la misma”
“En los últimos 15 días aproximadamente los episodios de violencia emocional-psicológica-verbal se darían en forma diaria y continua durante el transcurso del día y de la noche, con episodios además de violencia física. Circunstancias en las cuales el Sr. la amenazaría con matarla a ella, a miembros de su familia, al niño, haría alusión permanente al arma de fuego, la cual utilizaría además para intimidarla y la dejaría sobre la mesa. También le impediría por diversos medios que la misma pudiese pedir ayuda; emerge en este sentido una situación de encierro”, añade el informe pericial.
“Se desprenden del relato las secuelas y/o signos que afectarían a la entrevistada, compatibles con la violencia de género padecida: dificultades para dormir en el último tiempo, falta de apetito, estado de alerta permanente, angustia y llanto reiterado a solas, miedo a que su pareja la dañe a ella y/o a su familia, estado de desesperación y terror”, dice.
“De la evaluación realizada surge que la periciada no presenta Patología Psiquiátrica. La examinada no demanda tratamiento psicológico y no requiere tratamiento psiquiátrico. Comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones”, señala el informe realizado por el psiquiatra Camilo Muñoz y la psicóloga Virginia Carretero, del Poder Judicial.
También indican que sufrió violencia institucional porque no recibió una respuesta satisfactoria a los reiterados pedidos de ayuda que habría realizado a la Policía, la Unidad Funcional de Género y Niñez de la Policía, la Jefatura de Policía y a la Secretaría de la Mujer.
El hecho
El policía se descompensó el 5 de septiembre pasado luego de haber ingerido veneno en un licuado. Por el hecho fue detenida su esposa, Yanina Coronel, de 31 años. La hipótesis de fiscalía es que la mujer habría preparado el licuado y se lo habría dado durante varios días. Se basa en un relato de familiares del policía que estuvo varios días internado en terapia intensiva. Sin embargo, las pruebas fueron cuestionadas y no se hallaron huellas digitales de Yanina en la licuadora.
Plan B pudo saber que las pruebas consideradas esenciales para la acusación de Yanina Coronel no se habrían realizado en el marco del debido proceso. Se habla de falta de órdenes de allanamiento, de un veneno aportado por un vecino y de errores en la cadena de custodia de las pruebas.
Fuentes judiciales indicaron que el veneno utilizado no es de acceso civil pero sí de las fuerzas policiales. Las muestras de Metomil 90 “no fueron secuestradas en la vivienda” si no que “fueron aportadas por un vecino que encontró cerca de la vivienda un sobre con veneno y lo entregó a la policía”.
Además se tratará de establecer si la licuadora “fue secuestrada sin orden de allanamientos ni testigos”. En ella se hallaron rastros del veneno “pero sin huellas dactilares de Coronel”, confiaron.
Además se cree que los investigadores “no aseguraron la cadena de custodia”. Por los delitos que es acusada, Coronel podría pasar hasta 18 años en prisión. En un acuerdo, se reduciría la sentencia, pero la mujer niega haberlo envenenado y cree que fue una autoagresión. Además, dio a conocer que fue víctima de violencia de género y que los dispositivos de atención y acompañamiento no estuvieron a la altura de su pedido de ayuda.
