Según informó el Poder Ejecutivo, el Gobierno nacional transfirió hoy los fondos correspondientes a la duodécima cuota del cronograma de amortizaciones fijado para la construcción de la presa. Sin embargo, la obra sigue en duda.
El gobernador mendocino Rodolfo Suarez comunicó el depositó de algo más de 50 millones de dólares que hizo el Gobierno Nacional, correspondientes al acuerdo para la construcción del dique Portezuelo del Viento.
Se trata de la duodécima cuota del cronograma de amortizaciones fijado para la construcción de la presa hidroeléctrica multipropósito en Malargüe.
El depósito que ingresó el jueves a las arcas provinciales fue de US$ 50.082.463, de un total de U$S 1.023.362.922 que había acordado Mendoza con Nación cuando el presidente era Mauricio Macri, pagaderos en cuotas trimestrales, hasta octubre de 2024.
Hasta ahora, Mendoza recibió de Nación más de 470 millones de dólares para Portezuelo, pese a que la obra está paralizada por la falta de un estudio de impacto ambiental, reclamo impulsado por La Pampa y las provincias integrantes del COIRCO.
El presidente Alberto Fernández, anticipó el laudo favorable para las provincias que se oponen a la construcción de la megarepresa porque quedarán sin agua.
Ante esto, el propio gobernador Rodolfo Suarez llevó un escrito a Casa Rosada en el que se realizaba el pedido formal para utilizar esos fondos, para otros proyectos que tiene Mendoza y que podrían concretarse si tuvieran disponible ese dinero.
El próximo vencimiento de la letra del Tesoro emitida por el Gobierno nacional se producirá el 28 de octubre, fecha en la que se haría efectivo el decimotercer pago de 2022, por US$ 57.594.190. Todo un privilegio en el marco de la sequía de reservas que atraviesa el Banco Central.
El plazo para este laudo caduca en agosto. “Todavía no se le vence el plazo que establece el reglamento del Coirco. Si al día 22 de agosto no ha salido el laudo, vamos a activar un mecanismo para plantear la necesidad que se resuelva”, dijo el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia Víctor Ibáñez a Los Andes hace pocos días.
Según explicó Ibáñez, hay dos herramientas que usarían: o un pronto despacho o un amparo por mora en la Justicia. “Estamos evaluando cuál de los dos mecanismos vamos a utilizar. Alguno de los dos, por vía administrativa o judicial, lo vamos a usar, para colocar al Ejecutivo nacional en la obligación de resolver, sino lo ha hecho hasta el 22 de agosto”, expresó el funcionario.
Desde el año pasado, Suárez baraja la posibilidad de dar por caída la licitación de Portezuelo del Viento si Fernández pide una nueva evaluación del impacto ambiental.