Desde mañana y por nueve jornadas, el fiscal federal Diego Luciani alegará para que se condene a los imputados en el juicio por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Las defensas de los acusados esperan pedidos altos: en el caso de Cristina creen que podría llegar a los dos dígitos. Pero, ¿la pueden sacar de la elección 2023?
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se tomarán las próximas tres semanas para justificar una condena contra los nueve imputados, aun cuando la la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado que depende del Poder Ejecutivo, alegó que en el caso Vialidad todos debían ser absueltos porque consideró que no se probaron ni el supuesto fraude ni la asociación ilícita, los delitos que se le imputaron a la vicepresidenta.
Sus alegatos ya fueron pesados y medidos en extensión por algunos medios de tirada nacional: hablan de tres toneladas de expedientes y una florida acusación fiscal. Es decir, accedieron los argumentos antes que las y los acusados.
Y en las defensas ya conocen que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso –a quienes CFK vapuleó cuando declaró en el juicio- la condenarán.
¿Puede el Poder Judicial sacar a la vicepresidenta de la arena electoral con un fallo? En términos legales, no. No hay forma cronológica de que una eventual condena en su contra quede firme antes del próximo proceso de renovación presidencial. Los cálculos indican que el tribunal oral federal que la juzga en la Causa Obra Pública podría dar a conocer el veredicto mientras se esté disputando el Mundial de fútbol de Qatar, que comenzará en noviembre.
En un juicio de estas características, los fundamentos se conocerán a principios de 2023 y el proceso de apelaciones, más la instancia de la Corte Suprema, tornan imposible que el fallo -cualquiera sea-, obtenga fuerza de “cosa juzgada” antes de los comicios de 2023.
Pero, lo que si podría poner en duda una eventual candidatura de la actual vicepresidenta es el impacto social de una decisión judicial de esa naturaleza.
Pruebas
Para las defensas el juicio debería terminar en absoluciones a granel. Pero hay un antecedente que puede cambiarlo todo: el 24 de febrero de 2021 el Tribunal Oral Federal número cuatro condenó a Lázaro Báez y a otros imputados por lavado de dinero que, según el voto de mayoría, provino en buena medida de la corrupción en la obra pública de Santa Cruz.
Para que haya lavado debe existir un “delito precedente” que genere ese dinero ilegal que necesita ser lavado para introducirlo con apariencia de legalidad al circuito financiero. En aquel fallo que condenó a Báez, los tres jueces coincidieron en que la evasión impositiva fue uno de los mecanismos para generar ese dinero que precisaba ser lavado. Pero mientras el voto de minoría sostuvo que fue el único mecanismo, los dos jueces que conformaron mayoría dijeron que parte del dinero provino de la corrupción en la obra pública.
Si el tribunal resolviera que no hubo defraudación con las obras en Santa Cruz, la condena por lavado sólo se sustentaría en la evasión impositiva. Consecuencia: Cristina Kirchner absuelta y Lázaro Báez muy beneficiado.
Pero si el tribunal decidiera que sí hubo corrupción en la obra pública –y condenara a la vicepresidenta- tambalearían al menos ocho causas por evasión contra Báez e incluso la quiebra de su grupo empresario, Austral Construcciones.
