El bloque de diputados provinciales del radicalismo le envió una nota al Subsecretario de Ambiente, Fabián Titarelli, para que suspenda la autorización que surgió de la audiencia pública convocada para este martes 9 de agosto.
En una nota indican que “creemos conveniente y solicitamos la suspensión” de la audiencia pública”convocada para el día 9 de agosto del corriente en el marco del expte. 13794/21 PLANTA GENERADORA DE ENERGIA CSR/BIOMASA en la localidad de Lonquimay”.
Lo piden porque “en primer lugar, de la documentación subida a la página de la Secretaría de Energía se advierte que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto está basada, inexplicablemente, en la ley 1.914 y su decreto reglamentario 2.139/03, la cual fue derogada en el mes de diciembre de 2019 por la Ley Ambiental Provincial 3.195. Esta ley además, complementa la Ley General del Ambiente de Nación N° 25.675 (sancionada con posterioridad a la Ley 1.914), ley de Presupuestos Mínimos, que recoge los lineamientos de los tratados internacionales en la materia. Es decir, la EIA ha sido realizada en base a una ley derogada que no sigue los presupuestos mínimos de la Ley General del Ambiente. Demás está decir, que por tratarse de un proyecto financiado por el BID, el estricto cumplimiento de la normativa en materia ambiental resulta un requisito indispensable para la ejecución del proyecto”.
“Además de ello, la documentación relacionada con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, no fue puesta a disposición en forma abierta, como hubiera correspondido, en la Subsecretaría a vuestro cargo, conforme el art. 10 y cc. de la Ley Ambiental Provincial N° 3.195. El hecho de haber podido consultar el expediente en horario administrativo en las oficinas de la Subsecretaría de Ambiente en modo alguno satisface la obligación de publicidad de este tipo de información, pues resulta sumamente dificultoso el acceso a la misma para los interesados del interior de la provincia. En plena era de las Tecnologías de la Información, la Comunicación e Internet dicha información debió ser colgada en la página web de la misma, como autoridad de aplicación en materia ambiental. A mayor abundamiento la cuestión ambiental no reconoce límites políticos, con lo cual lo interesados en conocer toda la información relacionada con los efectos ambientales del proyecto, pueden no ser sólo los vecinos de la localidad de Lonquimay,sino del resto de las localidades que integran las microrregiones involucradas 1, 2, 6 y 7”,añaden.
Indican que “el art. 41 de la ley 3.195 en consonancia con la Ley General de Ambiente 25.675 y los Tratados Internacionales establece que toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general oparticular, y de alcance general. Asimismo, en su art. 42 establece que las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellasactividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. Claramente, participar en una audiencia pública sin contar previamente con la información adecuada, torna ineficaz la misma y la transforma en una mera formalidad a cumplir”.
Por último agregan también como motivo “la enorme dificultad para hacer la inscripción en la página web para poder participar en la Audiencia Pública lo cual, de tener que ser un trámite ágil y sencillo para fomentar la participación, se convirtió en un impedimento para ello”.
