El Comité Provincia de la UCR La Pampa manifestó su rechazo a las expresiones públicas del presidente Alberto Fernández, tras el pedido de condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio de Vialidad. Lo hicieron después de que sus correligionarios de Victorica reclamaran el «silencio» de las máximas autoridades partidarias tras conocerse el pedido de pena contra la expresidenta.
El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical de La Pampa manifestó su rechazo a expresiones públicas del Presidente de la Nación Alberto Fernández, vertidas en reiteradas oportunidades con motivo del pedido de condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio Vialidad Nacional.
«Las mismas constituyen un claro avasallamiento a la división de poderes y a las facultades y limitaciones que le imponen la Constitución Nacional, por la cual ha jurado al momento de asumir el cargo que desempeña», señalaron sin especificar a que hacen referencia.
Del mismo modo rechazaron las manifestaciones públicas de otros funcionarios nacionales, provinciales y municipales que, «en el mismo sentido, desconocen el orden jurídico, la plena vigencia de las instituciones y el estado de derecho».
A su vez, manifestaron su «honda preocupación» por «las amenazas violentas y las convocatorias sediciosas proferidas por dirigentes políticos y sociales del Frente de Todos, que atentan contra la concordia y la paz social, ya suficientemente endebles por la gravedad de la realidad social y económica que vive la Argentina».
La Comité Provincia de la UCR pampeana consideró que «los procesos seguidos contra la vicepresidenta en ejercicio, en particular aquel en que se solicitó su condena, constituyen ni más ni menos que el funcionamiento del sistema judicial en que la imputada goza –como todos los habitantes de la Nación- de todos los derechos y garantías del debido proceso, así como en su momento dispondrá contra la sentencia que se dicte, de todas las vías recursivas que le suministran el ordenamiento jurídico interno y los tratados internacionales».
«La plena vigencia del estado de derecho y el funcionamiento de las instituciones, de ningún modo pueden ser considerados actos de persecución política o atentados al sistema democrático. Sí lo son la incitación a su desconocimiento y vulneración», concluyeron.
