El radicalismo cuestionó que el oficialismo no hizo lugar a las modificaciones solicitadas al proyecto, muchos de los articulados fueron votados en contra, y aseguró que no hay nada que celebrar tras la sanción de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana.
El bloque de diputados de la UCR sostuvo que una ley que «pretendía incluir un doble sistema de derechos, tanto hacia la ciudadanía como hacia el personal policial, deja poco para celebrar este avance histórico, ya que existía una necesidad imperiosa de incorporar el marco normativo en materia de protección de derechos humanos, y garantizar mejoras sustanciales en las condiciones laborales del personal policial a cargo de la seguridad ciudadana».
Ayer la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana que viene a reemplazar la antiguar ley de la dictadura que regía el funcionamiento de las instituciones policiales de la provincia. El bloque de la UCR acompañó de manera parcial, ya que consideró que no fueron introducidos los planteos hechos por este.
El radicalismo consideró además que «no existe un “enorme consenso” en la ley votada, porque fracasó el oficialismo al truncar el diálogo en la etapa final en la que se pretendía acercar posiciones en favor de perfeccionar el instrumento jurídico con el Ministro de Seguridad. Entendemos que faltó voluntad política del bloque oficialista».
Sobre esto argumentó que «no se salda la deuda con la democracia después de haber sostenido una Norma Jurídica de Facto desde el retorno de la misma, si la ley carece de calidad y es utilizada como un simple hecho político».
«Desde la UCR no aceptamos que el único instrumento para garantizarles un sueldo razonable, sea a través del “servicio adicional”, ya que consideramos, en protección de la salud mental y física del personal policial, que una persona no puede estar expuesta a doce (12) horas de servicio, para luego realizar seis (6) horas o más de servicio adicional», plantearon.
«Exigirles que tomen decisiones portando un arma frente a situaciones críticas, atendiendo a los principios de proporcionalidad, gradualidad y oportunidad, parece cuanto menos una imprudencia. Dieciocho (18) horas de atención y tensión desmejoran la calidad de vida de nuestro personal, al tiempo que afecta sus vínculos familiares y sociales. No podemos exponerlos a que obtengan un mejor salario a costa de sobre exigirlos», señalaron desde el bloque de la UCR.
Consideraron que el Estado «tampoco puede limitar que el personal policial elija desarrollar actividades laborales independientes, fuera de su carga horaria, ya que quizás en ellas encuentre mayor satisfacción personal, al tiempo que incrementa sus ingresos, sin necesidad de realizar servicio adicional o estar rehén del “adicional por exclusividad”. «Esta decisión debería ser personalísima y aceptada por el Estado», demandaron.
«Claramente el oficialismo ni siquiera consideró la posibilidad de avanzar en el análisis de creación de un ámbito representativo y concreto de discusión de las condiciones laborales de extrema exigencia y responsabilidad. Sólo se estableció vagamente una comisión evaluadora de las condiciones laborales, sin dejar en claro cómo se elegirán dichos representantes, y sin fijar los objetivos de la misma. En este punto, pretendíamos que entre los temas a tratar se incluyan la pauta salarial, adicionales, licencias, viviendas, traslados, entre otros; como así también que quede establecido en el texto de la ley que los representantes deben ser elegidos directamente por el voto del personal de la fuerza», expresaron las y los diputados de la UCR.
Por último, volvieron a cuestionar la falta de «consenso» para sacar la nueva ley. «La permeabilidad para los cambios no ha sido una característica del partido gobernante desde el retorno de la democracia, sin embargo, una vez que la norma sea promulgada, seguiremos insistiendo con las modificaciones de fondo necesarias para mejorar las condiciones laborales de quienes tienen la enorme responsabilidad de garantizar la seguridad de todas y cada una de las personas de nuestra provincia», concluyeron.
