Con una movilización de apoyo a las familias, se realizó una audiencia por el juicio de desalojo, donde las partes no llegaron a un acuerdo, aunque se avanzó en una negociación y se propuso un cuarto intermedio de 30 días. El barrio se conformó en el año 2019, cuando se puso de relevancia el déficit habitacional en Santa Rosa. En esos años gobernó Mauricio Macri, el presidente que no asignó ni un solo cupo de viviendas a La Pampa.
Este miércoles, desde las 8 de la mañana, se realizó una audiencia en el marco de juicio por desalojo contra siete familias del barrio “El Nuevo Salitral”, impulsado por el representante legal de Homero Márquez, uno de los privados que reclama las tierras en donde se construyó el barrio.
El abogado de las familias, Iván Alarcón, adelantó a Plan B que no hubo acuerdo entre las partes y que la demanda seguirá su curso. “Fue una audiencia a la que llamó la jueza para conciliar. Se expusieron las posiciones y los intereses del señor Márquez, titulares del dominio según lo manifiestan ellos, los intereses y las posturas del grupo demandado, que es el de El Nuevo Salitral”, dijo.
“Luego de las exposiciones de cada una de las partes, la jueza abrió un cuarto intermedio para poder negociar las posibilidades a una resolución alternativa del conflicto y no proseguir a un posible desalojo o un rechazo de la sentencia, que tampoco sería satisfactorio para los intereses de los actores”, agregó.
“En esta instancia no hubo acuerdo, pero sí lograron algunos puntos para trabajar un posible acuerdo. Eso fue lo positivo. Así lo vemos, ya que hay detalles que no están en la acción inicial de la actora, no están bien claros los terrenos que se están reclamando, ni hasta dónde abarcan, ni qué familias. La idea es seguir trabajando para ver si llegamos a un acuerdo y qué familias ingresarían en ese acuerdo o no”, dijo. “Está la demanda de particulares, pero hay otras manzanas que pertenecen al estado municipal y es compleja la situación, en este sentido”, afirmó Iván Alarcón.
Entre los puntos positivos de la negociación, Alarcón precisó que “básicamente no hay aparcelamiento. Ellos quieren vender los terrenos. En algún momento dijeron que querían desalojar, se retractaron y al final de la audiencia dijeron que quieren vender”.
“El punto positivo es determinar, con ayuda de organismos municipales y provinciales, ver qué parcelas ocupan los vecinos y qué valor podrían tener esas parcelas”.
Alarcón dijo que el inmueble no estaba subdividido y no había actos posesorios. “La demanda se inicia por la partida que engloba a una o dos manzanas. No tenían conocimiento en realidad, porque la gente había tomado posesión y se habían delimitado calles naturales que por ahí se utilizan para cruzar de un lugar a otra y es lo que genera incertidumbre”.
El representante de las familias agregó que hay un nuevo cuarto intermedio de 30 días. “La situación es ver si podemos llegar a un acuerdo. Se interpeló al Estado a ver si puede intervenir, más allá de lo social y los derechos de la Niñez involucrados en El Nuevo Salitral”.
“El Barrio El Nuevo Salitral está compuesto también por manzanas que son titularidad del municipio y estas que son privadas”, recordó el representante de las familias.
Consultado sobre la actuación de la magistrada, en referencia a la situación social en el barrio, el letrado dijo que “la jueza le dio la voz al Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, y a los organismos del estado encargados de la situación social. La jueza tuvo tanto un interés como el otro y nos vamos conformes, ya que no sentimos que haya tomado postura por ninguna de las dos partes”.
“En el caso de las familias, están esperanzadas de lograr una ayuda de la municipalidad o de provincia, para ver de qué forma se puede solucionar esto. Están esperanzadas en ese sentido. Desde lo social están presentes, pero la necesidad de fondo, es el acceso a la vivienda”, dijo.
“Con respecto al papel de la municipalidad, la Directora de Niñez dijo que su facultad era atender desde lo social y que se iba a trasladar la cuestión de la posible conciliación a las máximas autoridades del municipio”, indicó Alarcón.
En la audiencia, además de las familias, el representante legal de Homero Márquez, uno de los privados que reclaman las tierras, se encontraban presentes representando a la municipalidad, el secretario de Desarrollo Social, Marcos Álvarez Echeveste, la Directora de Niñez, Adolescencia y Familia de la comuna, Ana Sofía Pérez Dupont y desde Provincia, el defensor de Niños, Niñas y Adolescencias, Juan Pablo Meaca.
“El juicio de desalojo no está frenado. Ahora la jueza intentará llegar a un acuerdo entre las partes y luego se analizará la prueba que se sustanciará en el proceso judicial”, señaló el martes a Plan B el abogado de las familias, Iván Alarcón.
“Marques pidió expresamente a la cooperativa que no les baje la luz a las siete familias que están en litigio. El proceso es sumarísimo, pero por distintas cuestiones se fue prorrogando y no se sabe cuánto puede durar”, añadió.
“En el caso de que haya una sentencia en contra en primera instancia, el recurso de apelación, el título de Marques que presentó viene de una sucesión, pero en este proceso no se va a estudiar mucho esa cuestión. Nosotros nos opusimos, seguramente va a ser parte de la discusión en esta audiencia sobre la prueba que se va a producir en el proceso”, indicó.
Movilización
Mientras se realizbaa la audiencia, en las afueras de la Ciudad Judicial, integrantes del Frente Popular Darío Santillán, Movimiento Evita y Polo Obrero, realizaron una movilización de apoyo a las familias que fueron emplazadas por la justicia.
Cabe recordar que el barrio El Nuevo Salitral se conformó en julio de 2019, cuando una gran cantidad de familias pusieron de relevancia el déficit habitacional en Santa Rosa. Meses antes, habían acampado frente al IPAV para reclamar la construcción de viviendas sociales. En esos años gobernó Mauricio Macri, el presidente que no asignó ni un solo cupo de viviendas a La Pampa.
Nueva instancia
Tras la audiencia, la jueza civil de primera instancia, Susana Fernández, dispuso que entre ellas exista una nueva instancia de negociación por el término de un mes, para evitar la posibilidad de desalojo.
Marqués aduce que esos terrenos, situados en los alrededores de las calles Niños de Ayohuma y Gobernador Duval –detrás de la laguna Don Tomás– le pertenecen, desde hace décadas, a su familia. Por eso a través de su primo, el abogado Homero Cruz Marqués –que también se presentó en la causa como demandante–, solicitó el desalojo de los ocupantes del lugar.
El procedimiento civil prevé una primera audiencia de conciliación para tratar de alcanzar una solución de común acuerdo sin tener que judicializar el conflicto. Eso fue lo que intentó hoy Fernández, y si bien no hubo acuerdo, las posturas de las partes manifestaron interés en negociar nuevamente e intercambiaron sus número telefónicos para mantenerse en contacto y avanzar en un nuevo acuerdo.
De la audiencia también participaron el abogado Iván Gabriel Alarcón, en representación de siete de los 20 vecinos; y la defensora oficial Alicia Gentile, en nombre de otros dos.
A su vez, velando por los intereses de los menores que integran las familias demandadas, asistieron la defensora civil Mercedes Buzzo, en nombre del Ministerio Público; el defensor provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meaca; y los abogados Sofía Perez Dupont, Alan Mithelena y Natalia Soraya Avaro, por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Santa Rosa y por la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, respectivamente. También presenciaron la audiencia, en nombre de la Secretaría de Desarrollo Social, Marcos Álvarez Echeveste y la Directora de Gestión Social, Yésica Ceballos.
Ahora la jueza Fernández deberá esperar la decisión de las partes para continuar con la tramitación del expediente. También se deberán solicitar otros informes de organismos públicos, ya que una parte de las tierras ocupadas hace tres años son las reclamadas por Marqués; pero hay otras que seguirían del municipio santarroseño.
