Marcelo Pagano, juez de la causa.
La abogada Camila Aimar, representante de la familia de la víctima de abuso sexual por parte de un hombre de 41 años, manifestó que “jamás se tuvo en cuenta a la víctima en este proceso” y pidió que “trabajen para encontrar a Fernández”.
El juicio oral tuvo lugar el 31 de agosto, con la actuación unipersonal del juez Pagano, la intervención de Enzo Paolo Rangone y Juan Marcelo Cupayolo en carácter de fiscal sustituto y fiscal adjunto respectivamente, la letrada Camila Virginia Aimar en representación de la querellante particular-la progenitora de la menor damnificada- y en defensa del acusado lo hizo el defensor particular Juan Carlos De La Vega.
Plan B Noticias dialogó con la abogada Camila Virginia Aimar, representante de la parte querellante en el caso que terminó con la condena de Rafael Mario Fernández por abuso sexual simple agravado por la guarda como delito continuado y abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda de una niña de 6 años, ambos en concurso real, a la pena de 10 años de prisión efectiva.
Sin embargo, la justicia no hizo efectiva esa detención y el condenado se profugó: hoy pesa sobre él un pedido de captura internacional.
Aimar manifestó que “es inentendible la actuación de la justicia en esta causa”.
“La prisión preventiva es de naturaleza cautelar, el art. 243 del CPP establece que el magistrado antes de aplicarla debe analizar en profundidad las circunstancias del caso, a efectos de poder resolver sobre el tema. No se entiende, porque, en ninguna etapa del proceso y pese al reiterado pedido de la parte Querellante, nunca se hizo lugar y no se le aplicó esta medida a Fernández”, añadió.
“Sobre todo porque tanto Fiscalía como el Órgano jurisdiccional estaban al tanto de que Fernández es camionero, que sale de la provincia en reiteradas oportunidades por motivo de su trabajo, siendo sus destinos habituales las provincias de Neuquén, Buenos Aires, Mendoza, limítrofe con otro país. Y conforme avanza el proceso, los peligros procesales se agudizan, puntualmente el peligro de fuga”, indicó.
Fernández, condenado por abuso sexual y prófugo de la justicia.
Recordó que “en cada etapa del proceso, la parte querellante solicitó la aplicación de esta medida de coerción, y jamás se le hizo lugar, y fiscalía no acompañó nunca en el pedido. Sobre todo, luego de la celebración de la audiencia de juicio oral, en los alegatos de clausura, y haciendo hincapié en el principio de inmediación que hace alusión al contacto directo del juez con la prueba producida en dicha audiencia, estaba más que claro qué condena iba a recibir porque abundaba prueba objetiva para condenar. El peligro procesal de fuga se agudizó sobremanera”.
“Se resaltó en el pedido de aplicación de una medida cautelar, el hecho de que Fernández fuera camionero y su inestabilidad de paradero. Sin embargo, no se hizo lugar al pedido de la querella. Se le facilitó a Fernández que firmara en una Comisaría los fines de semana, para que no perdiera días laborales”, contó.
“Nunca se respetó tanto el derecho del imputado. Hacen uso desmedido de la prisión preventiva, y en casos que realmente amerita la aplicación, no la aplican. No hay un criterio. Hay infinidad de Instrumentos Internacionales de cumplimiento obligatorio para la Argentina, respecto de la protección de la víctima de abuso sexual y del compromiso del Estado en garantizar su acceso a la justicia. Dentro de esta garantía se encuentra el cumplimiento de la condena de Fernández. Por supuesto, no sé respetaron estás obligaciones. Y por supuesto se actuará en consecuencia”, advirtió.
Por último señaló que “espero que los responsables estén trabajando para encontrar a Fernández. Jamás se tuvo en cuenta a la víctima en este proceso. Quien tuvo que pasar por situaciones desagradables para poder probar el hecho, y ahora para que?. Si su abusador esta libre. Siempre estuvo libre”.
