Así se resolvió en el plenario de comisiones que debatió sobre el tema por más de tres horas. Algunos pujaban por sacar despacho, pero se negoció esperar una semana más. No habrá invitados al debate.
Con cientos de militantes de organizaciones ambientalistas y movimientos sociales en las afueras del Congreso, la Cámara de Diputados avanzó en el debate del proyecto de ley de humedales y se acordó que se emitirá dictamen el próximo jueves 29.
En una nutrida sala del Anexo de la Cámara baja, el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Agricultura y Ganadería; y Presupuesto y Hacienda -emplazado en la última sesión-, pasó a un cuarto intermedio luego que oficialismo y oposición negociaran cómo continuaría la discusión.
Fue después del pedido que planteó el radical Ricardo Buryaile, ante las fuertes intenciones de algunos sectores para que el proyecto viera la luz este mismo jueves.
Cuando el debate llevaba alrededor de tres horas, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, tomó la palabra. En referencia a que se hablaba de un proyecto “ampliamente debatido, consensuado”, dijo: “Quiero dejar algo en claro y sin polemizar con nadie. Presido la Comisión de Agricultura hace cinco meses y nunca llegó este proyecto”.
Al mencionar que efectivamente se había tratado en Recursos Naturales, el formoseño remarcó que “tenemos una responsabilidad como diputados de estudiar lo que vamos a tratar”; y al coincidir con que se trata de “una ley trascendente”, consideró “una irresponsabilidad legislativa tratar a tontas y a locas, a libro cerrado”.
“No respondemos a ningún lobby, ni a los agronegocios, ni a los mineros, ni al lobby ambiental. Respondemos al mandato de nuestros representados. Y yo no acuso a nadie de estar respondiendo a algún lobby”, aseveró el exministro de Agroindustria luego de una acalorada intervención de la diputada de izquierda Romina Del Plá.
Con todo, Buryaile valoró la “buena voluntad” por debatir el tema “aún cuando hay diferencias”. “Dentro de nuestro interbloque tenemos tres proyectos”, señaló y propuso trazar un “esquema de trabajo” porque “tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo”. “Las leyes se trabajan, no se despachan”, completó y pidió un cuarto intermedio para acordar los pasos a seguir.
Luego de más de media hora, los diputados retomaron sus lugares y el conductor del debate, el presidente de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, informó que “con la voluntad de poder construir un dictamen del mayor nivel de acuerdo posible” y “coincidiendo todos en la necesidad de que este Congreso dictamine y tenga a bien poder lograr la media sanción que nos corresponde, hemos acordado que los bloques van a ir arrimando durante el transcurso de estos días propuestas concretas de modificaciones o sugerencias a los proyectos que estamos discutiendo“.
De esa manera, se pasa a “un cuarto intermedio hasta el próximo jueves que viene, a las 10 de la mañana, con el objetivo de dictaminar el mismo jueves y sin la presencia de ningún invitado”, completó el oficialista.
“Nosotros manifestamos nuestra disconformidad, pero entendemos el funcionamiento, en cuanto a la ausencia de invitados que nosotros proponíamos, que entendíamos que después de escuchar a los invitados debíamos tener una reunión más. Primó la posición de la mayoría, que nosotros no estamos de acuerdo, pero respetamos”, agregó Buryaile y se dio por concluida la jornada.
La introducción de la reunión
Tras la lectura de los diez proyectos en tratamiento en el comienzo del encuentro, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales reconoció que hay “acuerdos” y “desacuerdos”, pero “no se puede decir que no hay ningún diputado que no está en tema”. “El debate lleva unos cuantos años en Argentina y en el mundo”, expresó.
El oficialista recordó que la Convención Ramsar, “una de las primeras convenciones ambientalistas en materia internacional” se aprobó en 1971 y “estaba destinada a proteger estos ecosistemas” con el objetivo de “preservar la vida de las aves migratorias”. Argentina adhirió a la misma en el ’75 y fue ratificada por ley en 1991.
Este viernes 23 de septiembre “se cumplen 9 años de que este Congreso de la Nación le dio la primera media sanción en el Senado” a una ley de humedales, mencionó Grosso, para continuar: “Hace una década que este Congreso viene debatiendo la necesidad de establecer presupuestos mínimos de protección a los humedales”.
Ese proyecto alcanzó la unanimidad, pero luego en la Cámara de Diputados “juntó polvo en un cajón”; y “lo mismo pasó en 2016 con un proyecto entonces impulsado por el senador Fernando ‘Pino’ Solanas“, señaló Grosso.
Al hacer un racconto de los antecedentes, el legislador dijo que “semanas después de asumir, el mismo (Mauricio) Macri había establecido la necesidad de una ley de humedales”. “Entre 2015 y 2018 se presentaron ocho proyectos. En el 2020, con los fuegos del Delta del Paraná, se presentaron 15 expedientes”, detalló, para mencionar finalmente el dictamen de mayoría que se logró el año pasado en la comisión, pero que no se trató en las otras a las que tenía giro.
“Hay un debate que no empieza cuando nosotros llegamos acá. Hay un debate en la sociedad argentina”, remarcó y precisó que “el 80% de los humedales del mundo a lo largo de la historia fueron destruidos. Desde la Convención de Ramsar hasta acá, el 30% fue destruido y en América Latina tenemos el triste récord de superar ese 30% y haber destruido el 56%”.
Finalmente, Grosso advirtió que “en los últimos años se aceleró por tres el ritmo en el que venían siendo destruidos”, lo que “amerita la intervención y regulación del Estado”. “No perdamos esta oportunidad, asumamos la responsabilidad que tenemos”, concluyó.
La voz de los autores de proyectos
Arrancó la ronda la diputada del FIT Myriam Bregman, quien destacó “la enorme lucha que se viene dando para llegar a esta reunión” que se dio gracias a “la movilización popular, la movilización de los pueblos”. Al cuestionar el “lobby del agro-power”, tras leer expresiones de federaciones agropecuarias, apuntó: “Parece que ni con el dólar soja preferencial se tranquilizan, siempre quieren un poquito más, incluido el ambiente”.
En cuanto al proyecto, la legisladora de la izquierda pidió que se contemplen “realmente a todos” los humedales existentes, “que ocupan más de 20% de nuestro territorio”. También opinó que la autoridad de aplicación debe articular con “organismos especializados en ambiente” y “no que quede en manos de organismos estatales que tengan la presión del agronegocio”. Asimismo, reclamó que la norma incluya “la participación de las organizaciones socio-ambientales, y que su opinión tenga carácter vinculante”.
Por su parte, la radical Ximena García destacó que “es la primera vez que nos reunimos en un plenario para discutir en profundidad” y enfatizó que “una ley de estas características” requiere de “una profunda discusión para que efectivamente logremos la mejor ley, de consenso, que logre equilibrar a los diferentes sectores y voces” y así, “de una vez saldar esta deuda del Congreso”. Para ello, recomendó “salirnos y despejarnos de las posiciones fundamentalistas” y avanzar bajo el concepto de “desarrollo sostenible” para “equilibrar la producción y el ambiente”.
Al explicar su iniciativa, la santafesina sostuvo que “en el desarrollo del inventario tienen que ser contemplados los avances que ya tenemos hasta el momento”, e incluso “los inventarios en los que algunas provincias han avanzado”.
Coautor del proyecto junto a García, el diputado Maximiliano Ferraro consideró: “Tenemos la oportunidad de zanjar una deuda histórica con la ciudadanía”. Pero solicitó por un debate “serio, previsible y de una agenda de trabajo basada en los instrumentos de esta norma que pretende reservar el uso de los humedales en nuestro país”.
“Es importante tener un buen inventario para contar con la mejor información”, señaló el legislador de la Coalición Cívica, al tiempo de que “los ordenamientos se aprueben por ley provinciales” y “se puedan organizar con claros criterios toda la variedad y complejidad de actividades que hoy se llevan adelante en los humedales”. “La ley que buscamos no debe obstaculizar las actividades productivas”, aclaró.
Desde el Frente de Todos, la diputada Alicia Aparicio aseguró: “Nuestro bloque tiene el firma propósito de arribar al dictamen y a la ley de humedales con los consensos necesarios”. “Necesitamos una ley que imponga una mayor transferencia de recursos desde el Presupuesto Nacional hacia las provincias” para la gestión de humedales, al tiempo de “abrir espacios participativos” en provincias y municipios, dijo la bonaerense.
Con una mirada particular sobre la cuestión, el correntino Jorge Vara observó que la discusión hay que enmarcarla en cuatro artículos de la Constitución Nacional -41, 124, 28 y 17-; y resaltó que no se debe avanzar “sobre la potestad de las provincias” al referirse al federalismo. Respecto a la propiedad privada, el radical dijo que “esto puede gustar o no gustar, pero está en la Constitución” y si se avanza en ese sentido “va a terminar todo en la Corte”.
El exministro de Producción correntino analizó que hay proyectos que plantean la regulación del uso de los humedales con “fuertes restricciones que pueden afectar desarrollos productivos, inversiones, fuentes de trabajo y generación de recursos para las provincias, los municipios, y en algunas zonas para la Nación”.
“Nosotros vamos a defender a muerte el inventario que ya tiene hecho la provincia. Vamos a defender el federalismo en ese sentido”, aseveró y pidió “medir el impacto para que no salga el tiro por la culata”.
En una extensa intervención, la diputada Graciela Camaño consideró: “Estamos ante el debate más trascendental, esto es más importante que el Presupuesto Nacional, que es coyuntural, mientras esto es estratégico”. Al mostrar mapas del país, subrayó que “Argentina tiene el 72% del territorio desertificado; nosotros somos un país árido y semi-árido” y esto “afecta alrededor del 30% de la población”. “El 87% del Parque Chaqueño está desforestado”, sumó.
“Cuando hablamos de humedales hablamos de las famosas tierras pobres”, expresó la bonaerense, que habló entonces de la paradoja de que “las tierras despreciadas del siglo de la industrialización, hoy son miradas como una de las tablas de salvación que tiene el planeta frente al colapso del cambio climático”. “Si todos podemos pararnos en ese lugar, yo no tengo la menor duda que vamos a tener la inteligencia de legislar para que tengamos un proceso de producción que sea sostenible”, abogó.
Más adelante, la legisladora insistió: “El punto desde el cual debemos pensar la ley de humedales es el desastre ambiental y no las conveniencias, porque la producción y la habilitación de poder vivir en los humedales tiene que estar. Pero lo que tenemos que enseñarles a nuestros empresarios y a los habitantes de los humedales es que deben tener conciencia ecológica”. “Esta ley no va a impedir la producción, esta ley les va a exigir que produzcan de manera sustentable”, indicó.
Luego fue el turno del pampeano Hernán Pérez Araujo, quien reveló que el proyecto lo presentó al ver que su provincia, La Pampa, “viene padeciendo la lamentable extinción de sus humedales en el oeste”; además de que “la militancia social que ha sido fundamental para que arribemos a esta etapa”. En cuanto al tratamiento de la ley, recomendó que “todos” tiendan a “bajar la autorreferencia” y “ceder” en posiciones para sacar un texto consensuado.
“Esta no es una ley antiproductiva, que vaya contra los sectores económicos. Todo lo contrario. Tenemos que llevar de la mano a la producción con la protección del ambiente”, manifestó el oficialista, que pidió “salir de la dicotomía”.
Protagonista del pedido de emplazamiento a las comisiones, el socialista Enrique Estévez confesó su “alegría” de “estar debatiendo responsablemente un tema que se viene tratando en este Congreso desde hace por lo menos una década”. Sin embargo, manifestó que “lo negativo de estos últimos días es que todavía hay sectores que siguen negándose a la posibilidad de dar esta discusión”.
En la misma línea que Camaño, su compañera de interbloque, el santafesino argumentó que “no podemos analizar este tema desde el punto de vista de un sector u otro”, sino desde “una mirada de dónde estamos parados”. “Hace 10 años no existía todavía la magnitud que vemos hoy de catástrofes ambientales”, comparó y enfatizó que “cada vez va a haber más” incendios, inundaciones y sequías. Por eso, llamó a “establecer normas y pautas de cómo nosotros vamos a cambiar” porque “lo que no podemos hacer es tapar el sol con las manos”.
Finalmente, Grosso retomó la palabra, al hablar del proyecto de cual es autor y que fue dictaminado el año pasado. El presidente de Recursos Naturales convocó también a mirar “el contexto global, de crisis ecológica, de límite al que estamos llegando como sistema mundo”. Respecto de los incendios en el Delta del Paraná, informó que “en lo que va del año se registraron al menos 16.500 focos de calor en las zonas del Delta, que incendiaron algo así como 300.000 hectáreas, convirtiendo al 2022 en el segundo peor año en cantidad de incendios desde comenzaron los registros en 2010”.
Sobre la iniciativa, aseguró que se trató de “un proceso de lucha, organización de muchísima gente, de aportes de la comunidad científica” y legisladores de distintos bloques; además cuenta con “el apoyo de más de 500 organizaciones, de 190 científicos y científicas”. “No viene a prohibir nada, viene a establecer estándares de nuestra propia actividad”, garantizó.
Incluso destacó que “retoma la definición de humedales que se consensuó en el año 2017 en un taller impulsado por el gobierno de Mauricio Macri en la Secretaría de Ambiente de ese momento. No es una definición que escribí yo; y que por supuesto supera a la definición de Ramsar que es del ’71”.