La médica Miranda Ruiz había sido procesada de manera injusta por haber garantizado un aborto legal en la ciudad de Tartagal.
El juez Luciano Martini, de la Sala I del Tribunal de Impugnación, hizo lugar a un recurso de apelación y sobreseyó a Ruiz, quien, pese a haber actuado conforme la ley, estaba imputada por el delito de aborto sin consentimiento de la gestante. El juez sentenció que “debe afirmarse con grado de certeza que Miranda Ruiz actuó autorizada por la ley; por lo tanto, su actividad fue lícita”.
“En la semana previa al Día de Acción Internacional por el Aborto Legal recibimos con profundo entusiasmo esta gran noticia. Argentina ha hecho enormes esfuerzos y es un país de avanzada en legislación vinculada al aborto, sin embargo, su implementación aún presenta barreras. Miranda jamás debió ser imputada. Su caso visibiliza el irremplazable rol de las y los profesionales de la salud en el acceso al aborto y exige que el Estado, en todos sus niveles, respalde y fomente su trabajo y proteja a quienes sean injustamente perseguidos u hostigados por garantizar derechos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Desde agosto de 2021, Miranda Ruiz enfrentaba un proceso penal por haber garantizado un aborto bajo el amparo de la ley. La práctica había sido solicitada por una persona adulta que prestó su consentimiento, y la intervención fue acompañada por un equipo interdisciplinario y avalada por la dirección del hospital. En el marco de ese proceso, fue detenida por disposición judicial mientras se encontraba trabajando en el hospital; permaneció privada de la libertad e incomunicada varias horas en un calabozo de la cárcel de mujeres. La investigación presentó irregularidades que fueron denunciadas por su defensa y organizaciones de la sociedad civil.
Miranda nació en la Ciudad de Buenos Aires, se graduó con honores en la UBA y obtuvo el título de especialista en medicina interna por la misma universidad, luego de su residencia en el Hospital Posadas de la Provincia de Buenos Aires. Fue injustamente detenida mientras realizaba su segunda residencia en medicina familiar y comunitaria en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, una ciudad ubicada al norte de la provincia de Salta, a 50 kilómetros de la frontera con Bolivia.
