El exintendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre, junto a los exdiputados Maximiliano Aliaga, Adriana Leher y Darío Casado, le piden al director y sindico de Pampetrol, Hugo Pérez y Martín Matzkin, respectivamente, que fijen públicamente su posición por el proyecto de la construcción de la planta de biomasa en Lonquimay.
A través de una nota dirigida a Hug Pérez y Martín Matzkin, militantes y ex funcionarios de Cambiemos, como Maximiliano Aliaga, Leandro Altolaguirre, Darío Casado, Luis Bertone, Yanina Castro Echeveste y Adriana Leher entre otros, solicitaron que “fijen públicamente su posición previo a la Audiencia pública sobre el proyecto de la Planta generadora de energía CSR/Biomasa, Lonquimay. Pampetrol Sapem, en la cual se utilizará la fracción de rechazo de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados en las 45 localidades de las microrregiones 1, 2, 6 y 7 además de biomasa”.
Fundamentan el pedido en que “hemos oído en reuniones que el propio Director Hugo Pérez se ha manifestado en contra de dicho proyecto. Por eso consideramos que por sus roles en Pampetrol S.A.P.E.M. en representación de la oposición parlamentaria, hagan públicas sus objeciones y cuestionamientos a dicha iniciativa”.
Recordaron que como es de público conocimiento, este proyecto tendrá su Audiencia pública el próximo viernes 4 de noviembre de 2022 a las 12 horas en la Casa de la Cultura Manolo Riego, ubicada en la calle Bompadre Nº 520, esquina 25 de Mayo de la localidad de Lonquimay: “Este emprendimiento ha generado muchas suspicacias, incluso a pedido del Bloque de Diputados de la UCR se ha postergado la realización de la Audiencia Pública por errores procedimentales”.
Comentaron que “el diputado Francisco Torroba (Presidente del Bloque de la UCR) junto al resto de los diputados de esa bancada, se mostraron contrarios a la instalación de esa Planta generadora de energía CSR/Biomasa, en Lonquimay. Dicen que debió avanzarse en energía eólica y solar. Además, ha mantenido reuniones con vecinos de Lonquimay fijando su posición”.
“No le vemos la necesidad de instalar ese tipo de planta en nuestra Provincia, el Volumen de generación de energía tampoco es importante, sería la primera de este tipo en Argentina. Acá no se justifica y además es una tecnología muy cuestionada internacionalmente por sus costos y eficiencia energética. Con el agravante de que aquí se trata de un proceso sin consenso, y escasa participación”.
Sostienen que “La trampa está en que el Estudio de Impacto Ambiental, es solamente del área de afectación directa de la planta de incineración, cuando en realidad debería analizarse todo el proyecto, incluido desde donde llevarían la biomasa y los residuos domiciliarios, porque ahí cambia mucho el escenario de los costos operativos y los costos ambientales, trasladando todos esos residuos hasta ahí, en Lonquimay”.
