El ex jefe comunal, del Movimiento Popular Veinticinqueño, está imputado en una causa en la que se los considera partícipes necesarios de una organización de “trata de personas” orientada a la explotación sexual.
Este viernes, comenzó en la Ciudad Judicial el juicio contra el ex intendente de la localidad de 25 de Mayo, David Bravo, por trata de personas.
El ex jefe comunal, del Movimiento Popular Veinticinqueño, está imputado en una causa en la que se los considera partícipes necesarios de una organización de “trata de personas” orientada a la explotación sexual.
El ex intendente es juzgado por Pablo Ramiro Díaz Lacava, José Mario Tripputi y Marcos Javier Aguerrido. La acusación la encabeza la fiscala Iara Jesica Silvestre; y la defensa de Bravo es ejercida por Gastón Gómez.
El caso se conoció en el año 2011 y durante varias jornadas declararán más de setenta testigos. El 13 de diciembre de ese año, en la Fiscalía Federal, se recibió la denuncia de Juan Ignacio Gallo, un empleado de la Dirección Nacional de Migraciones de Santa Rosa, quien manifestó haber recibido una comunicación telefónica de una mujer de nacionalidad dominicana que le dijo que se había ido de un cabaret en 25 de Mayo, en donde quedaban varias mujeres a las que maltrataban, una de ellas embarazada. La mujer explicó que no había avisado a la policía «porque sabían todo y que cuando iba el jefe de la municipalidad al cabaret te daban mil pesos y él firmaba».
De inmediato la fiscala federal Marta Fernández de Odasso inició una investigación de los locales «Oasis», «El Rancho», «Venus» y «El sueño», que funcionaban en 25 de Mayo. Así, la funcionaria judicial determinó en forma fehaciente, el funcionamiento irregular de esos cabarets mediante diligencias cumplidas por personal de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Brigada de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, Delegación Santa Rosa.
A mediados de noviembre del año pasado, el fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella, solicitó el juicio oral para determinar las responsabilidades del ex intendente David Bravo, a quien endilgan haber firmado habilitaciones en forma irregular, el ex jefe de la dependencia policial local, Miguel Ángel Oyarce, por encubrimiento, y de los regentes de los centros nocturnos, Nurys Antonia Caraballo Castillo y su hijo José Luis Carpio Carballo, por ser autores materiales. Los acusan de ser partícipes de una organización orientada a la explotación sexual.
El TOF acumuló documentos que tienen que ver con el papel que jugó David Bravo en su carácter de intendente. Desde el municipio giraron facsímiles autenticados de ordenanzas promulgadas y resoluciones municipales, relacionadas con la causa, rubricadas por el citado mandatario entre los años 2002 a 1012.
Por ejemplo constancias de la ordenanza 052 promulgada por Bravo el 28 de noviembre de 2002, en la que se regula la habilitación de cabarets. También las habilitaciones del cabaret «Oasis», a nombre de Sergio Norberto Brites, en abril de 2006; de otro local similar cuyo titular era Omar Javier Ulrich, en junio de 2008.
Del mismo modo Bravo, en marzo de 2008, habilitó a otro centro nocturno similar, gestionado por Jorge Ariel Martínez; y finalmente, en octubre de 2008, autorizó la habilitación de otro cabaret, con nombre de fantasía «Venus», a nombre de Nurys Caraballo Castillo.
El último documento aportado por el Ejecutivo veinticinqueño al TOF, es la ordenanza Nº 26, de fecha 3 de septiembre de 2010, en la que el Concejo, con la investigación de ésta causa en pleno desarrollo, tomó «urgentes medidas tras los hechos sucedidos por la trata de personas». La misma dispone «prohíbase la habilitación de cabarets, whiskerías, nigth club, y clubes nocturnos», que Bravo promulgó mediante la resolución municipal 554 el 20 de septiembre de 2010.
Cabe recordar que Bravo ya cuenta con un antecedente. En 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el delito de abuso de autoridad, ante la habilitación irregular de un cabaret, en un fallo que había dictado la Justicia pampeana. (Fotos: Gentileza Mauro Monteiro).
