El organismo oficial detalla los problemas para la salud y el ambiente pero alerta que una eliminación abrupta causará graves problemas en la calidad y cantidad de alimentos producidos. Las pocas estadísticas oficiales alimentan la ambigüedad. Cuadro comparativo de la legislación Pampeana.
Plan B Noticias accedió al informe que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) elaboró sobre el impacto del uso de los agrotóxicos en la producción agrícola, evaluó los posibles daños en la salud, pero no toma partido, e incluso, alerta que “la agricultura no puede prescindir completamente sin poner en riesgo el volumen y la calidad de la producción de alimentos, sin desconocer sus potenciales efectos para la salud de las personas y el ambiente”
En el informe “Los productos fitosanitarios en los sistemas productivos de la Argentina. Una mirada desde el INTA” reconoce que la normativa argentina sobre la regulación de agrotóxicos “pone el foco en la toxicidad aguda y es deficitaria en los posibles efectos crónicos, aspecto que se encuentra en estudio y debate en diversos países”. A su vez, afirma que en nuestro país los sistemas productivos se configuraron generando una dependencia del uso de agroquímicos y que en los sectores periurbanos, donde la actividad agrícola se encuentra más cercana a las poblaciones urbanas, las aspersiones “han provocado un alto nivel de conflictividad”.
El organismo nacional detalla que Argentina se caracteriza por tener un importante consumo anual de productos de síntesis química para la producción agrícola, de origen nacional o importado. En las 36 millones de hectáreas cultivadas, se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros tipos de agroquímicos. Los envases necesarios para su comercialización generan unas 17 mil toneladas de polietileno cada año.
El informe reconoce el nivel de dependencia generada con los agrotóxicos en el actual modelo agropecuario al indicar su uso creciente: 151,3 millones de kilogramos o litros de productos comercializados en 2002, 225 millones de kilogramos o litros en 2008 y cerca de 317 millones de kilogramos o litros en 2012, según las últimas cifras publicadas por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe).
En 2016 hubo un aumento del volumen vendido del 13 por ciento respecto del año anterior, debido principalmente al incremento de la superficie sembrada de trigo y maíz y a “la problemática de malezas resistente”». En la campaña 2018/19, la soja y el maíz representaron el 66,7 por ciento del área agrícola total en Argentina. De modo paralelo, creció exponencialmente el volumen de productos químicos utilizados, que ha superado los 500 millones de kilogramos en los últimos años, un promedio de 13 kg por hectárea. Entre los agrotóxicos más usados se cuentan el glifosato, el 2,4-D, el endosulfán, la atrazina, la dicamba, la cipermetrina y el clorpirifos.
A su vez, indica que “no hay datos públicos que permitan tener información respecto de las poblaciones expuestas2
Actualmente hay en el mercado argentino cerca de 5400 productos formulados registrados en el SENASA. Los herbicidas son el grupo mayoritario con 43 por ciento, seguido por los insecticidas y fungicidas. En este marco, sostiene el informe, los conflictos y controversias sobre las consecuencias ambientales y sanitarias derivadas de la exposición a estos productos adquieren gran relevancia social.
En Argentina “diversos estudios detectaron la presencia de fitosanitarios en aire, aguas superficiales, subterráneas y de lluvia, suelos agrícolas y en áreas urbanas y periurbanas”, pero el INTA dice que “no existen estadísticas oficiales que midan el volumen anual de sustancias químicas utilizadas, tampoco se dispone de datos públicos que permitan tener información certera respecto de la situación sanitaria de las poblaciones expuestas ni en cuanto al diagnóstico como al seguimiento de los casos”.
Describe que, en el caso de sustancias como glifosato, 2,4-D, metsulfuron metil, piretroides, atrazina y clorpirifos, el bajo costo, la disponibilidad y la facilidad de uso posibilitan que se incurra en “descuidos y empleo fuera de registro que terminan llamando la atención de los que se sienten perjudicados por tal hecho”. Asimismo, reconoce el impacto de la deriva post aspersión en la contaminación del agua y de los suelos, como así también la creciente resistencia de las malezas por la “alta frecuencia” de aplicación de insumos de síntesis química. Frente a estos problemas, el INTA sostiene que las llamadas Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) —que no excluyen el uso de agroquímicos en la producción— son “un instrumento clave”.
En el informe se afirma que “sin el empleo de fitosanitarios la pérdida de frutas, verduras y cereales a nivel mundial por daños causados por plagas alcanzaría el 78 por ciento, el 54 por ciento y el 32 por ciento, respectivamente”, pero matiza: “la literatura internacional reporta que su uso genera efectos no deseados, como pérdida de biodiversidad acuática, proliferación de especies plaga tolerantes y generación de resistencia en malezas, pérdida de polinizadores y contaminación del aire, suelo y aguas”.
Por último el INTA indica que “el aplicador es corresponsable de los resultados de las aplicaciones, conjuntamente con el productor y el asesor profesional. Todos ellos deben conocer el riesgo de la actividad para su salud y la de la población, entender la inocuidad de los alimentos y el cuidado del ambiente”.
Tóxicos
Los fitosanitarios de síntesis química tienen acción tóxica y, en consecuencia, pueden tener efectos nocivos en la salud de las personas. Para los años 2020 y 2021, las estadísticas a nivel nacional arrojaron registros de 198 y 227 personas intoxicadas, respectivamente”.
En el Congreso Nacional de Fitosanitarios llevado a cabo en la Ciudad de Salta en el año 2017, el Dr. Alexis Benatti presentó un estudio con la siguiente información referida a intoxicaciones (https://www.senado.gob.ar/upload/24669.pdf). Entre las consultas por intoxicaciones que se receptaron, el 12 % correspondió a PFs en general, en tanto el 82 % restante se atribuyó a un amplio conjunto de factores. A su vez, dentro de los PFs, 74 % se vincula a productos domisanitarios y 24 % a fitosanitarios. En conclusión, las consultas por intoxicaciones con PFs representaron el 4,2 % del total. De ellas, 78 % correspondió al ámbito laboral, 32 % a casos accidentales, 25 % intencionales y 6 % a causas varias.
Las estadísticas sobre incidencia de casos de cáncer en la Argentina no difieren de las tasas estimadas en Europa y EE.UU. En similar línea, la Red Nacional de Anomalías Congénitas declara en su reporte de 2018 que la prevalencia de casos de alteraciones congénitas en las principales provincias productoras se encuentra por debajo de la media mundial.
Por otro lado, Butinof et al. (2017) reportan un importante impacto en la salud de los individuos ocupacionalmente expuestos al uso de plaguicidas en la provincia de Córdoba (Argentina), tal como lo expresa la evidencia obtenida a partir de la mayor ocurrencia de síntomas percibida y daño genotóxico entre agroaplicadores, respecto de los sujetos no expuestos. Ello pone de relieve la asociación del daño con mayores niveles de exposición en ámbitos laborales.
