Me dijeron que en el Reino del Revés
Nadie baila con los pies
Que un ladrón es vigilante y otro es juez
Y que dos y dos son tres
El reino del revés
Canción de María Elena Walsh
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “ante los hechos de público conocimiento”, expresó en un comunicado “su reafirmación de los principios éticos que deben guiar a la magistratura y la función judicial, particularmente aquellos tendientes a evitar conductas que pongan en crisis la confianza que la sociedad debe tener en sus jueces”. Igualmente el pedido de que mantengan conductas irreprochables debería ser algo obvio en quienes son los responsables de la justicia de los argentinos y argentinas.
Los apuntados son el juez Julián Ercolini (Juzgado Federal 10); Pablo Yadarola (Juzgado Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Juzgado Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (juez del Tribunal de Casación Penal, máximo organismo inmediato anterior a la Corte Suprema); Juan Batista Mahiques (Procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Tomás Reinke (exjefe de Legales de la SIDE); Jorge Rendo (CEO del Grupo Clarin); Leonardo Bergroth (exagente de inteligencia de la SIDE); Marcelo D´Alessandro (ministro de Seguridad porteño) y Pablo Casey (director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino del CEO sobrino de Héctor Magnetto).
La junta federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.) fue el primer organismo judicial del país en expresarse sobre el viaje que jueces y fiscales realizaron a Lago Escondido junto a empresarios de medios, hombres vinculados a la inteligencia y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
En tal sentido, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia judicial. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional; esto es en relación con el Poder Judicial como sistema, aunque también en conexión con su vertiente individual; es decir con relación a la persona del juez específico”.
Agregó la CIDH que “el objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular, se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial, o incluso por parte de quienes ejercen funciones de revisión o apelación” (Corte IDH. Caso Rico Vs. Argentina. Excepción preliminar y fondo. Sentencia del 2 de septiembre de 2019. Serie C No. 383, § 53).
Por tal motivo, la Jufejus señaló que “debemos en todo momento mantener una conducta irreprochable porque el Poder Judicial es, y debe seguir siendo, el último refugio de los derechos, la libertad y los valores republicanos. No se puede ejercer la función judicial de tal manera que ponga en crisis el fundamento mismo del Poder Judicial”.
Finalmente destacó “el enorme trabajo que cotidianamente realizan los poderes judiciales provinciales y de CABA para garantizar el acceso a justicia, con independencia, transparencia e imparcialidad”.
