La comunidad ranquel Epumer de Colonia Emilio Mitre denunció que quieren desalojar a un puestero de la comunidad en el departamento de Chical Có, para después quedarse con esas tierras y venderlas. Advierten que el caso sentaría precedente y pondría en la misma situación al resto de las personas que viven en esas tierras en el oeste, y piden que el reclamo sea escuchado por el Gobierno.
Carlos Martínez, integrante de la comunidad Epumer de Colonia Emilio Mitre, denunció que la justicia pampeana viola la ley que prohíbe los desalojos en tierras del oeste provincial.
“Tienen sentencia firme en un juicio por desalojo para el 16 de enero, en plena feria judicial”, dijo Martínez a Plan B Noticias y denunció que “la justicia pampeana está violando la ley que prohíbe los desalojos”.
“Están violando su derecho constitucional que tiene como integrante de nuestra comunidad”, manifestó el vocero de la comunidad.
Desde la comunidad expresaron “sorpresa” porque “no es la primera vez que hacen esto con los descendientes indígenas del oeste”.
La ley en cuestión es la nº 2222, del año 2005, que en su artículo º1 establece la suspensión los juicios por desalojo en inmuebles rurales, ubicados en los Departamentos de Chicalcó, Chalileo, Puelén, Curacó y Limay Mahuida, ocupados por cualquier título, por familias o habitantes, indígenas u originarios, o sus descendientes, cualquiera sea el estadio procesal en el que se encuentren a la fecha de sanción de la presente Ley.
Pero el plazo de vigencia de dicha ley fue prorrogado hasta el 30 de septiembre del 2020, por la ley nº 3265, que a su vez incluye los alcances de lo previsto en el artículo 1° de la Ley 2222.
Desde la comunidad Epumer señalaron la responsabilidad del Superior Tribunal de Justicia que ratificó el fallo de la justicia piquense. “Hacen lo mismo siendo que los propios jueces en su momento acompañaron para que existiera la ley nº 2222 y que hay jurisprudencia en estos casos”.
A su vez denunciaron que “hoy están en riesgo todos los puesteros del oeste, que buscan resistir los desalojos que trabajan la tierra con mucho sacrificio, enfrentando sequías y demás contratiempos, mientras otros buscan desalojarlos para después vender las tierras como es este caso que denunciamos”.
Los integrantes de la comunidad advirtieron que “vamos a resistir contra este fallo, porque la constitución nacional y las leyes así lo dicen, porque estos fallos no respetan los derechos de nuestra comunidad y nuestros miembros”.
Por último, alertaron que de avanzar el desalojo judicial “haría caer la ley” que los ampara y “pondría en riesgo a todos los puesteros del oeste”.
Frente a esto pidieron ser escuchados por por el gobernador, el ministro de justicia y los diputados provinciales.
