El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura elaboró un informe tras su visita a las cárceles de La Pampa en agosto del 2022. Aumento de población carcelaria, hacinamiento, malas condiciones de aislamiento, instalaciones precarias, falta de higiene, problemas de acceso a la salud, entre otros. Desde el órgano veedor pidieron al Ministerio de Seguridad de La Pampa para que revea el estado de los edificios, y al Poder Judicial de La Pampa, atender la situación de las personas detenidas en comisarías y alcaidías de la Provincia.
El Comité manifestó su preocupación respecto de la cantidad de personas alojadas en comisarías y alcaidías provinciales de la Provincia.
“Al 31 de diciembre de 2020, la Policía de La Pampa reportó 348 personas alojadas en estos establecimientos, lo que representa un aumento porcentual de 114,8% desde el año 2010 a la fecha señalada. Alarma especialmente lo referido a tiempos de permanencia, que pueden extenderse durante años; los regímenes de encierro constantes -por falta de instalaciones adecuadas y escasez de personal-; y el caso de personas condenadas, a las que esta situación les representa una obstaculización para el avance en la progresividad de la pena. Estas dependencias no cuentan con áreas de evaluación (Consejos Correccionales), por lo que esta tarea recae únicamente sobre el Comisario a cargo. Asimismo, estas dificultades se profundizan con la aplicación de penas cortas de cumplimiento efectivo”.
Respecto de la permanencia, el Comité detalló que “se registraron casos de personas alojadas allí desde hacía 4 años, 2 años, entre otros”.
Alcaidías
En la Alcaidía de Santa Rosa preocupó fundamentalmente “el régimen de los sectores de aislamiento -conformados ambos espacios por cuatro celdas de 5m2 y un pequeño patio interno- donde se registraron plazos de permanencia de hasta un mes por motivos de seguridad y/o problemas de convivencia con el resto de la población alojada. Este régimen conlleva un agravamiento de las condiciones, dado que si bien las celdas permanecen abiertas de 9 a 21 horas -margen temporal en el que pueden compartir con el resto de las personas alojadas en el patio común-, las personas no pueden acceder a sectores de recreación al aire libre”.
En el mismo establecimiento destacaron “avances en lo que refiere a la alimentación, mejora acontecida después de una serie de reclamos llevadas a cabo por las PPL que motivó la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos. Si bien pueden acceder a la educación primaria y secundaria, tan sólo el 10 % asiste a la escuela; y, además, la Universidad Nacional de La Pampa ingresa al predio a dictar cursos que brindan puntaje para el estímulo educativo”. De todos modos, señalaron que en las alcaidías y comisarías ubicadas en localidades más lejanas a la ciudad capital estas dificultades se profundizan.
En cuanto a las condiciones de habitabilidad, señalaron que la dependencia de la capital pampeana “aloja a un total de 102 PPL, cuando su capacidad declarada es de 72 y la medida habitual de sus celdas es de 8,28 m2 – medida que no responde a los estándares del CNPT en tanto es de 6m2 por persona y 4m2 adicionales por persona-. A su vez, la delegación pudo detectar la reutilización de espacios de uso común para el alojamiento de personas, para lo cual se realizaron instalaciones precarias y caseras”.
El Comité visitó también la Alcaidía de General Pico, donde alertaron por la infraestructura, la falta de sectores para visitas íntimas, falta de calefacción, refrigeración y ventilación de los espacios; y la Alcaidía de General Acha, donde se denunció superpoblación, dificultados con el suministro eléctrico, la falta de personal, entre otros.
“A modo de síntesis, en todas las alcaldías se registraron problemas vinculados a la infraestructura. A su vez, se recibieron alegaciones coincidentes de demoras para el acceso a la salud, que generalmente debe solicitarlo la defensa y, aunque el juez a cargo las habilite, existen inconvenientes para los traslados por falta de móviles. Además, no hay controles médicos preventivos ni reciben tratamiento psicológico”, señala el informe.
Comisarías
En cuanto a las dependencias policiales, el Comité se refirió al caso de la Comisaría Nº3 de General Pico, una de las pocas que aloja a personas de género femenino de manera provisoria. En este sentido, advirtió por situaciones de maltrato verbal hacia las mujeres, la falta de acceso a productos de higiene menstrual, y demoras en la atención médica, entre otras.
“Preocupa que no pueden recibir visitas íntimas, no reciben kit menstrual y deben apoyarse en sus familiares en lo que respecta a elementos de higiene personal y limpieza. La revisión médica la realiza personal de género masculino, en presencia de celadoras”, indicaron.
El Comité además advierte sobre “las implicancias de los traslados a otras localidades en lo que respecta al sostenimiento de vínculos afectivos y familiares”, al referirse a los convenios mantenidos con el Servicio Penitenciario Federal y la Provincia de San Luis para alojar a presos pampeanos.
Recomendaciones
En primer lugar, el Comité instó al Ministerio de Seguridad, en articulación con las áreas correspondientes, a «realizar una revisión del estado edilicio de las alcaidías y comisarías de la Provincia, con el objetivo de realizar un diagnóstico y posteriormente, un plan de trabajo para su adecuación acorde a los “Lineamientos sobre capacidad y condiciones de privación de libertad en lugares de detención provisoria”8 elaborados por este Comité».
En esa misma línea, solicitó al Poder Judicial de La Pampa «analizar la situación de las personas detenidas en comisarías y alcaidías que bien podrían recurrir a una medida alternativa a la prisión o acceder a libertades anticipadas».
Asimismo, «si bien este Comité entiende que las dependencias policiales no son espacios para alojar personas por tiempos prolongados, hasta tanto se efectivice su vaciamiento definitivo invita a las autoridades judiciales de ejecución a revisar de modo urgente el sistema de calificación en estos espacios y procurar un seguimiento particular de los informes emitidos». De igual manera, solicita al Ministerio de Seguridad «ampliar los horarios de recreación, especialmente en el caso de los sectores de aislamiento y/o resguardo; generar espacios de articulación interministerial (Ministerio de Educación, Trabajo, Desarrollo Social, entre otros) para la puesta en funcionamiento de actividades recreativas, deportivas, culturales y de formación».
Por otra parte, el CNPT recomienda al Poder Ejecutivo de La Pampa «brindar las capacitaciones necesarias en materia de salvaguardias al momento de la detención». «Esto implica desarrollar una agenda de formación para el personal de salud que realiza estas tareas y al personal de seguridad que interviene en estas instancias. En igual medida, al Ministerio Público de la Defensa, en sintonía con las recomendaciones realizadas en el Informe Preliminar sobre defensa eficaz de las personas privadas de libertad y acceso a la justicia de víctimas de torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en Argentina aprobado por Resolución CNPT N°55/20219».
