Por Ricardo Víctor Cheli . El lawfare no es un fantasía, es un concepto traslúcido que se define como la “persecución judicial, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial. En América Latina es y ha sido -cada vez más frecuentemente- la utilización de esta estrategia. Manteniendo una apariencia de legalidad, procura inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente político, en un proceso de reflujo de los gobiernos progresistas y el avance de la derecha neoliberal. Esta persecución tiene como objetivo la expulsión/aniquilación de sectores, personalidades y proyectos de la esfera política formal; es decir, “eliminar al adversario por la vía judicial”.
Hoy, con el dictado de la arbitraria condena contra Cristina Fernández de Kirchner se plasma una etapa del Lawfare, pues no está fundada en pruebas, sino en meras especulaciones que, -según el decisorio-, llevó a los jueces que lo dictaron a la “íntima convicción” de la supuesta culpabilidad de la actual Vicepresidenta. Un réplica de lo ocurrido con Milagro Sala en Jujuy, con Lula en Brasil -por la supuesta posesión de un inmueble, que nunca estuvo registrado a su nombre, ni de sus familiares-con Correa en Ecuador y su vicepresidente Jorge Glas que aún está detenido, Evo en Bolivia, etc.
Es un “decisorio” y no de una sentencia, más allá de su extensión, porque es el simple producto de la exclusiva voluntad de los jueces que lo decidieron. Una sentencia, supone un relato de los antecedentes de hecho con los fundamentos jurídicos aplicables, basado en las pruebas concretas y ajustadas a las disposiciones de las leyes que se aplican al caso. Nada esto se observa en este esperpento antijurídico. O sea que estamos en presencia de una verdadero “golpe mediático judicial” que pretende encarcelar a la ex-presidenta e impedir que la misma pueda presentarse como candidata en las próximas elecciones.
Se trata de una “construcción jurídica” realmente kafkiana, por su contenido absurdo y paradójico. En efecto, la investigación se centró sobre obras viales realizadas por la empresa de Lázaro Báez acusándolo de haberlas facturado por costos superiores a su valor real, en unos casos y, en otras, de no haberlas hecho o concluidas, nada de eso fue probado, porque las pericias demostraron lo contrario.
Pero lo paradójico es que el fallo exime de responsabilidad a quien por entonces era el Ministro de Obras públicas, Ing. De Vido de quien dependía el control técnico de las obras y peor aún, también excluye de culpabilidad a los jefes de Gabinete, que se desempeñaban mientras se hacían las rutas y que eran los encargados del control y disposición de los fondos para pagar los trabajos como lo dispone la Constitución en los arts.100 y 102. Sin embargo, por esos mismos hechos en un proceso judicial montado en burdas sospechas por inexistencia de pruebas concretas y objetivas (y no, como el librito de Stolbizer que citan como testimonio), se condena a la Presidenta, que no era la encargada de ninguna de esas funciones.
Las claves de todos estos procesos ha sido encarar desde el neoliberalismo una supuesta lucha contra la “corrupción” para limpiar “la pesada herencia”, mientras -esos gobiernos de derecha-, insuflaban el odio y desesperanza social y subrepticiamente arrasaban con todos los derechos laborales, sociales y políticos. Asimismo, al mismo tiempo hipotecaban el patrimonio nacional con deudas externas impagables y/o rematando sus recursos naturales a precio vil. Estas operaciones atravesaron a América Latina toda impactando contra los gobiernos progresistas, para exterminarlos.
Ahora, frente al fracaso de algunos juicios a los líderes populares de la Patria Grande, como el caso de Bolivia y Brasil, han dado un vuelta de tuerca y tratando de ocultar que son los únicos responsables de la pobreza que afecta a sus pueblos, sostienen que esa indigencia y carestías hacen más permeable al Estado a la penetración del narcotráfico y del terrorismo, y allí aparece el gobierno yanqui proponiendo, como hipotético “desafío geopolítico”, penetrar con sus ventas de armas e instalar bases en los territorio de las naciones. Desde esta concepción de corrupción como amenaza a la democracia y a la seguridad, se construye un vínculo con el lawfare. Lucha contra la corrupción y guerra jurídica confluyen no sólo en el ámbito de la manufacturación de consentimiento pautada desde los medios de comunicación hegemónicos, sino en esferas menos visibles a los ojos de la opinión pública: la de los intereses geopolíticos, económicos y financieros.
Finalmente, en el caso de Argentina, los fundamentos del decisorio conocido ayer, se trata de un gran eslabón de una guerra judicial con múltiples objetivos, como el ya indicado, deslegitimando la gestión gubernamental del Peronismo kirchnerista (Néstor y Cristina), impedir su retorno a la política y acabar con su imagen pública, y finalmente destruir al peronismo y a la clase media sustento ineludible del Modelo nacional y popular. Así lo sostuvimos en una Nota publicada en este mismo diario https://www.planbnoticias.com.ar/index.php/2022/08/10/hoy-es-el-pacto-con-lo-mas-rancio-del-poder-neoliberal-sin-cambio-de-rumbo-manana-el-caos/ .-
