Las y trabajadores de la Unidad de Abordaje Políticas Socializadoras reclaman un convenio colectivo en el que se contemple la especificidad de las tareas que hacen. Afirman que para el Ministerio de Seguridad “no es prioridad que las personas condenadas cumplan con las normas de conducta”.
“Las Unidades de Abordaje, Orientación y Supervisión de personas en conflicto con la ley penal de la provincia de La Pampa, continuamos en lucha por el reconocimiento de nuestra labor como profesionales, exigiendo a las autoridades del Ministerio de Seguridad que retomen las reuniones paritarias a efectos de arribar a un acuerdo donde se reconozca el riesgo psicofísico, mayor responsabilidad, licencia profiláctica, jerarquización de los equipos de trabajo profesionales y administrativos , y demás”, señalaron.
“Al día de la fecha llevamos más de 4 meses en cuarto intermedio desde la primera reunión con representantes del Ministerio de Seguridad de la provincia. A su vez, otras dos semanas pasaron desde que notificamos por nota al secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontáa, de las medidas de fuerza que se tomarían en caso de que no se retome la negociación paritaria”, indicaron.
“Las Unidades de Abordaje sólo decepcionamos la firma de las personas supervisadas. Esto quiere decir que no se realiza supervisión de las personas condenadas, entrevistas, intervenciones o cualquier otro tipo de actividad que implique una labor activa de los profesionales que integramos dicho organismo, esta situación parece no importarle a las autoridades a cargo de nuestro ministerio, como, Horacio Di Napoli, el subsecretario de Protección Ciudadana, Hector Iervasi, la directora de coordinación del ente de políticas socializadoras, Viviana Rodriguez, y el subdirector de coordinación del ente de políticas socializadoras, Maximiliano Bassi”, mencionaron.
“Se vulneran a diario los derechos de los trabajadores, de los usuarios de este organismo y a la comunidad en general. Evidentemente que las personas condenadas cumplan con las reglas de conducta impuestas en su condena no es prioridad para este gobierno provincial”, destacaron.
“La intervención con las personas que ejercieron violencia de género tampoco es prioridad, solo es un slogan de campaña. En la provincia hay aproximadamente 1000 condenados en libertad, de los cuáles el 40% por violencia de género y el 20% por abuso sexual, el 40% restante corresponde al resto de los delitos”, detallaron.
“Todos ellos bajo el control, supervisión y acompañamiento de 15 personas – entre profesionales y administrativos”, finalizaron.
