Verónica y Fabián tenían un acuerdo de palabra con el dueño de la vivienda, que se las cedió de palabra. Luego de su fallecimiento, un familiar reclamó la casa. La justicia le dio la razón y serán desalojados en diez días.
Una familia que vive en la calle Centeno 715, entre Uruguay y Don Bosco, pide no ser desalojada de la vivienda en que habitan hace 10 años.
Según detallaron a Plan B Verónica Segovia y Fabián Hernández, la vivienda les fue cedida por José Robles, hace diez años, en un acuerdo realizado de palabra. El hombre falleció en el 2022 por COVID y apareció una sobrina a reclamar el inmueble.
Verónica y Fabián tienen tres hijos adolescentes, de 12, 16 y 20 años. La causa judicial siguió su curso y ahora tienen diez días para conseguir otra vivienda o arribar a una solución o quedarán en la calle.
“Lo que estamos reclamando es que nos tienen que dar una casa, porque ya tenemos un desalojo y están notificados, hace un año y medio tanto el IPAV, la municipalidad y la Casa de Gobierno. Todos hacen oídos sordos”, dijo Verónica a Plan B.
“La abogada defensora, que es la que tenía que apelar por nosotros, no hizo nada y nos entregó en bandeja para el desalojo. Nosotros hace 10 años que vivimos ahí”, recordó.
“Nosotros estábamos en la vivienda, que nos fue cedida de palabra por el señor José Robles. Era una casa que estaba prácticamente en derrumbe. Le hicimos una gran cantidad de mejoras, porque no se podía ni vivir. Ahora, la solución que nos dan es una bolsa, mercadería y $15.000”, explicó.
Luego del fallecimiento de Robles, la familia les solicitó la casa a Verónica y Fabián. “La sobrina es la que nos está reclamando el lugar. En mi familia somos cinco, mi pareja y tres hijos, de 20, 16 y 12 años”.
Por su parte, Fabián, pareja de Verónica dijo que les es imposible alquilar una vivienda. “Los alquileres son inalcanzables con los sueldos que tenemos, el valor de los alquileres. Está imposible alquilar. Hay mucha gente que busca alquiler y el que no te pide una suma exorbitante, te pide sin mascotas, ni chicos”.
“Nosotros quisimos llegar a un acuerdo con la sobrina de este hombre, pero ella no quiere. Piensa en demolerla y hacerla un terreno baldío. De todas maneras, nos estamos asesorando con un abogado, que nos dijo que la abogada que de la Ciudad Judicial, que había de oficio, no presentó, no pidió nada, un recurso ni nada, solo un escrito y ahí se quedó. No apeló ni buscó pruebas de las mejoras que hicimos acá. Por eso, la jueza desestimó nuestro pedido”, agregó.
“Si uno hace mejoras, te envían algún tasador, agrimensor para verificarlas y saque un presupuesto, de lo que se hizo. Pero como la abogada que nos dieron de oficio, no solicitó nada, se quedó con un solo escrito y prácticamente, nos dejó a la deriva”, criticó Fabián. “Durante un año, la jueza firmó peticiones a provincia, el municipio y el IPAV. Según nuestro abogado, esta sentencia es arbitraria, además de que hay menores y por eso presentó una apelación”, agregó.
En referencia al acuerdo con José Robles, el dueño de la vivienda, Fabián dijo que “cuando llega el exmarido de mi señora acá, Robles le da esta vivienda, porque eran cuatro paredes, ni muros en el frente y le dijo que se quedara en la vivienda, para que no ingresara gente desconocida. Nos aseguró que nadie los iba a sacar, porque no tenía hijos y familia. Fue todo un acuerdo de palabra y las mejoras que se hicieron, se hicieron con su consentimiento”.
“Era una persona que siempre estuvo con nosotros y compartíamos con él, venía a tomar mate con facturas. Esto no fue nunca una usurpación. No hubo nunca una denuncia y él estaba al tanto de esta situación. Teníamos una relación de amistad. Lamentablemente, falleció por Covid y apareció una sobrina. Con anterioridad, él estaba dispuesto a cedernos la propiedad, con un escribano, donde nos cedía el uso y la tenencia de la propiedad, pero falleció”, explicó Fabián.
Ahora, les llegó la sentencia judicial y deberán ser desalojados en 10 días. “Ahora estamos apelando esta sentencia, con un nuevo abogado, ya que la defensora oficial, no hizo nada, solo un escrito, donde mostraba nuestra situación y que pedía intervención al IPAV.
