Elaborada por los ministerios de Justicia, Seguridad y Mujeres, Géneros y Diversidad, se trata de un protocolo oficial para implementar pautas y herramientas para el abordaje en estos casos por parte de organismos del Estado y fuerzas policiales, y fue presentado esta semana en Rosario en el XVIII Encuentro del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Por La Pampa participó el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce.
Esta semana se realizó en Rosario el XVIII Encuentro del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, donde se presentó la Guía de actuación para la búsqueda de mujeres y LGBTI+ desaparecidas en contexto de violencias por motivos de género.
El mismo se llevó a cabo en el Salón Rodolfo Walsh de la Sede Gobierno de la ciudad de Rosario y contó con la participación de más de 50 personas. Durante las jornadas de trabajo se presentaron los avances en la implementación de las políticas previstas para prevenir la trata de personas y asistir a sus víctimas a través de un abordaje integral.
Con respecto al resultado de la actividad, la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky, sostuvo: “Quienes acompañamos el abordaje de las situaciones de trata de personas tenemos el desafío de trabajar en pos de la reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas, junto a la reparación y restitución del ejercicio de los derechos vulnerados, involucrando no solo a los equipos territoriales de atención directa, sino también al Estado en su conjunto, desde distintos organismos que adoptan medidas integrales”.
En este sentido, destacó: “El abordaje es necesariamente multiagencial y se produce a través de la implementación de políticas públicas transversales a todas las áreas de la Administración Pública Nacional, gobiernos provinciales y locales. El objetivo es garantizar que cada persona en situación de trata tenga el efectivo acceso a la justicia y a los derechos económicos y sociales, además de la atención psicológica y social en el caso de que lo requiera”.
La multiplicidad de factores que deben conjugarse para la asistencia requiere políticas públicas que atraviesan a todas las áreas de la Administración Pública Nacional, en todos los niveles y organismos, como así también junto a la sociedad civil. Por este motivo, el Encuentro contó también con representantes de las carteras nacionales de Justicia y Derechos Humanos; Seguridad; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y Desarrollo Social. Asimismo, participan en este ámbito el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas; la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX); representantes de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires; y organizaciones sociales.
La Pampa
En representación de La Pampa asistió el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce.
A solicitud de la coordinación del Consejo, Fasce abordó ante las y los referentes de todo el país la modalidad de los matrimonios forzados como trata de personas. Explicó que «no son casos que se dan en forma reiterada en La Pampa, pero que la Subsecretaría tuvo que intervenir específicamente en varias oportunidades».
“Los involucrados en estas conductas prohibidas y reprimidas por la ley, esgrimen un derecho ancestral o cultural de sus comunidades tratando de justificar ese tipo de compromisos que violentan las voluntades de los implicados. Ese tipo de comercialización entre adultos y menores, donde hay tráfico de dinero, claramente colocan la situación en un plano de ilegalidad”, afirmó Fasce.
«El matrimonio forzado da como resultado que una persona tenga control sobre otra con fines de explotación, que puede incluir explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o la servidumbre», explicó el funcionario provincial.
Durante el encuentro se abordaron además de estos temas las pautas para la administración de los bienes cautelados en causas vinculadas a delitos de trata y explotación de personas y de lavado de activos provenientes de tales delitos. Recomendaciones acerca de los mecanismos más adecuados de gestión de los activos incautados durante causas de trata de personas para evitar su pérdida de valor. Su conservación durante sentencias condenatorias no firmes tiene como objetivo que esos bienes puedan afectarse cuando esté el fallo definitivo a la satisfacción de los derechos de las víctimas a obtener una reparación económica.
