Serie documental «Videla en La Pampa» (Santa Rosa – 1977) Publicado por FOTOTECABERNARDOGRAFF el 16 JUNIO, 2009.
Por primera vez se conocen los documentos oficiales de la Iglesia Católica Argentina sobre la actuación de las principales autoridades religiosas en la última dictadura militar (1976 – 1983) ¿Qué hizo el obispo Arana por los Derechos Humanos?
En el voluminoso trabajo oficial de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sobre la actuación de las autoridades católicas de Argentina, Adolfo Arana, quien fuera el obispo de La Pampa, aparece mencionado en cinco oportunidades, donde sigue la regla general y no las honrosas excepciones de quienes levantaron la voz.
Con el avance del terrorismo de estado y sus indisimulables crímenes, se pasará del silencio cómplice y la recomendación de resignación católica para los familiares de las víctimas que pedían la intervención religiosa, a las tibias advertencias de la cúpula sacerdotal cuando la dictadura se encaminaba hacia su fin.
Adolfo Roque Esteban Arana (1916 – 2003) fue obispo de Santa Rosa entre el 23 de febrero de 1973 y el 6 de agosto de 1984, es decir, durante toda la dictadura cívico, militar y eclesiástica.
Entre octubre de 1978 y marzo de 1979, la CEA, por iniciativa de los obispos Jaime De Nevares (Neuquén), Miguel Hesayne (Viedma), Jorge Novak (Quilmes) y Vicente Zazpe (Santa Fe) debate la opción por una “manifestación más clara” ante el gobierno sobre la violación de los de Derechos humanos.
Otro grupo desaconsejó la iniciativa porque podría debilitarse la autoridad de la Junta Militar. La Iglesia a nivel mundial atravesaba cambios: tras el breve papado de Juan Pablo I, el polaco Carol Wojtyla iniciaba su pontificado como Juan Pablo II. En esta ocasión, la participación de Arana será la del Obispo que se pone del lado da la ortodoxia conservadora.
Los díscolos exigen un documento más firme porque la autoridad episcopal estaba dando “una imagen de debilidad y complacencia” ante los crímenes del terrorismo de estado. El debate se extiende por más de cuatro meses y se expresa en la carta pastoral “La paz es obra de todos”, que se termina en marzo, luego de una aparición pública de las Madres de Plaza de Mayo ante el Papa, lo que implica una presión para los religiosos argentinos de la CEA.
La discusión habilitó que obispos, menos jugados con la denuncia, reconocieran las dificultades para “visitar a los presos” y la falta de información sobre su estado que tenían las familias. Cándido Rubiolo (Villa María) y Jorge Kemerer (Posadas) advirtieron por “juicios imparciales a los condenados”.
Italo Servino Di Stefano (Chaco), Alfredo Espósito (Zárate Campan) y De Nevares exigen que “hay que decir que no está bien, que haya tanta gente presa sin causa legal” para que el pueblo no cuestione que “es un escándalo que los obispos no digan la verdad” y advierten del doble mensaje que da la Iglesia “al participar de los actos oficiales”.
El obispo de Neuquén llevó al plenario el documento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que al año 1978 ya registraba 3.000 desaparecidos, torturas, muertes, asesinatos arrojando al río de La Plata a personas desde los aviones, vejámenes y presos sin juicios.
Resaltó la gravedad de las acciones de las fuerzas armadas por su condición de cristianas y aclaró que los desaparecidos no eran efecto de grupos parapoliciales “sino que es un método oficial de represión, y eso está probado”.
Conducida por el cardenal Raúl Francisco Primatesta, la CEA mantenía su postura pro dictadura y desautorizó los argumentos de los obispos que exigían una postura firme contra la violación a los DDHH, con dos cartas del ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy.
El vocero fue Adolfo Servando Tortolo, obispo de Paraná y vicario General Castrense. Y ante todos dijo que “De Nevares tenía fama de marxista desde la óptica de Harguindeguy” por haber protegido a “sacerdotes marxistas” y le nombró el caso de Pascual Rodríguez, “que estuvo en la APDH”.
Tortolo recomendó no emitir un documento de esas características para no afectar la estabilidad de la Nación por promover un cambio de orientación de carácter marxista, que no tendría retorno.
De Nevares rechazó la carta de Harguindeguy y cuestionó que se les diera validez a sus dichos. Sobre la mesa también se instaló la propuesta de adherirse al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
El borrador presentado fue catalogado por quienes no querían emitir una opinión sobre el terrorismo de estado, como “una especie de propaganda e infiltración política” del marxismo y las Madres de Plaza de Mayo.
Durante ese debate, monseñor Adolfo Arana, obispo de La Pampa, no emitió opinión y su intervención se limitó a la Unión de Scouts Católicos Argentinos. El tema de los DDHH se fue diluyendo y la 38° asamblea de la CEA apenas emitiría otro tibio documento, titulado “La paz es obra de todos”, una suerte de anticipo de la teoría de los dos demonios, con efímeras menciones sobre las cárceles.
El documento aprobado y publicado reflexionó sobre “los medios necesarios para la obtención de la paz” y no se enfocó en la guerrilla o el terrorismo de estado, al punto de que en su redacción se hace muy difícil identificarlos y diferenciarlos.
“Si señalamos falencias y errores, es solo con ánimo de contribuir a que, con renovada esperanza, recorramos juntos el camino de la paz y se afiance cada vez más la fraterna unidad nacional […] el bien común no es lo mismo que el bien del Estado, sino es aquello que procura el desarrollo y plenitud de la persona en su realidad individual y social […] Cuando la autoridad antepone intereses distintos, aún muy válidos, a la procura de este bien, o cuando los ciudadanos no contribuyen en su medida, buscando, por el contrario, intereses sectoriales o individuales, la comunidad padece y la paz se resquebraja”, dijeron los obispos.
En otro tramo piden la sanción de una legislación que le permita actuar en la dictadura con legitimidad: “Un régimen de legalidad judicial plena hará posible que nadie permanezca largo tiempo detenido, sin que se le haya abierto un proceso ante la justicia. Asimismo, evitará se demore innecesariamente la resolución de las causas ya iniciadas. Los obispos tenemos conciencia de las dificultades que entraña la acción legal frente a los extremismos. Por ello pedimos también una actitud creativa en orden a obtener una legislación adecuada, que, por otra parte, evite la tentación de actuar fuera de la ley en la represión. Los caminos de la paz exigen que el trato que en las cárceles se dé a los detenidos, cualquiera sea la causa de su prisión, tenga en cuenta las necesidades normales de la existencia humana, incluida la atención espiritual, y evite todo lo que lesione y destruya la persona, porque, aun en el peor de nosotros, donde la humanidad puede aparecer más oculta y deteriorada, siempre yace la imagen de hijo de Dios y la dignidad de su destino eterno”.
Y en la mención a los desaparecidos, hacen alusión a Pablo VI al señalar que “Coincidiendo con esta preocupación del gran Pontífice desaparecido, pedimos vivamente a las autoridades que, como decisiva contribución a la paz interna, se diga una palabra esclarecedora a los familiares de los desaparecidos, quienes se ven afectados, tanto por el dolor de la ausencia como por la incertidumbre ante la suerte corrida por sus seres queridos”.
A pesar de la justificación del régimen, la carta le “cayó mal a Videla”, Primatesta se disculpó y le tuvo que explicar el documento en persona, de la que se retiró con la venia del dictador.
Redacción: Plan B Noticias.
Foto de Arana con Videla: Serie documental «Videla en La Pampa» (Santa Rosa – 1977) / Publicado por FOTOTECABERNARDOGRAFF el 16 JUNIO, 2009
Fuente: La verdad los hará libres, la Conferencia Episcopal Argentina y la Santa Sede frente al Terrorismo de estado (1976 – 1983) Carlos GAlli, Juan Durán, Luis Liberti, Federico Tavelli. Editorial Plantea (2023).