Por medio de la “ley ómnibus” que recibirá tratamiento en el Congreso, el Gobierno busca suprimir un conjunto de regulaciones orientadas al control de precios.
La Ley de Góndolas (Ley 27545) se encuentra vigente desde marzo de 2020 con la finalidad de «contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores».
La legislación fue reformulada en 2021 por la Secretaría de Comercio Interior para regular la exhibición de productos tanto en góndolas físicas como virtuales, con el espíritu de que los consumidores puedan «visualizar primero los productos más accesibles».
Su régimen de aplicación se extiende sobre los supermercados minoristas y mayoristas de 800 metros cuadrados o más y en todas sus tiendas virtuales.
La normativa establece que las páginas web de los supermercados deben ordenar los productos de cada categoría de menor a mayor según su precio por unidad de medida.
De esta manera, se pretendía que los consumidores pudieran identificar primero los productos «más accesibles».
La reglamentación se formalizó por medio de la Resolución Nº926/2021.
Por otro lado, la ley obligó a los sitios a indicar el producto de menor precio dentro de una categoría con un logo aprobado previamente por la Secretaría de Comercio Interior.
De esta forma, si el consumidor opta por una opción de ordenamiento distinta a la determinada por la ley, igualmente puede visualizar fácilmente el producto más barato por unidad de medida, de acuerdo con la disposición.
La reglamentación también establece normas de identificación de productos fabricados por micro y pequeñas empresas (MiPyMEs).
En este caso, se estipuló que las páginas web de los supermercados deben destacar la oferta de productos elaborados por pequeñas empresas (micro y pequeñas empresas, agricultura familiar, campesina e indígena, economía popular, cooperativas y/o asociaciones mutuales), con señalética específica aprobada por Comercio Interior.
A partir de la puesta en marcha de la normativa, los sujetos alcanzados tenían un plazo de 60 días corridos para adecuar sus locaciones virtuales a las nuevas obligaciones, según lo dispuesto.
La Ley de Góndolas regula la oferta de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza del hogar y abarca a todas las grandes cadenas de supermercados de todo el país.
Entre otros puntos, la normativa apunta a «mantener la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la ley, con la finalidad de evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado».
Cabe recordar que esta decisión impulsada por el gobierno de Milei tiene como objeto de avanzar en la desregulación de la economía, el gobierno de Javier Milei se prepara para derogar la Ley de Góndolas y Ley de Abastecimiento, dos legislaciones aplicadas en los últimos años como parte de los programas de control de precios. En este contexto, la «ley ómnibus» que recibirá tratamiento en el Congreso de la Nación contemplaría la supresión de tres leyes que forman parte de los reclamos más habituales en las empresas de consumo masivo: la Ley de Abastecimiento (promulgada en 1974 y actualizada en 2014), la del Observatorio de Precios (es la Ley 26.992 de fines de 2015) y la de Góndolas (Ley 27.545 del 2020). (Perfil).
