Se trata de un ex secretario penal y abogado cercano al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
“Desígnase, a partir del 15 de diciembre de 2023, en el cargo de Titular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE JUSTICIA, al doctor Alejandro Erasmo Guillermo MELIK”, expresa la norma.
Designaron a Alejandro Melik como titular de la Oficina Anticorrupción: es un ex socio de Cúneo Libarona
Además de su cercanía con Cúneo Libarona, Melik en la década de los 90’ fue el letrado defensor de Guillermo Coppola en la causa del “famoso jarrón” con droga “plantada” contra Diego Maradona.
El escándalo del jarrón dio nacimiento a los reality shows en Argentina. Lo impuso Mauro Viale, el padre de Jonatan Viale, y consolidó a la vida real como parte del espectáculo de la televisión.
También se convirtió en el primer caso en el que dos desconocidas pasan a ser las personas más famosas del país. Se trató de Samanta Farjat y Natalia Denegri, testigos de identidad reservada, cuyos nombres sabían todos, en una causa escandalosa. Aparecían en televisión a cada rato y hablaban hasta por los codos. Protagonizaron incidentes y peleas desmedidas siempre frente a una cámara (no había celulares). Rondaban los veinte años.
El alboroto que las tenía como protagonistas era un estrafalario proceso judicial por drogas contra el empresario Guillermo Coppola, representante entonces de Diego Maradona, una causa que convertía en grotesco todo lo que tocaba. El 9 de octubre de 1996 se había encontrado 406 gramos de cocaína de bajísima pureza en un jarrón del departamento de Coppola en la Capital Federal.
El juez federal de Dolores, Hernán Bernasconi, lo mandó arrestar y permaneció 97 días en prisión. La investigación judicial resultó ser falsa y, en consecuencia, la droga plantada. Todo fue declarado nulo porque la acusación había sido “inventada” en el juzgado. Coppola fue absuelto y Bernasconi destituido y preso.
Melik, que fue secretario penal de un juzgado y socio del estudio del flamante titular de la cartera de Justicia, deberá analizar las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo e investigar su accionar para denunciar una posible corrupción.
