Detrás del discurso liberal libertario de Javier Milei pueden verse los reclamos históricos de grandes grupos económicos y empresas que inmediatamente salieron a apoyar las medidas que, en nombre de la libertad y la competencia, desampara a consumidores y pymes y avanza sobre la organización gremial y derechos de las y los trabajadores.
Es por eso que a nadie debiera sorprenderle los apoyos al DNU. Entre ellos, puede citarse el comunicado de AEA (Asociación Empresaria Argentina), quienes valoraron “muy especialmente, que el gobierno se disponga a tomar medidas que permitan el más pleno desarrollo del sector privado”, el cual, según consideran, se ha encontrado “sometido por años a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una elevadísima presión tributaria, a restricciones arbitrarias en materia de comercio exterior, y a amenazas como la Ley de Abastecimiento”.
Otro que festejó el Decreto fue Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, quien en su cuenta de Twitter señaló: “Te mintieron durante 80 años, ayer te dijeron toda la verdad en 10 minutos”, adjuntando el link del video de la cadena nacional del Presidente.
Como señala la nota de Alfredo Zaiat, en Página/12, cada capítulo del DNU redactado por Federico Sturzenegger y apoyado por Milei, tiene nombre y apellido.
A continuación, los principales beneficiarios:
Arcor, Molinos, Procter & Gamble, Unilever y otras grandes compañías locales y extranjeras de consumo masivo: derogación de las leyes de Abastecimiento, de Góndolas y del Observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios.
Las grandes cadenas de supermercados (Coto, Carrefour, Jumbo, Disco): derogación de las leyes de Góndolas y del Régimen para la actividad comercial de supermercados (elimina así la equiparación de sus trabajadores al resto que lo hace en la actividad comercial, fomentando así la explotación laboral y avanzando sobre derechos del trabajador).
Bancos privados nacionales y extranjeros: deroga el artículo de la ley que le daba exclusividad al Banco Nación de recibir los depósitos judiciales, como así también los fondos en dólares de organismos estatales. Además se impulsa la privatización del Banco Nación. Se libera la tasa de interés de las tarjetas de crédito.
Grupo Clarín y La Nación: deroga la ley que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diario.
Empresas administradoras de tarjetas de crédito (Visa, Mastercard): aumento de las comisiones a los comercios para operaciones de débito y de crédito, y se elimina el tope de punitorios a los morosos.
Establecimiento Las Marías (familia Navajas Centeno) y otras firmas yerbateras: el Instituto Nacional de Yerba Mate pierde la facultad de poder acordar el precio de la materia prima de forma semestral intermediando entre los productores y la industria.
Ledesma (familia Blaquier): Se deroga el artículo 156 de la ley 18.770 sobre el régimen de entregas de azúcar para consumo de mercado interno.
Farmacity: se modifica la ley 17.565 de la actividad farmacéutica al desregular la actividad.
Swiss Medical, Galeno y el resto de prepagas: se libera la fijación del precio de la cuota mensual, y se establece que la diferencia de precios por edad del afiliado puede llegar hasta tres veces la cuota entre la primera y la última franja etaria. El Estado deja de fijar aranceles mínimos a los prestadores y las prepagas podrán definirlos sin control, por caso, a los médicos de las respectivas cartillas. Se dispone la libre competencia con las obras sociales de los gremios.
Laboratorios nacionales (Roemmers, Elea, Gador, entre otros) y extranjeros (Bayer y otros): se deroga la Ley 27.113 que declara de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos.
Grandes inversores extranjeros: se deroga el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.
Compañías aéreas comerciales extranjeras y de low cost (Flybondi, JetSmart): se impulsa la privatización de Aerolíneas Argentinas al mismo tiempo que se dispone la apertura del mercado «cielos abiertos».
Mercado Pago (Mercado Libre): se habilita el pago de los salarios (cuentas sueldo) a través de cuentas de billeteras virtuales (con CVU), una prestación que la legislación hasta ahora reservaba con exclusividad para las cuentas bancarias (con CBU).
Empresas de telecomunicación (Grupo Clarín, Claro de Carlos Slim, DirectTV del grupo Werthein, Movistar-Telefónica, Starlink-Elon Musk): se modifica el artículo 45 de la Ley Audiovisual y elimina la limitación de la cantidad de licencias de radio y televisión a nivel nacional. Se elimina la restricción en materia de propiedad cruzada como la imposibilidad de tener canales y radios a empresas de televisión satelital (favorece a DirectTV).
Socios o amigos de Macri (capitales de Qatar y Arabia Saudita): se modifica la Ley de Sociedades que les permite a los clubes de fútbol convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
Además de quienes ganan con este modelo económico, se atenta contra los derechos laborales de las y los trabajadores, se afecta el derecho de huelga al declarar “servicios esenciales” y se fomenta el empleo no registrado y la precarización del trabajo.
La redacción del DNU, según consigna La Nación, contó con el asesoramiento de estudios jurídicos de las corporaciones (Bruchou & Funes de Rioja, entre otros). Se modifican de forma profunda diez leyes laborales, algunas de ellas en varios artículos, como la Ley de Contrato de Trabajo. Entre otras cuestiones, reglamenta el derecho de huelga en forma restrictiva y otorga amplias facultades a los empleadores para despedir con causa a trabajadores que participan en medidas de fuerza.
Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA y de la Copal (cámara de la industria de alimentos), tuvo un diálogo incómodo en el programa de Ernesto Tenembaum, en Radio con Vos, diciendo que él no tuvo nada que ver con la redacción del DNU y que sus hijos están al frente del estudio jurídico.
El reciente informe de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo señala que «estamos frente a la más profunda amenaza a las instituciones y los derechos laborales desde la última dictadura militar». Explica que a partir de 1976 se había reconfigurado las relaciones laborales con una pronta modificación de la Ley de Contrato de Trabajo (sancionada en 1974), la anulación de los convenios colectivos de trabajo, la determinación por decreto de los incrementos salariales atados a la productividad y la prohibición de la huelga junto con toda actividad sindical.
Los investigadores de Cetyd-Eidaes-Unsam indican que desde la dictadura nunca había habido una amenaza de este tipo: ni las reformas de flexibilización aprobadas durante el menemismo, ni la Ley Banelco de la Alianza, ni siquiera el intento frustrado de reforma laboral que había intentado promover el macrismo habían ido tan lejos. «Este es el intento más acabado de refundación laboral en Argentina desde la dictadura», sentencian.
Los objetivos del DNU Milei en materia laboral buscan alentar la creación de empleos baratos, de menor calidad, más inestables y temporales, profundizar la informalidad laboral, legalizar el fraude laboral y precarizar el trabajo asalariado registrado. Para ello, busca consolidar estas transformaciones mediante el debilitamiento de los sindicatos y de la negociación colectiva, para hacer irreversible una distribución regresiva del ingreso. (Fuentes: La Nación – Página 12).
