El diputado nacional de Propuesta Federal, Martín Ardohain, se refirió a través de la red social X a la falta de información sobre si hay personas cobrando planes Potenciar Trabajo y a, su vez, son empleados del estado provincial.
“¿La Pampa S/D ? El gobierno provincial tiene la obligación de informar, si existen empleados públicos cobrando el plan #PotenciarTrabajo”, señaló el legislador.
¿ La Pampa S/D ?
El gobierno provincial tiene la obligación de informar, si existen empleados públicos cobrando el plan #PotenciarTrabajo https://t.co/kwkJq4MXGN pic.twitter.com/pDPAplvfxY— Martin Ardohain (@catoardohain) December 25, 2023
La referencia tiene que ver con la investigación que realiza la justicia federal, donde ya se acreditaron que más de 8.000 beneficiarios de todo el país, son empleados provinciales.
En el caso de La Pampa, no hay datos disponibles, junto con otras 13 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no respondieron los requerimientos de la Justicia a pesar de dos intimaciones que recibieron por parte del fiscal Marijuan.
Las provincias son las siguientes: Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Cabe recordar que, según explicó el portal Infobae, el fiscal federal Guillermo Marijuan acreditó la identidad de al menos 8.535 empleados de 10 provincias que son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, hecho que es incompatible. El funcionario judicial solicitó en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Hasta ahora solo diez distritos respondieron. Los otros fueron intimados por segunda vez.
Marijuan los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
