Siete mil trabajadores y trabajadoras estatales fueron despedidos por el Presidente de la Nación durante las fiestas de Navidad. La semana pasada, tras la difusión del decretazo, avisó que “hay mucho más”. El ajuste lo sigue pagando la clase trabajadora.
Con la firma del presidente Javier Milei este martes por la madrugada fue publicada en el Boletín Oficial el Decreto 84/2023 que confirma la baja de empleados públicos que ingresarán a partir del 1° de enero de 2023. Además, el Poder Ejecutivo revisará la situación de los trabajadores del Estado que están en funciones desde antes de esa fecha.
El artículo 1° establece que “las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas” .
De esta manera, se abarca a los empleados transitorios “y de toda otra modalidad de contratación que concluye al 31 de diciembre de 2023″, de toda la administración nacional, así como también de los entes públicos, incluidos, por ejemplo, la ANSeS, el PAMI y la AFIP.
La decisión alcanzaría a cerca de siete mil empleados de distintas áreas del Gobierno. Son excluidos únicamente aquellos que cumplen funciones en empresas o sociedades estatales, también quedarían exceptuados los trabajadores contratados en el último año por ley de cupo trans y discapacitados y quienes se incorporaron a la planta permanente como parte del proceso de normalización que impulsó la administración del expresidente Alberto Fernández en acuerdo con UPCN y ATE.
Hasta el momento, la devaluación del 110 %, la inflación creciente, los despidos y la desregulación que quita derechos laborales, deja desamparados a las y los inquilinos, modifica Códigos de Fondo, entre otras de las varias medidas surgidas del decretazo, lo sigue pagando la clase trabajadora.
La casta, esa que debía tenerle miedo, festeja cada una de las medidas económicas del Presidente de la Nación.
