Un juzgado Federal de San Juan habilitó el inicio en enero al análisis de una presentación realizada por un grupo de abogados de esa provincia contra el decreto desregulador del Presidente.
El Juzgado Federal de San Juan habilitó la feria judicial para el tratamiento de la acción judicial por un grupo de abogados de esa provincia contra el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei.
El amparo fue presentado el 29 de diciembre en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Eliana Rattá. Con el aval de la jueza para su tratamiento en el mes de enero, la Justicia puntana podrá analizar el reclamo a pesar del receso de los trabajadores judiciales.
La magistrada autorizó el reinicio del trabajo en los tribunales sanjunaninos «atento a lo solicitado, de modo excepcional y en virtud de las circunstancias propias del caso».
«Además pedimos que no se tramite como un amparo colectivo, sino como particular de un grupo de afectados, entre ellos inquilinos y trabajadores formales e informales que, desde hoy, ven sus derechos en peligro», señaló el abogado Felipe Molina Rojo, ligado al frente Patria Grande, en declaraciones al portal Tiempo de San Juan.
Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia de la Nación había aceptado el pasado viernes analizar la constitucionalidad del DNU de Javier Milei, pero advirtió que lo haría al regreso de la feria judicial de verano, en febrero próximo.
La decisión del máximo tribunal responde al pedido del Gobierno de La Rioja, que solicitó este viernes que se declare la «inconstitucionalidad manifiesta» del DNU 70/2023 de desregulación económica, y que dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación y que asuma la «competencia originaria» para entender en el asunto.
La Rioja lo hizo a través de una «acción declarativa de certeza» presentada por el gobernador Ricardo Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra.
Además, se reclamó al máximo tribunal del país que habilite la feria judicial de enero que inicia la semana próxima para resolver la causa, en el primer planteo que llega de manera directa a la Corte contra el decreto del Gobierno de Javier Milei que empezó a regir desde hoy.
En la «acción declarativa de certeza» se pidió que se declare «la nulidad absoluta e insanable del decreto n°70/2023 por resultar manifiestamente contrario a la Constitución» y que de manera inmediata «se dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos».
También se pide a la Corte que ordene al Poder Ejecutivo «no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa».
