Por el momento, el Gobierno se mantiene intransigente en su postura de no negociar la letra de la ley, ni dividir su contenido como le propone la oposición.
El proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los Argentinos comenzará a ser debatida este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados con la presencia de ministros y funcionarios de la primera plana del Gobierno, que defenderán la iniciativa que aplica severas reformas de desregulación económica y reforma del Estado.
En el marco del período de sesiones extraordinarias, el presidente de la comisión de Legislación General (cabecera del debate), Gabriel Bornoroni, convocó a una reunión conjunta con Presupuesto y Hacienda (que preside José Luis Espert) y Asuntos Constitucionales (que encabeza Nicolás Mayoraz) para este martes a las 14 hs en la Sala 2 del edificio anexo C.
Será la primera de dos jornadas muy extensas previstas para esta semana: la segunda está convocada para este miércoles de 9 a 20 hs.
Para este martes, está confirmada la exposición del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, mientras que el jueves asistirá la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que asistirá junto a su equipo de secretarios de Estado. Cada funcionario disertará y responderá por tres horas cada uno.
Otros funcionarios de alto rango que podrían concurrir el miércoles, según pudo averiguar NA de fuentes de la presidencia de Diputados, son Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Ferraro (Infraestructura), y Florencia Misrahi (AFIP).
Hasta las 20 hs de este lunes hubo tiempo para que los legisladores de las distintas fuerzas les hagan llegar a los distintos funcionarios sus preguntas sobre los diversos temas que contiene el voluminoso proyecto de ley ómnibus, de 664 artículos y 183 páginas, más los anexos.
«Se viene un clima de discusión. Va a haber gente a la cual preguntarle, cosa que hasta ahora no hubo», señalaron altas fuentes de presidencia de Diputados en diálogo con la prensa parlamentaria.
Por el momento, el Gobierno se mantiene intransigente en su postura de no negociar la letra de la ley, ni dividir su contenido como le propone la oposición dialoguista, integrada por el PRO, la UCR y Hacemos Cambio Federal. En esta pecera están los votos que el oficialismo necesita para aprobar la ley ómnibus.
A priori, La Libertad Avanza busca aprobar todo el paquete de 664 artículos a libro cerrado, aunque el presidente Javier Milei abrió una pequeña hendija al diálogo al deslizar que aceptaría «sugerencias» para mejorar la normativa.
«Por ahora desde los dos lados muestran mucha dureza para no ceder terreno pero después va a haber una negociación. Siempre funciona así», admitieron las fuentes consultadas de presidencia de Diputados.
El sector de la oposición moderada que antes formaba parte del extinto Juntos por el Cambio se muestra abierto a colaborar con el oficialismo pero bajo la condición de que se acepte dejar de lado temas polémicos con los que no hay ninguna posibilidad de acuerdo.
«No vamos a dar un cheque en blanco», es el latiguillo que repite este abanico «opositor».
«Ahora todos se rasgan las vestiduras, pero durante años se votaron cosas sin modificar ni una coma», se quejaron desde La Libertad Avanza por los «peros» que ponen las fuerzas políticas que tienen la llave para destrabar la aprobación de la iniciativa.
Los siguientes son los puntos principales del proyecto de ley enviado por el Gobierno al Parlamento:
-Se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
-Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.
-Delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en las materias a las que se declaró en emergencia.
-Se ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica 70/23 que firmó el presidente Javier Milei la semana pasada.
-Se pide autorización para privatizar 41 empresas públicas entre las que figura Banco Nación, YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas y la agencia de noticias Télam.
– Se suspende la fórmula previsional utilizada para actualizar los haberes de los jubilados y se establece que el Gobierno dará aumentos por decreto.
-Se establecen sanciones de prisión para los organizadores de protestas que corten calles o rutas o obstaculicen el espacio público.
-También tendrán penas quienes generen disturbios y daños durante las manifestaciones, siempre que no estuvieren previstos en otros tipos penales.
-Se concentra en un solo régimen el sistema nacional de contrataciones públicas.
-El proyecto establece criterios para la transparencia en las concesiones, los mecanismos de monitoreo, arbitraje y extinción de las concesiones.
-Los empleados públicos que realicen protestas sufrirán el descuento en sus salarios.
-Se prevén los instrumentos legales para llevar adelante la reorganización de la Administración Pública nacional y se habilita a eliminar reparticiones cuya finalidad replica la de otros organismos o incluso de la justicia, como el INADI.
-Se dispone el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.
-Se propone la eliminación de las Paso y las primarias las tendrá que hacer cada partido político.
-Se propone la eliminación de las listas sábanas estableciendo un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uninominales.
-Se propone que, para el financiamiento de las campañas, los partidos políticos deberán crear una cuenta corriente única por distrito en donde se deberán depositar los fondos del partido político.
-Se establece un sistema de regularización de las deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social vencidas al 30 de noviembre de 2023.
-Se propone un blanqueo de capitales donde se podrá realizar sin costo para los primeros 100 dólares y sobre habrá un alícuota sobre el excedente según cual fuera la fecha de exteriorización.
-Se reforma el impuesto de bienes personales y se establece una unificación de la cuota cualquiera fuera la ubicación de los bienes.
-Se establece las alícuotas para las retenciones agropecuarias y allí se impone un 33 ciento sobre los derechos de exportación a la soja.
-Se establece el libre comercio internacional de hidrocarburos y se prohíbe la intervención o la fijación de precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción
-Se modifica la ley de Biocombustibles para permitir libre comercio de biocombustibles, en términos de precio y aprovisionamiento.
-Se unifican los Entes Reguladores del Gas y la Electricidad para el control de las empresas concesionarias y licenciatarias de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.
-El proyecto establece transferir en enero del 2025 el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Se transfiere a la Ciudad de Buenos Aires la justicia con competencia local, que hoy sigue bajo la justicia nacional.
-Se propone que el Poder Judicial y el Poder Legislativo tengan también una Oficina Anticorrupción, que actualmente alcanza sólo al Poder Ejecutivo.
-Se establece que los alumnos de la secundaria deberán rendir un examen integrador al finalizar la educación secundaria.
-Se instaura un proceso de evaluación continua de los docentes y se eliminan las restricciones a la educación a distancia.
-Se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior.
-Se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes.
-Se introduce el concepto de divorcio simplificado para aquellos que forman parte del acuerdo entre las partes al admitir la simple inscripción en el registro civil.
-Se limita el sistema de subsidios al 50 por ciento de la producción en el INCAA ya que se establece que el beneficiario debe tener financiamiento equivalente al solicitado al Instituto.
